Imputarán cargos al gobernador de San Andrés por presuntos hechos de corrupción

San Andrés Islas. / Cristian Garavito - El Espectador

El gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, actualmente suspendido por la Procuraduría; y el gobernador encargado Alain Enrique Manjarrés están en la mira de la justicia. ¿La razón? Su supuesta participación en la desviación de más de $2.000 millones en un contrato de apoyo logístico para la entidad.

Según la Fiscalía, el contrato habría sido adjudicado a una fundación ‘fantasma’, que en el papel acreditaba la experticia para ejecutar las labores contratadas, pero de la que, al parecer, se desconocen detalles de su real funcionamiento y experiencia. (Le puede interesar: Suspenden por tres meses al gobernador de San Andrés por crisis en hospital público)

Por esa razón, la entidad anunció que imputará a ambos funcionarios los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros. La diligencia de formulación de cargos se cumplirá ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

El gobernador Housni Jaller fue suspendido por la Procuraduría, la primera vez, por tres meses, por supuestas irregularidades en los servicios en el hospital público del archipiélago, el Clarence Lynd Newball Memorial. Como lo reveló este diario el pasado 15 de abril, existen varios problemas que aquejan este hospital. Uno de ellos es la falta de dinero, pues, en 2017, la IPS Universitaria pidió un nuevo subsidio para llevar a cabo su operación sin contratiempos.

Sin embargo, los costos para operar eran más altos de los que ingresaban del sistema de salud y los saldos daban una notable diferencia entre lo gastado y lo recibido. Los problemas también pasan por la facturación: cobros ilegales a pacientes del Sisbén y dineros faltantes o sobrantes en el cierre de caja y, también, problemas relacionados con capacitaciones de un nuevo software que tiene objetivo controlar los dineros.

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Luego, la Procuraduría suspendió por diez meses al gobernador Jaller, esta vez por irregularidades en la suscripción de un convenio para la celebración del Green Moon Festival que se realizó en septiembre del año pasado. Para la Procuraduría, la Cámara de Comercio, entidad con la que se pactó el convenio, no contaba con la idoneidad para llevar a cabo el evento.