La investigación penal causó la salida de Celis de la de dirección del Fondo Rotatorio de la Policía y era, hasta la fecha, el único lío judicial en el que el oficial estaba involucrado. Sin embargo, dos investigaciones preliminares más de la Fiscalía sugieren que Rueda pudo haber cometido más de una irregularidad mientras estuvo a cargo de esa entidad.
El Espectador conoció que la Unidad de Delitos contra la Administración Pública indaga si Celis cometió alguna anomalía cuando suscribió dos contratos adicionales sobre uno que al parecer, por su naturaleza, no permitía adendas. El proyecto se trataba inicialmente de realizar unos estudios y planos para la construcción de una torre de apartamentos en la Escuela de Estudios Superiores de Policía de Bogotá en 2010. La Fiscalía investiga además por qué Celis aprobó estos contratos sin tener previamente las licencias de construcción y urbanismo que exige la ley, sino que se consiguieron en febrero de 2011.
Las segundas pesquisas tienen que ver con la licitación de más de $13 mil millones que el Fondo Rotatorio abrió en abril de 2010 para adquirir telas con las que luego se fabricarían chalecos antibalas. Según denunció ante la Fiscalía Kambio Corporation, una de las empresas que participaron en el proceso, el Fondo Rotatorio permitió que la unión temporal UD 500-2010 siguiera compitiendo por el contrato hasta obtenerlo a pesar de que, supuestamente, había presentado estados financieros que no correspondían con los requerimientos de la licitación y de que su propuesta de presupuesto podría eventualmente generar sobrecostos.
Asimismo, la Fiscalía indaga si el Fondo Rotatorio, en cabeza del coronel (r) Rueda Celis, ignoró que una de las firmas que conformaban la unión temporal UD 500-2010, FIB USA Corp., habría utilizado facturas adulteradas para acreditar la experiencia que se requería. Mientras el caso por la construcción de apartamentos sin licencias y el asunto de la licitación para chalecos antibalas sigue bajo la lupa de las autoridades, Rueda Celis deberá seguir explicando por qué solicitó que se le pagara al Fondo Rotatorio una póliza de seguro de unos $3.000 millones después de que la entidad hubiera recibido, como estaba estipulado, unos estudios y planos para trasladar la Escuela de Cadetes de la Policía, en el sur de Bogotá, al municipio de Tabio (Cundinamarca).