Incomodidades de la justicia y de la política

Desde Estados Unidos siguen llegando las piezas procesales del inconcluso expediente 8.000 y del crimen de Álvaro Gómez Hurtado.

Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. / Fotos Archivo - El Espectador
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. / Fotos Archivo - El Espectador

La declaración judicial que el pasado mes de abril entregó William Rodríguez Abadía a dos fiscales colombianos en Estados Unidos, revelada esta semana por La FM de RCN Radio, no sólo revivió la memoria de los escandalosos tiempos del proceso 8.000 en la era Samper, sino que causó revuelo en la Fiscalía, los círculos políticos y el Gobierno. La noticia alcanzó protagonismo en las redes sociales, aunque terminó opacada por los sucesos del presente. Sin embargo, detrás del hecho quedó en suspenso un tema pendiente que puede volverse crisis: el caso Gómez Hurtado.

A pesar de que las confesiones del hijo del extraditado capo del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, apuntaron especialmente a la repartición de US$1 millón para garantizar la absolución de Samper en la Cámara en 1996, o a una gestión similar para asegurar que la reforma que revivió en el Congreso la extradición en 1997 no tuviera carácter retroactivo, lo cierto es que el tema de fondo es el magnicidio de Gómez Hurtado. Un asunto pendiente que en Estados Unidos va encontrando las respuestas que no tuvo en Colombia.

Según conoció El Espectador, con el apoyo de la justicia norteamericana, ya el publicitado testimonio del extraditado capo del cartel del norte del Valle Hernando Gómez Bustamante no es la única pieza que arroja nuevas luces sobre los posibles autores intelectuales y materiales del magnicidio. Son más de 20 aportes, entre testimonios y documentos, los que se han añadido a un expediente que la Procuraduría ha insistido en que se clasifique como investigación de crimen de lesa humanidad, pero que aún en Colombia no cobra fuerza en el ámbito penal.

Con la premura de que el caso no prescriba, la familia Gómez Hurtado sigue insistiendo en que el crimen, perpetrado el 2 de noviembre de 1995, obedeció a una conspiración para encubrir la penetración del cartel de Cali en la dirigencia política y la Fiscalía de la época, y así obtener términos favorables para su sometimiento antes de que la justicia norteamericana concretara acusaciones contra sus cabecillas y sus lugartenientes. Una tesis que ineludiblemente se conecta con los hilos sueltos que quedaron después de que declinó la tempestad del escandaloso proceso 8.000.

No en vano, con el impulso del apoderado de la parte civil, Enrique Gómez Martínez —sobrino del asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado—, desde diciembre de 2012 se abrió una instrucción en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para indagar si cabe alguna averiguación contra el expresidente Ernesto Samper Pizano, relacionada con el magnicidio. La petición apunta a que se ratifiquen o desmientan afirmaciones de alias Rasguño, según las cuales el crimen se dio para evitar que se precipitara un golpe de Estado.

A falta de avances del caso Gómez Hurtado en la Fiscalía, a raíz de las revelaciones que se conocieron esta semana en la propia voz de William Rodríguez Abadía, el fiscal Eduardo Montealegre comentó que la decisión de reabrir o no el proceso 8.000 corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al menos en lo que respecta a algunos aforados. Cabe recordar que en octubre de 2007, cuando el escándalo de la parapolítica ardía en este alto tribunal, su Sala Penal les pidió al Congreso y a la Fiscalía que investigaran al expresidente Samper y a 13 dirigentes políticos.

En esa ocasión, a raíz de un testimonio aportado por el capo del cartel del Norte del Valle Víctor Patiño Fómeque, anexado al expediente contra el entonces senador Vicente Blel Saad, la Corte Suprema de Justicia pidió indagar, entre otros, al exministro y excandidato presidencial Horacio Serpa, al excontralor David Turbay, al exprocurador Orlando Vásquez y a los dirigentes políticos José Guerra de la Espriella e Ignacio Londoño. Según el capo Patiño Fómeque, hubo dineros ilícitos durante el trámite de la reforma que revivió la extradición sin retroactividad.

En otras palabras, la misma historia que ahora se conoce, pero en voz del hijo del capo Miguel Rodríguez. En esa ocasión (2007), la solicitud de la Corte Suprema de Justicia no pasó de la noticia que trascendió a los medios. Ahora es la Fiscalía la que le pasa la pelota a la Corte Suprema de Justicia y le anuncia el envío de copias de sus pesquisas, bajo el argumento de que puede haber aforados. En el fondo, la evidencia es la misma: tanto el proceso 8.000 como el crimen de Gómez Hurtado fueron investigaciones que protagonizaron pero luego se quedaron a media marcha.

La razón es idéntica a la que ahora causa escozor en los círculos políticos y gubernamentales de sólo pensar en la reedición de estas pesquisas. Algunos de los señalados de ayer siguen vigentes en la política, tras bambalinas o prendiendo motores para la próxima contienda electoral. Del expresidente Samper, por ejemplo, nadie duda que sigue activo a través de sus pupilos; o su ministro Horacio Serpa aspira a regresar al Congreso. Basta mirar las listas de los notables que terminaron con autos inhibitorios hace poco más de una década, para ratificar el desgano de la justicia.

¿Pero en qué consisten los testimonios recaudados en Estados Unidos sobre el caso Gómez Hurtado? En primer término, cabe señalar que quien aportó la pista sobre lo que realmente sucedió en noviembre de 1995 fue el extraditado jefe paramilitar José Éver Veloza García, alias HH. En agosto de 2008, antes de su envío a Estados Unidos, declaró que fue el capo del cartel del norte del Valle Orlando Henao quien dio la orden para asesinar al dirigente político. El ejecutor fue el coronel (r) de la Policía Danilo González. La razón: evitar la eventual caída de Ernesto Samper.

Luego fue el capo del cartel del norte del Valle Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien se despachó con su historia. En esencia, ratificó que el coronel Danilo González, quien traficaba droga con la organización, “sicariaba para Orlando Henao” o era muy amigo de Fidel Castaño, fue el hombre que orquestó el crimen de Gómez Hurtado. La persona que llevó al cartel la urgencia de hacerlo fue, según Rasguño, José Ignacio Londoño Zabala, hijo de un excongresista y él mismo exconcejal de Cartago (Valle), cercano al entonces presidente Samper.

El confeso narcotraficante, durante cinco sesiones desde una cárcel en Washington, recalcó que fue testigo de una reunión en la que el jefe paramilitar Carlos Castaño le reclamó airadamente al capo Orlando Henao por el asesinato de Gómez Hurtado y de qué manera el narcotraficante le explicó las cosas. Rasguño agregó que el propio Danilo González —asesinado en 2004 en Bogotá— le comentó que él había hecho la vuelta y que, tomándose unos tragos, Ignacio Londoño le explicó que había sido la forma de evitar la extradición de todos tras un eventual golpe a Samper.

Sin embargo, Rasguño no se quedó en el crimen de Gómez Hurtado. Además aseguró que el cartel del norte del Valle le entregó $3.000 millones a la campaña de Ernesto Samper a la Presidencia y que las pruebas las tenía Ignacio Londoño. Asimismo, que fue el político vallecaucano quien relacionó al capo Víctor Patiño Fómeque con el tesorero de la misma campaña, Santiago Medina Serna, y con el empresario deportivo César Villegas. Después fue el propio Patiño quien se encargó de confesar sus nexos con dirigentes políticos y con funcionarios públicos.

Si se devuelve la película de aquellos tiempos, van quedando en evidencia los hilos sueltos. Cuando estalló el escándalo del proceso 8.000 en abril de 1995 y nueve congresistas fueron señalados en la primera redada de la Fiscalía, al tiempo que el gobierno Samper incrementó la cacería de los grandes capos del cartel de Cali, los del norte del Valle optaron por entregarse. Lo hicieron porque la Ley 81 de 1993 que ayudaron a hacer invitando a congresistas a Cali para discutir con ellos, era preferible a seguir huyendo o exponerse a un desenlace fatal con la Policía.

La discusión de cómo se hizo esa ley fue una deuda de la justicia, lo mismo del imperio de impunidad que montaron en la cárcel Hélmer Herrera, Víctor Patiño, Henry Loaiza, Orlando Henao o Juan Carlos Ramírez Abadía, entre otros. En esas vueltas, en agosto de 1995 surgió un segundo narcocasete con la voz de Ernesto Samper y una misteriosa interlocutora, de quien se supo después se llamaba Elizabeth Montoya de Sarria. Con el tiempo se supo que no sólo estaba casada con un mafioso, sino que tenía estrechos vínculos con los capos del norte del Valle.

En medio de un país polarizado, rumores de golpe de Estado y las presiones de Estados Unidos contra el gobierno Samper, llegó el 2 de noviembre de 1995, día en que el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en Bogotá. La reacción del Ejecutivo fue declarar la conmoción interior. En la agonía de ese accidentado año, Samper fue amparado por un auto inhibitorio propuesto por el representante Heyne Mogollón y a última hora el Congreso hundió un “narcomico” a través del cual un grupo de legisladores buscó dejar sin opción el curso del 8.000.

Ahora, 18 años después de estos hechos, William Ramírez Abadía sostiene que el representante Heyne Mogollón recibió dinero del cartel de Cali. Nunca fue investigado, como tampoco se averiguó por los autores del “narcomico” que se quemó en la puerta del horno. El 22 de enero de 1996 el exministro Fernando Botero Zea rompió su silencio y manifestó que el presidente Ernesto Samper si sabía del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña política. Días después, el fiscal Alfonso Valdivieso denunció al primer mandatario ante la Comisión de Acusación.

Cuando la crisis nacional no daba abasto, el 2 de febrero fue asesinada Elizabeth Montoya de Sarria en Bogotá. Sus inminentes confesiones a la justicia precipitaron su muerte. Los autores intelectuales del crimen quedaron sin castigo. El escándalo siguió su marcha y la Cámara de Representantes emprendió el juicio al presidente Samper por los presuntos delitos de fraude electoral, atentados contra la fe pública, encubrimiento, sobrepaso de topes de gastos, enriquecimiento ilícito y obtención indebida de recursos del Estado. Entre tanto, el 8.000 encarcelaba políticos.

El 9 de mayo, en una sorpresiva decisión, el Consejo de Estado anuló los topes electorales de la campaña presidencial de 1994, con el argumento de que no habían sido publicados oportunamente en el Diario Oficial. Casi todos los cargos contra Samper se cayeron. Un mes más tarde, en junio de 1996, la plenaria de la Cámara absolvió a Samper. De ahí en adelante la crisis fue bajando en intensidad, pero Estados Unidos siguió presionando. Pidió ley de extinción de dominio retroactiva y el Congreso la aprobó. Lo mismo que revivió la extradición pero a partir de 1997.

William Rodríguez Abadía acaba de admitir que también hubo dinero de por medio y que el enlace de la mafia de Cali fue el congresista Jairo Chavarriaga Wilkin, quien fungió como uno de los promotores de la no retroactividad de la extradición. Un año después fue procesado por la justicia y condenado, y en el año 2001 fue asesinado en la capital del Valle. Para esa época, ya el cartel del norte del Valle había renovado a sus capos y entre Diego León Montoya y Wílber Varela precipitaron una cadena de venganzas que sobrevive a través de lo que hoy llaman Rastrojos.

A pesar de los logros del Estado en su lucha contra el delito, hay demasiada historia sin claridad judicial. Un sombrío capítulo de corrupción y de violencia que regresa del pasado cargado de escándalo, pero con pocas intenciones del 8.000 segunda parte. No obstante, como también ha sido constante, es desde Estados Unidos que llegan las pruebas. Esta vez del caso Gómez Hurtado. El fiscal ha dicho que por ahora no hay evidencias de que haya sido un crimen de Estado. Al menos debía intentarse saber quiénes perpetraron el asesinato, así replique en la política.

“Nunca me reuní con William Rodríguez”

Horacio Serpa Uribe fue jefe de debate de la campaña Samper Presidente y luego su ministro del Interior. Al desatarse el escándalo del proceso 8.000, en abril de 1995, la Fiscalía que entonces orientaba Alfonso Valdivieso lo investigó por el presunto delito de encubrimiento y lo absolvió del cargo.

En cuanto a supuestas vinculaciones con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, con quien compartió presidencia en la Constituyente de 1991, siempre ha dicho que se trata de las calumnias de un “criminal redomado”, refiriéndose a alias Rasguño. Es partidario de que el caso sea declarado crimen de lesa humanidad.

Respecto a las recientes declaraciones de William Rodríguez Abadía, el excandidato presidencial Horacio Serpa expresó que nunca se reunió con él y mucho menos en la guarnición militar en la que estuvo detenido el exministro Fernando Botero. Además, aseguró que buscan hacerle daño ahora que quiere volver a ser congresista.

Samper responsabiliza a familia Gómez

Ernesto Samper fue electo como presidente en junio de 1994. Ocho meses después de su posesión estalló el escándalo del proceso 8000, y en julio de 1995 comenzó a ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara. En diciembre de ese año fue amparado por un auto inhibitorio y en junio de 1996 fue absuelto.

A pesar de que se constató la presencia de dineros del cartel de Cali en su campaña presidencial, Samper siempre ha dicho que en 20 años no ha aparecido una sola prueba que enlode su conducta. En cuanto a los señalamientos en su contra por el caso Gómez Hurtado, manifestó que se trata de un carrusel de testigos falsos.

En cuanto a las recientes declaraciones de William Rodríguez, el ex mandatario atribuyó este testimonio y otros más como obra de un investigador privado contratado por la familia Gómez Hurtado, con el propósito de ambientar un proceso en su contra. Hoy existe una denuncia en su contra en la Comisión de Acusación.