Imputan cargos por corrupción en la Unidad de Víctimas

A siete personas, entre ellas el director territorial de la entidad, Jorge Mario Alzate, los procesarán pro los delitos de concierto para delinquir, cohecho, acceso abusivo a sistema informativo, violación de datos, peculado y falsedad material en documento público

Redacción Judicial
29 de noviembre de 2016 - 03:31 a. m.
Jorge Mario Alzate, director territorial en Antioquia. / El Colombiano
Jorge Mario Alzate, director territorial en Antioquia. / El Colombiano

Desde el pasado viernes, la Fiscalía adelanta las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el director territorial de la Unidad de Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate, y seis personas más que estarían implicadas en una red que cobraba ilegalmente subsidios de víctimas. Según la investigación, el modus operandi era ubicar a las víctimas, engañarlas, suplantarlas y luego apropiarse del pago de las reclamaciones que hacía la entidad para repararlas.

Entre los capturados hay otros tres funcionarios y exfuncionarios de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, un expersonero del municipio de Granada que trabaja en la Procuraduría de Sabaneta, un empleado del Banco Agrario y un contratista de la región. El operativo para desarticular esta red estuvo a cargo de la Dijín de la Policía y la Fiscalía, que desde octubre de 2015 empezaron a seguirles el rastro a una serie de pagos irregulares por ayudas humanitarias que reportó la misma entidad.

“Dentro de la estrategia Bolsillos de Cristal la Fiscalía y la Dijin capturaron a siete personas, entre ellos dos funcionarios y dos exfuncionarios de la Unidad de Víctimas, un gerente del Banco Agrario, un ex personero y un contratista del Estado. Se apropiaban de dinero de la Unidad de Víctimas a través de cédulas y cupos números que no aún no habían sido expedidos por la Registraduría Nacional. También, falseaban documentos para solicitar dineros que pertenecían a las víctimas del conflicto”, precisó la directora de Fiscalías Seccionales de Medellín, Claudia Carrasquilla. 

Las autoridades señalaron que, luego de que la Unidad de Víctimas colaborara con la entrega de información, se logró establecer que se efectuaron once pagos a supuestas víctimas por un monto de $232 millones. Al parecer, el desfalco consistió en alterar los formatos y bases de datos de la entidad para ingresar la información de las supuestas víctimas y permitir que se desembolsaran los pagos a una serie de cuentas de ahorros que habían creado en el Banco Agrario. La mayoría de esos giros se hicieron en los municipios de Medellín y Santuario.

Las alarmas por este episodio no sólo se prendieron porque se trataba de un acto de corrupción en el interior de la Unidad de Víctimas y que ponía en riesgo los recursos destinados para ayudas humanitarias dirigidas a población vulnerable, sino que el 20 % del total de víctimas a nivel nacional se encuentran en Antioquia. Es decir, las autoridades precisaron que su objetivo fue evitar futuros desfalcos en una de las regiones que más recursos recibe para reparar a las víctimas.

Para la Fiscalía y la Dijín era claro que los directivos de la Unidad de Víctimas eran quienes tenían acceso a la información de los reclamantes. Tras recopilar esos datos privados, se los enviaban a personas que trabajaron en campo con algunas de las víctimas —como el caso del expersonero— para que las contactaran, pudieran acceder a sus documentos, los falsificaran y luego los suplantaran para quedarse con el dinero que les entregaban producto de la reparación.

La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, acceso abusivo a sistema informativo, violación de datos, peculado y falsedad material en documento público. Por medio de un comunicado, la Unidad de Víctimas, además de reiterar su compromiso en colaborar con las autoridades, pidió respeto al debido proceso y al principio de la presunción de inocencia.

Además, la Unidad de Víctimas señaló que desde el 2013 adelanta una estrategia junto con la Fiscalía y la Dijín para agilizar la investigación de 1.044 denuncias por fraude y corrupción, con el fin de evitar que se vuelva a victimizar a quienes sufrieron los estragos de la guerra. En lo corrido de 2016 han sido capturadas 19 personas que han estado vinculadas a estos hechos, entre tramitadores y funcionarios de varias entidades territoriales de la Unidad de Víctimas.

Por Redacción Judicial

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