El despacho del magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco inició la recolección de elementos materiales para resolver la colisión de competencias presentada por la defensa del intendente y los dos patrulleros de la Policía Metropolitana investigados por un presunto abuso de autoridad en el caso en el que está involucrado el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Entre las primeras decisiones se encuentra la citación al presidente del alto tribunal, Luis Gabriel Miranda Buelvas con el fin conocer su versión sobre los hechos que se registraron en la noche del miércoles 22 de octubre en el sector de Colina Campestre, en el norte de la capital de la República cuando los uniformados llegaron al sector tras la llamada de los vecinos que alertaron sobre la presencia de un vehículo sospechoso.
En videos grabados con las cámaras de teléfonos celulares, y publicados en diferentes medios de comunicación, aparece el magistrado llegando al CAI de San José de Bavaria donde había sido trasladado el joven junto a su acompañante. En las grabaciones el togado manifiesta en diferentes oportunidades que los policías habían golpeado.
Igualmente fueron citados, para conocer su versión, los tres uniformados que participaron en la inspección del vehículo oficial en el que presuntamente se encontraba el hijo del magistrado practicando “actos obscenos” con su novia. Los dos jóvenes también fueron citados para escuchar su declaración sobre estos confusos hechos.
Finalmente se le solicitó a la Fiscalía General le remita los análisis hechos hasta la fecha de los videos de las cámaras de seguridad recolectadas en el sector.
El magistrado Claros definirá el próximo año, basándose en estos elementos materiales recolectados, si es la justicia penal militar o la justicia ordinaria la encargada de adelantar el respectivo proceso en contra de los policías, quienes en diversas oportunidades han negado haber agredido física o verbalmente al joven, quien actualmente se encuentra fuera del país.
En el recurso presentado el pasado 28 de noviembre, la defensa de los uniformados solicitó que el caso sea estudiado por la justicia penal militar puesto que los actos materia de investigación se desarrollaron en el marco del servicio.