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La situación del magistrado Jorge Pretelt, inmerso en un escándalo por el presunto cobro de coimas para favorecer a la empresa Fidupetrol en el fallo de una acción de tutela en la Corte Constitucional, resulta insostenible: por 42 votos contra 34, el Senado decidió anoche no otorgarle la licencia que había solicitado para ejercer su defensa sin perder el fuero y, como ya lo habían pedido el Gobierno y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, le solicitó dar un paso al costado.
Casi al tiempo que el Senado le negaba la licencia, Pretelt recibió ayer otra estocada. En un comunicado público, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó por unanimidad una proposición conjunta para solicitarle pública y formalmente la renuncia “de manera inmediata e irrevocable”. “La decisión que le exigimos plantea un problema de responsabilidad personal, pero éste debe ser resuelto con arreglo a la ética y al derecho. En ese marco consideramos que la mejor manera de asumir la exigencia de salvaguardar la independencia y autonomía de la justicia constitucional, y la integridad de sus derechos, es preservar la credibilidad de la ciudadanía en este tribunal”, concluye el comunicado.
En la plenaria del Senado, entretanto, cada una de las bancadas expuso sus argumentos. “Este escándalo no se soluciona con una licencia. Hemos radicado una proposición pidiéndole que renuncie, justamente porque tiene fuero y sabemos la impunidad que genera. Si el Senado quisiera destituirlo no podría, pero podemos seguir la misma línea de conducta que han tenido las cortes y el Gobierno, que pidieron la renuncia. No puede ser que el Congreso, que es el órgano de control político por excelencia, le quede grande”, aseguró la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, promotora de la solicitud de renuncia.
De igual forma lo hizo el presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán. “No nos corresponde decir si el magistrado es culpable o no, pero entregar licencias no remuneradas por corrupción podría paralizar la Corte Constitucional. Las licencias se dan por otras razones. Si él considera que no se puede defender estando en el cargo, pues que renuncie”. Por su parte, Iván Cepeda, del Polo Democrático, manifestó que es muy grave que un miembro de la Corte esté vinculado con el despojo de tierras, otra de los señalamientos que se le hacen a Pretelt.
Como vocero de la U, el senador Armando Benedetti fue claro al señalar que “nadie va a saber la verdad judicial porque la Comisión de Acusaciones no sirve para nada y no la va a encontrar. Por eso, sin decir si es culpable, creemos que el fuero es un manto de impunidad. La licencia es impresentable. Le negamos la licencia y él verá si renuncia o no. No estamos prejuzgando”. Y en el Partido Liberal, Horacio Serpa puntualizó: “Hemos tomado la determinación por bancada de no aceptar la licencia. La bancada piensa que no es una reacción suficiente frente a la dimensión del escándalo”.
Las aclaraciones respecto al eventual prejuzgamiento obedecen a que en el Senado empezó a cobrar fuerza la tesis de que, de solicitársele la renuncia a Pretelt, en caso de que la investigación avance en la Comisión de Acusaciones y la Cámara instruya, la corporación quedaría impedida para emitir una condena. Una tesis defendida por los partidos Conservador y Centro Democrático, al igual que por la senadora liberal Viviane Morales quien, aunque acogió la decisión de su bancada, afirmó que “no deben olvidar que el Senado fue el que eligió a Pretelt y por eso debe resolver la licencia, pero también puede ser su juez y hay que tener especial cuidado, porque cualquier pronunciamiento puede generar un prejuzgamiento”.
En el Centro Democrático, la vocería la asumió el senador José Obdulio Gaviria, quien acogió la tesis esgrimida por Morales y afirmó que “en Colombia hay separación de poderes. Es impensable; el Congreso no puede pedirle a un magistrado que renuncie. Habrá congresistas que tengan posiciones personales y desde una tribuna distinta pueden hacer una solicitud, pero nuestras facultades no nos lo permiten”. Y por los conservadores, Hernán Andrade, defendiendo la tesis de no prejuzgar, advirtió que lo mejor era aceptar la licencia, más allá de las posiciones políticas. “Podemos aprovechar la reforma de equilibrio de poderes para enviar un mensaje institucional al país”, subrayó.
Puntos de vista encontrados que conducen precisamente al trámite de dicha reforma, que en su articulado plantea la creación de un “supertribunal” para el juzgamiento de aforados. Por eso el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dejó sobre el tapete “una cruzada para recuperar la fe en la Corte Constitucional, en la tutela y la justicia”. De esta manera ambientó el que puede ser el cambio de fórmula para dicho juzgamiento. “Estamos dispuestos a mejorar ese tribunal, a mejorar la propuesta, darle dientes para cumplir el propósito de que no haya en Colombia un alto funcionario sin procedimiento, sin juez, en la impunidad. Sin que para llegar allá afectemos la independencia y la autonomía de la Rama Judicial”, enfatizó.