En el marco de los alegatos de conclusión, el exsenador Iván Moreno Rojas le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que emita fallo absolutorio en el proceso que se le adelanta por el denominado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.
En su extensa intervención, el excongresita manifestó que a lo largo del juicio, que cumplió dos meses, no se presentaron elementos de prueba que lo permitieran vincular con la solicitud de comisiones a un grupo de contratistas para favorecerlos con la entrega de contratos viales en la capital de la República.
En este punto citó varios testimonios allegados en el proceso, indicando que ninguno de ellos lo vinculó directamente con lo que se denominó “una empresa criminal”, puesto que todos aseguraron que conocieron los hechos por terceros y otros incluso dijeron que desconocían completamente esta situación.
“No hay ninguna prueba que demuestre que yo hubiese ejercido el influjo psicológico contra ningún contratista o funcionario”, precisó Moreno Rojas, quien se declaró inocente de las acusaciones hechas en su contra y manifestó además que en ningún momento estuvo involucrado en el direccionamiento de contratos durante la administración de su hermano Samuel Moreno Rojas.
En este punto asegura que no se le puede señalar de tráfico de influencias puesto que ningún testigo manifestó que él hubiera utilizado su posición social y política para presionarlos en la entrega de contratos. Ante esto, reiteró, que en ninguna declaración se hace referencia a una injerencia suya en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Para esto citó las declaraciones de Liliana Pardo Gaona y un grupo de funcionarios del IDU y contratistas –entre ellos algunos vinculados con este escándalo de corrupción- sobre las presión o la solicitud de comisiones para beneficiarlos en la licitación de contratos viales, entre los que se destacan la tercera fase de TransMilenio, la reparación de la malla vial y la valorización en Bogotá.
En los alegatos de conclusión, vale recordar, la delegada de la Procuraduría General le pidió a los cuatro magistrados que conforman la sala de juzgamiento en este caso que emitan fallo condenatorio contra el excongresista quien se encuentra privado de la libertad.
Moreno Rojas, quien se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2011 en la cárcel La Picota de Bogotá, es procesado por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos en calidad de determinador y concusión.
Por estos hechos fue sancionado por la Procuraduría General con destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos. Igualmente el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura.