Investigarían financiamiento de manifestaciones en contra de la destitución a Petro

En una carta enviada a la Contraloría y Personería Distrital se pide establecer si estos actos están siendo financiados con dineros públicos.

El Espectador
16 de enero de 2014 - 02:59 a. m.
Investigarían financiamiento de manifestaciones en contra de la destitución a Petro

En la mañana de este jueves será radicada en la Contraloría y Personería Distrital una solicitud para que se investigue la responsabilidad fiscal del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego y los Secretarios del distrito para establecer cómo se están financiando las marchas y manifestaciones que se han registrado en los últimos días en la capital de la República en contra del fallo de la Procuraduría General.

Las acciones serán radicadas por el presidente de la Fundación Marido y Mujer y candidato al Senado de la República, Javier Suárez quien considera que se debe determinar si estas manifestaciones se están financiando con recursos del distrito, por lo que se estaría presentando un peculado por apropiación.

“El peculado por apropiación consiste en usar dineros públicos para provecho personal”, precisó Suárez al considerar las autoridades fiscales deben investigar quién está pagando la instalación de las tarimas en la Plaza de Bolívar, el alquiler de las mismas, la impresión de la papelería que dice “Petro se queda” y la persona encargada del audio y de la música en las manifestaciones que se están presentando a diario.

Según las acciones que se van a radicar la instalación de cada una de las tarimas tiene un costo entre los 18 y los 24 millones de pesos. “Por esto se debe investigar quién y de dónde salen los recursos para pagar la instalación de las mismas, algunas de las cuales están en la Plaza de Bolívar desde el pasado 9 de diciembre”.

“El alcalde que está en tránsito de destitución tiene todo el derecho a defenderse pero no se puede permitir que esa defensa sea hecha con dineros del Distrito. Hago un llamado a la defensa de los recursos públicos”, precisó el accionante, quien el pasado miércoles radicó una queja en contra del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta por un conflicto de intereses.

Igualmente señaló que tanto la Contraloría como la Personería deben investigar cómo se le están pagando a los abogados que defienden la mandatario distrital tanto penal como disciplinariamente, así como la financiación de los viajes del alcalde a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

“Nadie le está haciendo control”, precisó Suárez, al señalar que también se está evaluando la posibilidad de solicitar la suspensión de las manifestaciones convocadas por Gustavo Petro hasta que no se determine la financiación de las mismas, puesto que las autoridades deben velar primero que todo por la protección de los recursos públicos.

Otras investigaciones

En los próximos días se presentaran una serie de solicitudes para que se investiguen disciplinariamente a los funcionarios del Distrito quienes han participado en las marchas y han hecho arengas en contra del fallo de la Procuraduría General, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado y otras Instituciones y entidades. “Algunos Secretarios del Distrito están incurriendo en un acto proselitista, esto es gravísimo más aun si se trata de un funcionario público que debe respetar las decisiones judiciales”.

En este punto señaló que se ve muy mal que un funcionario público califique como un “fallo de extrema derecha y ultracatólico” una decisión tomada por un organismo disciplinario, incluso llegando al punto de coaccionar al presidente de la República para que no lo acepte y no le de el trámite que está establecido en la ley y en la Constitución Política de 1991. “Se tiene que respetar la institucionalidad, lo que se está viendo ahora no lo ha hecho ninguno de los sancionados disciplinariamente. No es el primer alcalde que han destituido”.

Además reiteró que se debe investigar el hecho de que algunos funcionarios han sido citados para que participen en estas manifestaciones, dejando al lado su trabajo por lo que se está afectando a la ciudadanía. “Tienen que trabajar horas extras para cumplir con sus funciones y esto no se puede permitir”.

Igualmente señaló que la ciudadanía en estos momentos se encuentra en una situación de incertidumbre puesto que el alcalde no se ha dedicado a gobernar sino a defenderse y a participar en manifestaciones públicas atacando al Procurador General y el fallo que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.

Por El Espectador

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