Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de aplicación diferente de crédito oficialmente regulado a Pedro Teodoro Mejía Da Silva, gerente de la empresa de flores Benilda S.A., quien habría utilizado de manera irregular un préstamo de $10.000 millones del Banco Agrario. El hombre no aceptó cargos.
En el proceso Finagro se presentó como víctima del gerente de Benilda, ya que fue esta entidad la que tuvo que pagar el dinero y los ‘platos rotos’. Asimismo, el ente investigador tiene abierto un caso contra Mejía Da Silva por un presunto lavado. Se está rastreando en qué se invirtió el multimillonario crédito.
Esta situación es el resultado de la crisis que sufrió el sector exportador de flores durante 2008 y 2009. En esa época el Gobierno entregó una serie de recursos para evitar que se despidiera el personal de las empresas que operaban en La Sabana de Bogotá.
Varios empresarios accedieron a los créditos que entregó Banagrario, sin embargo, no destinaron la plata a los objetivos que había planteado el Gobierno. Esta situación fue denunciada por el banco prestamista y la Superintendencia de Sociedades.
Hasta el momento, en la investigación están vinculadas las empresas Belinda, Colbras Mejía Machado y Camalena. Igualmente, compañías del empresario Pablo Guillermo Ricaurte Junguito están en el radar de la Fiscalía. Por su parte, Mejía Da Silva tiene abiertos otros tres procesos por desviación de fondos.