Más de dos días duró la imputación de cargos por parte de la fiscal 13 de la Unidad Especializada de delitos contra la administración pública en contra de seis funcionarios investigados por la venta irregular de predios en Cartagena, que en un principio estaban destinados a la reparación de un grupo de personas que resultaron afectadas por la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca.
Durante su exposición, la Fiscalía fue clara en manifestar que este predio de 51.4 hectáreas ubicado en la vía que une al Mamonal con Cartagena fueron vendidos de manera irregular con la complicidad de un juez de la capital de Bolívar, con la aprobación de un notario, una registradora y un grupo de abogados, afectando los intereses de Corelca y de las personas que iban a ser reubicadas.
Sin embargo, la gravedad de este asunto aumenta, puesto que desde 2009, cuando directivas de la Corporación Eléctrica hicieron las primeras denuncias sobre irregularidades procesales para que estas 64 personas fueran reparadas materialmente después de sufrir las consecuencias de la instalación de un cable de alta tensión cerca de sus casas.
Pero el juez, los investigadores y los registradores que fueron designados para adelantar este cargo no cumplieron con sus funciones, y mediante artimañas y omisiones evitaron que la investigación por estas irregularidades continuase su curso.
En este sentido se señala que el entonces juez promiscuo de Mompox, Orlando Luis Puello, incurrió en diversas irregularidades pues omitió resolver a tiempo recursos legales y jurídicos interpuestos por Corelca con el fin de destrabar la entrega de los predios, dictando para ello providencias abiertamente en contra de la ley.
Estas decisiones le dieron vía libre a los otros funcionarios para que de manera irregular se realizara la venta de tierras, muy apetecidas dentro del mercado local de bienes, con un valor estimado en 14 mil millones de pesos.
Entre otra de las propiedades objeto de la investigación se encuentra una isla de 12 hectáreas, la cual hace parte de una reserva forestal, sin embargo esto no evitó que fuera vendida por parte de este grupo de personas.
“Tenían el interés mancomunado de beneficiarse con ese bien y perjudicar a Corelca, la cual fue despojada y por ende no se le permitió cumplir con sus obligaciones con 13 condenas que habían en su contra”, señaló la fiscal haciendo referencia a que todas las sentencias judiciales que favorecían a las consideradas víctimas fueron omitidas y se evitó su obligatorio cumplimento mientras el terreno era vendido.
Entre las personas capturadas el pasado viernes en Cartagena se encuentran el notario décimo de Barranquilla, Álvaro Ariza; la registradora de Instrumento Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el juez primero promiscuo de Monpox, Orlando Puello; el particular, Luis Alberto Ballesteros; el abogado Argemiro Lafont Díaz y el exgerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza.
Estas personas tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, como cómplice de la falsedad del documento público, desde luego en su condición de servidor público, también es coautor del delito por peculado por apropiación.
En las próximas horas la Fiscalía le solicitará al juez que los seis funcionarios sean cobijados con medida de aseguramiento.