La Fiscalía General le imputará cargos a 17 personas vinculadas a una red de corrupción hacia todo el trámite ilegal para la expedición de permisos irregulares para la movilización de vehículos de carga pesada principalmente en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.
Según el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo la “red” solicitaba estos permisos de circulación presentando documentación falsa ante las autoridades de tránsito con el fin de que les otorgaran nuevas licencias. Con este modus operandi se habría logrado un desfalco al Estado por 70 mil millones de pesos.
“Simulando hurtos, accidentes de tránsito e incluso salidas de país de los vehículos se acercaban esas personas ante inspectores de policía quienes con unos técnicos emitían una certificación con las cuales se acercaban ante las Secretaría de Tránsito Departamentales, posteriormente ante el Ministerio de Transporte y se obtenía dar de baja un vehículo para poder ingresar otros. Liberar un cupo y poder tener otro vehículo en circulación en las carreteras del país”, explicó Perdomo.
Con esto se ponían en circulación dos o tres vehículos más de carga con la misma licencia de tránsito, hecho por el cual estas personas tendrán que responder por la alteración, obtención y divulgación de estos documentos púbicos y privados. Dentro de los procesados se encuentran nueve inspectores de policía de diferentes municipios, un funcionario del Ministerio de Transporte, tres técnicos y varios propietarios de automotores.
“Se encuentran circulando vehículos por las carreteras del país, que primero no cuentan con los permisos y además se encuentran vehículos que no pueden ser objeto de control de las autoridades de tránsito”, explicó el Vicefiscal al indicar que la mayoría de estas actividades delincuenciales se presentaron entre los años 2009 y 2011 en diferentes municipios del norte del país.
Por este hecho de corrupción administrativa tendrán que responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, cohecho propio, prevaricato, peculado por apropiación e enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo la investigación busca establecer la participación de otros funcionarios públicos y dueños de empresas de transporte en estas irregularidades en otros departamentos.
Por su parte el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán manifestó que en los últimos meses se han presentado cerca de 700 denuncias ante la Fiscalía General para identificar e individualizar a otras personas que estarían detrás de esta red de corrupción que se habría extendido a varias regiones del país. “En Colombia el parque automotor de vehículos se encuentra congelado”.
Estupiñán explicó que para poder vincular algunos de estos vehículos reseñados por las autoridades “se han cometido una serie de irregularidades en la documentación que soporta los accidentes y los hurtos. Una persona se acerca a las autoridades y dice: ‘mi vehículo fue hurtado o se accidentó por pérdida total y por lo tanto yo tengo el derecho a ingresar un vehículo nuevo. Cuando estudiamos el caso puntual encontramos que toda la documentación es falsa”.
Mientras que el superintendente de Puertos y Transportes, Juan Miguel Durán aseguró que todo inició por una alarma el aumento de empresas dedicadas al transporte de carga. Al hacer un análisis se pudo determinar que 27 mil de estas no tienen la licencia o habilitación para prestar el servicio mientras que solamente 2.600 tienen sus papeles al día.