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La Corte Constitucional advirtió que los exintegrantes de la Fuerza Pública que enfrenten un proceso judicial o hayan sido condenados deben cumplir su reclusión en “establecimientos o pabellones especiales” con el fin de garantizar su protección. Por esto hizo un llamado al Inpec y las autoridades carcelarias para que tomen cartas en el asunto.
Para la Sala de Revisión se debe evitar al máximo que los exmiembros de la Fuerza Pública “compartan espacios con reclusos con los que hubieran podido generar enemistades en ejercicio de su labor y, de esta manera, proteger su vida e integridad física”.
El alto tribunal tuteló los derechos de un exagente de la Policía Nacional que fue recluido en un patio en el que también estaban privados de su libertad guerrilleros de las Farc. Inmediatamente los subversivos comenzaron a amenazarlo, calificarlo de “sapo” y de “informante”.
El exuniformado –condenado por el delito de concusión- fue extorsionado por los otros reclusos del Patio 1. En la acción de tutela presentada se detallaba que había sido “agredido física y verbalmente por otros reclusos y que, debido a esta situación de inseguridad, su familia nunca había ido a visitarlo”.
Para el alto tribunal, estos riesgos pueden evitarse si son enviados a centros especiales o a pabellones en los que compartan con otros integrantes de la Fuerza Pública. Por lo que le ordena al Inpec "albergar a los internos en patios o establecimientos especiales si ostentan alguna calidad que lo requiera, la adopción de medidas de seguridad preventivas".
La Corte le ordenó al Inpec y a las autoridades carcelarias tomar medidas urgentes para proteger a los internos de recibir amenazas o acciones que estén en contra de su integridad personal por parte de otros reclusos. El alto tribunal recordó que la población carcelaria es sujeto de especial protección.
En el debate jurídico se manifestó que desde hace dos décadas el Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia “está en crisis” hecho que ha llevado a la constante vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos, “poniéndola en situación de vulnerabilidad que requiere especial atención por parte del Estado” y de las mismas autoridades penitenciarias.