La Contraloría General de la Nación enviará a las autoridades carcelarias un control de advertencia ante las denuncias de un posible acto de corrupción en el proceso de adjudicación del contrato para surtir de alimentos a todas las cárceles del país.
Según el Contralor delegado para el sector justicia, Rafael Romero, se ha detectado que en los últimos años la contratación está centrada en los mismos empresarios, pese a que incluso varios de ellos ya han sido sancionados por incumplimientos en los contratos.
El control de advertencia se entregará ad portas de que la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios cierre el proceso.
En ese sentido, la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas advirtió que a última hora la unidad cambió los requisitos, lo cual podría perjudicar a los pequeños empresarios pues los obliga a que acrediten el mismo tiempo de experiencia de los grandes, quienes en últimas saldrían beneficiados pues tienen como demostrar más tiempo de acreditación al haber ganado en las licitaciones por varios años.
Los pequeños empresarios se unieron en consorcio a otros, con la intención de acreditar mayor tiempo, lo cual era permitido por la ley. Sin embargo, ahora les exigen que cada uno de ellos tenga más de 5 años de experiencia en el mercado.
En la misma denuncia, la Red de Veedurías pidió a la Unidad que suspenda el proceso cuyo cierre está previsto para este viernes.
El contralor delegado Carlos Zuluaga también se refirió a este polémico proceso y a las denuncias que referencian posibles visos de corrupción.
"A la Contraloría le preocupa esta concentración de casi un 50% en los mismos tres empresarios", dijo el delegado del ente de control.
Hace casi dos meses fue advertido que varios empresarios habían hecho una ‘colecta’ de mil millones para asegurar su triunfo en esta adjudicación. El empresario Fabio Doblado Barreto, relacionado en el tema, desestimó esa versión y desmintió que se reuniera esa suma de dinero para ganar en el proceso.
La Procuraduría y la Fiscalía investigan las denuncias para establecer la realidad del proceso de licitación y evitar cualquier acto de corrupción alrededor del mismo.