Ante el juez cuarto de garantías, el exsubdirector General de Infraestructura del IDU, Luis Eduardo Montenegro manifestó su intención de entregar información clave sobre el escándalo del llamado carrusel de la contratación en Bogotá, aunque se declaró inocente de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y prevaricato por omisión que le imputó la Fiscalía.
Durante la diligencia judicial, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema señaló que Montealegre habría dado su aval para que se entregaran de manera irregular multimillonarios contratos en la capital de la República a empresas que no cumplían con los requisitos.
Según la Fiscalía entre junio de 2009 y agosto de 2010 el exfuncionario permitió, aparentemente, la celebración de 11 contratos relacionados con la malla vial de Bogotá y la fase III de Transmilenio sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, ya que eludió el proceso licitatorio, violando la transparencia y la rectitud de las normas estipuladas.
Durante la audiencia, el imputado no aceptó los cargos endilgados pero expresó su deseo de lograr un principio de oportunidad con la Fiscalía, y se comprometió a suministrar entregar la información requerida en desarrollo de la investigación.
Ante esto, el fiscal González solicitó al juez anular la petición de medida de aseguramiento, para recibir las declaraciones del imputado y evaluarlas para estudiar el principio de oportunidad, lo que fue aceptado por el funcionario judicial.
Por su parte, la Fiscalía le imputó cargos a María Clemencia Cantini Ardila, exdirectora de Gestión Estructural del IDU, por su responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión.
De acuerdo con la investigación, la entonces funcionaria omitió la normativa establecida para la contratación de obras de la malla vial de Bogotá y la tercera fase de Transmilenio, entre los años 2009 y 2010.
Cantini Ardila aceptó los cargos imputados y su sentencia será dada a conocer en los próximos días por un juez de conocimiento.