Inpec solicitó investigar presuntos privilegios a policías implicados en caso grafitero

Se busca determinar si se han presentado omisiones y extralimitaciones por parte de la directora de la cárcel de Facatativá.

El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte solicitó una investigación ante las denuncias hechas sobre las presuntas irregularidades que se están presentando en la cárcel de Facatativá con un grupo de uniformados procesados por la manipulación de la escena del crimen en el caso del joven grafitero, Diego Felipe Becerra.

El director de la entidad carcelaria indicó que ha solicitado en dos oportunidades que se investigue si la coronel que dirige dicha cárcel ante una serie de privilegios que estarían recibiendo los procesados por este caso.

“Se determine si hubo una omisión o una extralimitación de funciones de la directora de la cárcel de Faca de la Policía Nacional”, indicó el general Ricaurte al hacer referencia a una serie de una serie de denuncias hechas en los últimos meses por medios de comunicación locales.

El general Ricaurte aclaró que la cárcel donde se encuentra detenidos los uniformados y los particulares implicados en la muerte del joven grafitero es de estricto control de la Policía por lo que debe ser la Institución la que adelante la investigación interna y determine la veracidad de estas acusaciones.

De comprobarse alguna irregularidad o actos de indisciplina, indicó el director del Inpec, no se descarta solicitar el traslado de los procesados a cárceles normales mientras se adelanta el juicio en su contra por los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de elementos de prueba, porte ilegal de armas de fuego y municiones, y falsedad ideológica en documento público en calidad de copartícipes.

“Cualquier interno que cometa irregularidades y viole el reglamento interno se tomarán las medidas del caso”, agregó el oficial ante las preguntas de los periodistas sobre las denuncias hechas por la defensa de la familia del joven de 16 años que murió tras recibir un disparo por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón.

Y es que según la abogada Myriam Pachón, los uniformados procesados y el abogado que se encuentran allí recluidos estarían recibiendo beneficios como salidas los fines de semana lo que podría afectar el curso del proceso judicial y a la administración de justicia.

“Si uno está privado de la libertad es porque uno no puede estar saliendo, y lo que vemos aquí es que están saliendo con unos supuestos permisos que nos llaman la atención porque son para salir los días sábado al psicólogo (…) queda uno muy desconcertado y sin palabras porque pueden adulterar el proceso”, agregó la jurista.

Pachón indicó que los procesados que estarían recibiendo estos beneficios especiales son el abogado, Héctor Hernando Ruiz, el patrullero Wilmer Antonio Alarcón y otros tres uniformados.