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Este jueves 19 de septiembre, la familia Anzola atravesará los fríos pasillos de Medicina Legal para escuchar de boca de sus funcionarios la noticia que ya le confirmó la Fiscalía, en privado, hace unos días: que los restos de Gloria Anzola de Lanao fueron encontrados. Con ella, son seis las víctimas del Palacio de Justicia, de un listado de 11 personas que habrían sido sometidas a desaparición forzada, cuyas osamentas son halladas más de tres décadas después del asalto a la sede máxima de la justicia en 1985. “Qué triste: nos queda para siempre la incertidumbre de no saber cómo murió”, le dijo a este diario Juan Francisco Lanao Anzola, su único hijo.
De Anzola no hay vértebras dorsales, costillas ni pies, y la familia que lloró en su tumba hasta ayer fue la de María Janeth Rozo, una magistrada auxiliar de la Corte Suprema a quien enterraron en el Cementerio Jardines del Recuerdo. Allí mismo yacen desde hace varios años Rómulo Anzola y Bibiana Mora, quienes murieron sin entender cómo fue que su hija salió el 6 de noviembre de 1985 hacia el centro de Bogotá para no volver nunca más. De la ubicación de Rozo hay pistas, pero, hasta ahora, ninguna certeza. Situación que se ha repetido con frecuencia en los últimos años con víctimas del Palacio que, se creía, habían recibido ya la cristiana sepultura.
El protocolo de necropsia de la época del holocausto muestra que los restos que supuestamente pertenecían a Rozo los identificó su esposo por “un vestido rojo de poliéster y (un) brasier”, y fueron entregados a un tío de ella el 8 de noviembre de 1985. “O sea que mientras mis abuelos, mis tíos y mi padre buscaban a mi mamá por cielo y tierra, a ella la estaban velando en la funeraria La Candelaria”, reclama Juan Francisco Lanao. Él tenía menos de 2 años cuando su madre, una abogada de 33 años, pasó por una guardería del centro de Bogotá a dejarlo a las 10:50 a.m. y de allí tomó rumbo hacia el Palacio de Justicia, como lo hacía todos los días.
En la máxima sede judicial, Gloria Anzola parqueaba su carro en el espacio de su tía, Aydeé Anzola –la primera mujer magistrada del Consejo de Estado– para salir hacia su oficina. Pero el 6 de noviembre de 1985, hacia mediodía, el M-19 entró por el sótano del Palacio, mató a dos guardias y se tomó el edificio. Anzola tenía un almuerzo al que nunca llegó; su carro quedó intacto a pesar de la conflagración. Su necropsia no indica en qué piso encontraron su cuerpo: un recordatorio más del caos que incrementaron los jueces de instrucción penal militar al ordenar que los cadáveres se juntaran y que se lavara el edificio apenas la retoma militar terminó.
¿Fue o no fue desaparecida?
En los casos de las 11 personas del Palacio de Justicia que la Corte Interamericana reconoció como posibles víctimas de desaparición forzada, este es el interrogante mayor. Y la respuesta no se da fácilmente. En general, reclaman los abogados de las víctimas, las indagaciones de la Fiscalía para establecer en qué circunstancias murieron aquellos cuyos restos ya han sido hallados han sido escasas y débiles. Por ende, no permiten concluir a ciencia cierta qué pasó con ellos, si salieron con vida de la toma y retoma del Palacio, si estuvieron bajo custodia militar. “La Fiscalía no ha movido un dedo en esa dirección”, resumen los litigantes.::Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia::
Los fallos que ya hay sobre el tema dan algunas pistas. En 2010, el coronel (r) Alfonso Plazas Vegas fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas –entre ellas Gloria Anzola– que, analizó el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, habrían sido catalogados como “especiales” o “sospechosos” por unidades militares. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció la responsabilidad de Plazas Vega en la desaparición de solo dos personas: Irma Franco (del M-19) y Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería. De resto, el Tribunal pidió a la Fiscalía avanzar en la investigación de lo “realmente ocurrido”.
El coronel (r) Plazas Vega finalmente fue absuelto por la Corte Suprema en 2015, pues esta concluyó que en su caso no existía “la prueba que (permitiera) arribar a la certeza acerca de (su) responsabilidad penal”. Aun así, en su proceso quedaron consignados ciertos hechos que aún hoy, después de saber que a Anzola la encontraron, en su familia despiertan enormes dudas. Por ejemplo, las llamadas que recibieron tanto su esposo, Francisco Lanao Ayarza, como su hermano, Óscar Anzola Mora. Al primero le dijeron que “no insistiera con la preguntadera”. Al segundo, que si él y su familia “debían quedarse callados”.
En ese proceso también quedó consignado un dato que el propio hijo de Anzola confirma: que mientras a personas como Carlos Rodríguez o Irma Franco hay testigos –que siguen con vida- que los vieron salir del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, de la abogada no hay videos ni fotografías que indiquen lo mismo. “Mi papá era floricultor. Ese día, él salió muy temprano, así que no la vio vestida al irse. La hermana de mi abuelo, Aydeé, dijo que tampoco la vio en el Palacio. Entonces, nadie de mi familia sabía qué ropa tenía ella el día de la toma”, cuenta Juan Francisco Lanao Anzola.
El otro alto oficial que en principio fue condenado por la desaparición forzada de las 11 personas que reconoció la Corte Interamericana es el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 en 1985. En segunda instancia, no obstante, el Tribunal Superior de Bogotá admitió la responsabilidad de Arias Cabrales sobre la desaparición de cinco personas, sin Anzola en el listado. En los demás casos, pidió a la Fiscalía perfeccionar su investigación. Aunque sobre ella, en particular, reza la sentencia: “No hay fuente de información, testimonial o documental, que la señale como salida viva del Palacio”.
::“No tengo odio, pero sí pido justicia", dijo Juan Francisco Lanao Anzola::
Un anuncio esperado
El pasado 27 de agosto, una semana antes de que la Corte Interamericana llegara a Colombia para sesionar sobre varios asuntos (entre ellos, un seguimiento al fallo del Palacio de Justicia), la Fiscalía salió con una sorpresiva postura: “Los hallazgos que Medicina Legal, junto con la Fiscalía, ha alcanzado en estos últimos cinco años, nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, fueron casos de malas identificaciones (…) es decir, estas 11 personas que supuestamente habían sido desaparecidas, realmente habían sido era mal entregadas o mal identificadas en el año 1985”, dijo ante cámaras de Noticias Caracol uno de los fiscales del caso.La Fiscalía planeaba presentar esas conclusiones ante la Corte Interamericana el 6 de septiembre, en referencia a los entonces seis cuerpos hallados de la lista de los 11 desaparecidos forzadamente. “Estas víctimas no fueron privadas de la libertad ni sus cuerpos ocultados y en ningún momento existió negativa respecto a reconocer dicha privación, ya que estos fueron mal identificados y sus restos fueron encontrados en los de otras de las víctimas”, reiteraron voceros de la Fiscalía. “Para ese momento hubo deficiencias frente a la identificación, sí, deficiencias que estamos corrigiendo”, agregó la directora de Medicina Legal, Claudia García.
Las declaraciones, como era de esperarse, levantaron polvareda. Los abogados de las víctimas las rechazaron de inmediato, recusaron a los funcionarios que salieron a hacer esas afirmaciones en público y aseguraron que tales palabras desconocían 34 años de investigaciones. El asunto causó tal revuelo que Medicina Legal tuvo que salir con un comunicado a aclarar que “con los resultados científicos obtenidos hasta este momento nunca ha negado o dado resultados que nieguen la existencia de la desaparición forzada en la toma del Palacio de Justicia”. Y a la Fiscalía, ante la Corte Interamericana, le tocó recorrer el mismo camino en reversa.
Fue en ese espacio donde los representantes del ente investigador anunciaron que se habían hallado los restos de otro de los 11 desaparecidos. De la Fiscalía venían buscando con insistencia a Juan Francisco Lanao Anzola y por eso, al escuchar el anunció, él intuyó por qué querían hablar con él: “Mi abuela murió preguntando por mi mamá. Esta también va a ser la oportunidad de conocerla, es una diferencia enorme entre hacer duelo de una desaparición forzada y poder verla de forma tangible, así sea en estas circunstancias. Pero, sea lo que sea, no tenemos duda de que en Palacio se dieron desapariciones forzadas y de torturas. Eso está claro”.
::Fiscalía terminó retractándose: sí hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia::
En noviembre de 2014, la Corte Interamericana del Palacio de Justicia pidió a Colombia seguir investigando hasta dar con el paradero de las personas que, como Anzola, podrían haber sido sometidas a desaparición forzada. Este, además, no fue el único grave crimen que se cometió en el marco de la toma y retoma de la sede máxima de la justicia colombiana. El mismo fallo cuenta las torturas y detenciones arbitrarias de que fueron víctimas dos estudiantes del Externado y dos hombres más que estaban dentro del Palacio, acusados todos por el Ejército de ser guerrilleros. Y la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán.
En resumen, lo que ocurrió en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 fue una barbarie que, 34 años después, es aún una herida abierta. Familiares de las otras personas cuyos restos se han identificado (Cristina Guarín, Héctor Jaime Beltrán, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán) alegan que la Fiscalía no ha hecho investigaciones serias para esclarecer qué pasó con ellos durante y después del holocausto. La Fiscalía, por su parte, se defiende diciendo que ha hecho todo por dar con los restos de los desaparecidos. Pero ubicarlos, está demostrado, no resuelve todos los interrogantes.