Interbolsa ya prendió motores

Rodrigo Jaramillo, Alessandro Corridori, Jorge Mauricio Infante, María Eugenia Jaramillo, Claudia Jaramillo, Javier Tomás Villadiego, Carlos Arturo Neira, Luz Andrea Colmenares y Eduardo Colmenares.

Un préstamo de $20.000 millones que no fue pagado al Banco BBVA el 1° de noviembre de 2012 fue el inicio de la debacle de la firma Interbolsa S. A., la comisionista que manejaba el 30% del mercado de valores en Colombia. Sólo esta semana — cuando los primeros nueve procesados acepten o no los delitos que les imputó la Fiscalía por concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de acciones, administración desleal y operaciones no autorizadas con accionistas o asociados— se reveló cómo, al parecer, a través de préstamos, operaciones irregulares en la compra de repos y el aumento en los cupos de endeudamiento conociendo que no tenían la liquidez suficiente de responder, se ocasionó una de las peores crisis financieras que ha vivido el país.

Entre las primeras cabezas que están siendo procesadas se encuentran el expresidente de Interbolsa Rodrigo Jaramillo —quien según su defensa desde hace cuatro meses colabora con la justicia— y el principal accionista de Fabricato, Alessandro Corridori. En este primer grupo también son investigados la esposa del empresario italiano María Eugenia Jaramillo y su hermana, la corredora de bolsa Claudia Jaramillo; el expresidente de Interbolsa SAI (Sociedad Administradora de Inversiones), Mauricio Infante, a quien le atribuyen ser el cerebro de la triangulación de dineros entre la SAI, la Clínica La Candelaria e Interbolsa Holding; Javier Tomás Villadiego, exdirector del Cómite de Riesgos; Carlos Arturo Neira, representante legal de la firma P&P Invesment, señalada de ser una de las principales compradoras de acciones de Fabricato a favor de Corridori, y los hermanos Eduardo y Luz Andrea Colmenares, dueños de la Clínica La Candelaria.

Al armar el inmenso rompecabezas que representa Interbolsa en el mercado de valores, las autoridades lograron encontrar cómo, a través de las denominadas operaciones repos, se logró incrementar en un 214% las acciones de la empresa Fabricato, lo que era “un factor extraño si se tiene en cuenta que la segunda empresa en crecimiento sólo aumentó un 8% en el mercado y la tercera un 5%”, según indicó la fiscal del caso Alexandra Ladino, quien agregó que el incremento desmesurado jamás pudo justificarse con los reportes de operaciones que aparentaban una mayor liquidez de la comisionista de bolsa.

Las pesquisas también reflejaron que en el momento en que la acción de Fabricato incrementó su valor de $26 a $84 entre 2011 y 2012, producto de las maniobras irregulares, eran injustificadas si se compraran con la ‘lógica económica’, porque, “mientras la acción subía, el índice de valores siempre estuvo a la baja”, puntualizó Ladino. La Fiscalía también señaló que el grupo Corridori, liderado por el empresario italiano fue, supuestamente, el encargado de dirigir las operaciones ilegales, establecer a su ‘antojo’ el precio de la acción contrario a las reglas del mercado de valores y acciones, y atentar contra su libre formación.

Para la Fiscalía es claro que estas actividades generaron desconfianza en el mercado y fue esto lo que conllevó a la crisis financiera. En las pesquisas se señala que el cupo de endeudamiento que otorgó el Comité de Riesgos de Interbolsa, a cargo de Javier Villadiego, al grupo Corridori —en 2011 era de apenas $34.000 millones y para finales de 2012 sobrepasaba los $250.000 millones—, provocó que miles de personas, fundaciones, empresas y hasta conventos perdieran alrededor de $340.000 millones. De estas maniobras habrían sido conocedores Rodrigo Jaramillo, Corridori, las hermanas Jaramillo, el expresidente de Interbolsa SAI y el representante legal de P&P.

Asimismo, el ente investigador señaló que el objetivo de la manipulación de las acciones de Fabricato era obtener jugosas comisiones y beneficios económicos, que según los registros en los primeros 11 meses en que comenzaron las operaciones supuestamente ilegales, llegaron a ser por un valor de $9.774 millones. La última arista, que permitió entender la gran crisis que se presentaba en el interior de la firma comisionista, fue la presunta triangulación ilegal de dineros que se dio entre Interbolsa SAI, la Clínica La Candelaria e Interbolsa Holding.

Esta idea, al parecer, fue de Mauricio Infante Niño, quien a través de un préstamo de $78.000 millones, con recursos de la cartera colectiva Credit, intentó triangular dineros que taparan el hueco fiscal que se presentaba en las cuentas de Interbolsa a causa de los repos de Fabricato. Esta plata se entregó el 12 de octubre de 2012 a los hermanos Colmenares, quienes a través de su clínica firmaron —ese mismo día— un contrato de préstamo con el Holding Interbolsa. Su beneficio era del 2% del valor total. Por estos hechos, a estas tres personas se les imputó el delito de operaciones no autorizadas con accionistas.

A Infante Niño también lo procesan por concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de acciones y administración desleal. Estos delitos también fueron imputados a los otros cinco implicados. Según la Fiscalía, la responsabilidad de Rodrigo Jaramillo se da porque era consciente de las irregularidades que estaban realizando desde su empresa y que actuó de manera contraria al manual de crédito de Interbolsa y la normatividad del mercado de valores. A Javier Tomás Villadiego lo responsabilizan por permitir el incremento del cupo de endeudamiento a favor de Corridori, a pesar de las advertencias que existían.

En cuanto a Corridori, su esposa María Eugenia Jaramillo, su cuñada Claudia Jaramillo y su socio el representante legal de P&P, Carlos Arturo Neira, el ente investigador los señala de liderar las operaciones repos que permitieron el incremento de las acciones de Fabricato. Según la Fiscalía, se valieron de los dineros de los inversionistas para realizar estas supuestas acciones ilegales y tener un beneficio propio. La magnitud del flujo de dinero era tal, que de acuerdo con cifras de la Fiscalía, P&P llegó a comprar en un año $101.900 millones y a vender $97.000 millones en acciones de la empresa textilera. Estos apenas son los primeros nueve procesados por el descalabro bursátil del primer grupo de 17 personas que fueron llamadas por la Fiscalía. Hoy se reanudará la audiencia y se solicitará medida de aseguramiento en contra de todos ellos.