En las pesquisas de las autoridades por verificar la versión de los Nule sobre el pago de comisiones al exalcalde Samuel Moreno Rojas y al excongresista Iván Moreno, a través de empresas contratistas del Distrito, la Fiscalía realizó un informe en junio de 2011 en el que esculcaron las cuentas de las empresas involucradas en el carrusel. En el documento se comprueba cómo dinero de obras de Transmilenio y de malla vial circuló por las empresas de los Nule, de la constructora INCA (de Julio Gómez) y Geos Consulting (de Emilio Tapia).
El informe estaba dirigido al magistrado de la Corte Suprema Julio Enrique Socha y la misión fue “efectuar el seguimiento al dinero manejado en las cuentas de los contratos 071 y 072 de 2008, adjudicados a las uniones temporales GTM y Vías de Bogotá, para verificar si salieron casi $4.000 millones con destino a las empresas constructora INCA y Geos Consulting, y de ahí a los hermanos Moreno Rojas, según lo afirmado por Mauricio Galofre”.
En medio de la maraña de transacciones que hicieron estas empresas en 2009, encontraron cómo dinero de las obras terminaron en manos de personas cercanas a los principales contratistas. Un caso que llama la atención es el de Alberto José Elías Vidal, hermano del congresista Bernardo Elías Vidal, quien figura en el reporte recibiendo un cheque por $200 millones de anticipos de la malla vial. El hecho genera suspicacia luego de que El Espectador revelara que el propio congresista gestionó ante el ministerio del Interior un cupo para Emilio Tapia en el pabellón de parapolíticos de La Picota. Por estos ‘oficios’ Elías Vidal enfrenta un proceso en el Consejo de Estado.
Este detalle lo encontraron al verificar las transacciones de la firma Costco Ltda. (también de Julio Gómez). Esta empresa recibió $1.750 millones de la unión temporal Transvial (de los Nule), como anticipo para obras en la fase III de Transmilenio. Sin embargo, de este dinero $700 millones fueron a parar a manos de Geos Consulting; $200 millones a Jesús David Sierra Aldana, primo de Emilio Tapia, y $200 millones para Alberto José Elías Vidal, hermano del parlamentario. A esto se suman otros cheques para Eustorgio Rafael Domínguez ($100 millones) y Juan José Durango Hernández ($100 millones).
Cheques van y vienen
Los investigadores establecieron cómo el consorcio GTM le consignó en marzo de 2009 a la Constructora INCA $2.500 millones como anticipo para un trabajo que nunca desarrolló y luego le cedió a H&H arquitectura. Por su parte, Vías de Bogotá le consignó a Geos Consulting otros $2.500 millones, como anticipos para desarrollar obras relacionadas con la malla vial. A partir de estas consignaciones, los detectives analizaron cada uno de los giros que a su vez hicieron Inca y Geos a diferentes empresas, varias de ellas de Julio Gómez y Emilio Tapia.
Del dinero que recibió la Constructora Inca, esta hizo casi 60 consignaciones en un mes, la mayoría de ellas por concepto de préstamos. Pese a que el anticipo era para las obras de pavimentación en las localidades de Santa Fe, Candelaria, Rafael Uribe y San Cristobal, gran parte de este dinero fue a parar en préstamos para el Consorcio del Hospital de Meissen y de Arkos. Entre las empresas que recibieron consignaciones está Constructores Costco por $327 millones; Consorcio Hospital Meissen por $277 millones; Álex Fernando Páez Molina por $316 millones por préstamos a Arkos y Consorcio Hospitalario, y la constructora Arkos Ltda por $25 millones, todas relacionadas con Julio Gómez. A estos se suman las consignaciones por casi $400 millones a Rogelio Ardila Torres, por supuesta ejecución de obras que supuestamente no se hicieron.
De la transacción que le hizo Vías de Bogotá a la Geos Consulting, ésta realizó casi 40 consignaciones en 20 días. Sin embargo, en el momento del informe no lograron identificar el destinatario de los cheques, de los cuales se destaca uno por casi $400 millones y otro por $100 millones. Llamó la atención de los investigadores el préstamo que le hizo a Grama Construcciones de Bucaramanca por $1.300 millones, el cual fue pagado.
A favor de terceros
En medio de la verificación del destino del dinero, de acuerdo con testimonios de varios de los beneficiarios de los cheques y testigos, muchos coincidieron que el dinero no era para ellos e insistieron en que los cobraron para hacer favores a terceros. Fue en este punto donde las autoridades le perdieron la pista al dinero.
Por ejemplo, Juan José Durango (Accionista de Geos) cobró cheques a su nombre y a nombre del Sierra Aldana (primo de Tapia). El afirmó que Emilio Tapia fue el presidente de Geos, accionista mayoritario, aunque no ejercía actividad administrativa, ni recibía remuneración. Además, que cobró cheques para hacerle el favor a Martha Julieta Gómez, pariente de Julio Gómez y representante legal de Costco Ingeniería. Por su parte, Sierra Aldana indicó que cobró cheques pero que era para pagar un contrato de transporte de material, versión que fue desmentida en la misma investigación por otros empleados de la firma Geos.
La conclusión principal de la investigación es que los casi $7.000 millones que se les entregaron a las empresas INCA, GEOS y Costco Ltda sí se desviaron y no se usaron para las obras. Sin embargo, “con base en los documentos y las entrevistas, no se ha logrado establecer que estos recursos hayan llegado a los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas como parte de comisiones”.
Sin embargo, de acuerdo con documentos que reposan en la investigación, está más que probado que Emilio Tapia fue accionista de la empresa Geos Consulting, que a su vez hizo negocios y transacciones con las empresas de Julio Gómez, como parte de las obras de la fase tres de Transmilenio y malla vial de Bogotá. El desorden contable y la inversión deliberada de recursos que iban para destinación específica, siembran dudas sobre qué alcance tuvieron los contratistas involucrados en el carrusel de la contratación con el poder que les dio el dinero oficial.
El desfile que pasó por el 401
Por el apartamento 401 del edificio El Vigía, de propiedad del abogado Álvaro Dávila, pasaron funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), contratistas e incluso asesores del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas. Según las autoridades, lo hicieron para acordar con él lo que serían los pormenores del carrusel de la contratación. El Espectador conoció un expediente donde se mencionan las visitas que recibió el abogado de agosto a octubre de 2009. Para esas fechas, el IDU ultimaba detalles para entregar algunos de los contratos más jugosos del Distrito: los de valorización. La Fiscalía cree que el desfile que pasó por el 401 tuvo mucho que ver para que estos contratos cayeran en manos equivocadas.