Un fuerte llamado de atención le hizo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a los jueces que tienen conocimiento en los procesos penales que se adelantan para establecer los hechos que rodearon la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra Lizarazo, registrado el 19 de agosto de 2011.
El magistrado pidió que se debe poner un límite a los recursos de apelación y solicitudes de aplazamiento en los procesos que se adelantan contra 10 oficiales y suboficiales de la Policía y tres civiles, ya que se está afectando la recta y efectiva administración de justicia.
Este pronunciamiento se hizo al negar un recurso de nulidad presentado por el abogado Héctor Ruiz, y el de conexidad radicada como el expatrullero de la Policía, Wilmer Antonio Alarcón en los respectivos procesos que se adelantan por la manipulación de los elementos materiales probatorios en la escena del crimen.
Para el Tribunal es menester finalizar este tipo de dilaciones injustificadas, ya que las leyes y la Corte Constitucional han establecido que las víctimas y los procesados tienen derecho a una administración de justicia ágil, lo cual se ha visto afectada por la radicación de este tipo de acciones.
La abogada Myriam Pachón, quien defiende los intereses de la familia del joven de 16 años, rechazó además el recurso de colisión de competencias radicado por la defensa de Alarcón ante el Consejo Superior de la Judicatura.
Para la jurista esta acción es antijurídica ya que se desconoce por completo el fallo emitido en noviembre de 2012 en el cual el alto tribunal le devolvió a la justicia ordinaria el proceso que cursaba en la justicia penal militar al considerar que el delito de homicidio agravado no entra en las competencias ni puede calificarse como un acto de servicio.