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El Consejo de Estado negó las pretensiones establecidas en una millonaria demanda presentada por Roberto Escobar Gaviria, alias 'Osito', hermano del exjefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.
En la demanda administrativa se solicitaba una indemnización de 5.000 millones de pesos al considerar que los agentes del Inpec habían incurrido en omisiones que pusieron en riesgo su vida.
Después de hacer una revisión, el Consejo de Estado revocó la condena de más de 300 millones de pesos que se impuso en contra Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por su presunta responsabilidad en las lesiones que sufrió el 18 de diciembre de 1993.
Los hechos narrados hacen referencia a la falta de controles y medidas de protección que permitió el ingreso de una carta bomba cuando estaba recluido en la cárcel de Itagüí que le hizo perder un ojo.
En la revisión de los elementos materiales, el tribunal de lo contencioso administrativo encontró que 'Osito' había solicitado que no le fuera revisada su correspondencia por lo que no podía ser indemnizado.
En este sentido se indica que él asumió su propio riesgo al solicitar y exigir a las autoridades mediante tutela que su correspondencia no fuera revisada argumentando que se debía proteger y respetar su derecho constitucional a la intimidad.
Ante esta acción el Consejo de Estado consideró que se configuró una “actuación a propio riesgo” por lo que ‘Osito’ actuó de tal manera que a él mismo se le atribuye la responsabilidad por el daño sufrido, pues la víctima dio su consentimiento en el riesgo, asumió revisar su propia correspondencia y relevó a la institución carcelaria de hacer esa labor.
Para el tribunal de lo contencioso administrativo el procesado era una persona autorresponsable y con capacidad para calcular la dimensión del riesgo asumido y conocer el peligro al que se estaba exponiendo.
Esta decisión se tomo al resolver la apelación interpuesta por la familia del afectado, que pretendía el aumento de los montos concedidos como indemnización por perjuicios morales, por considerar que no fueron suficientes, y buscaba un reconocimiento de daños materiales, negados por el Tribunal Administrativo de Antioquia