El Consejo Superior de la Judicatura le compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para que determine si hay méritos para investigar la actuación del abogado Jaime Gutiérrez Carrillo, quien defiende los intereses del expatrullero de la Policía Metropolitana Wilmer Antonio Alarcón, quien es procesado por los hechos que rodearon la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra.
La decisión hace referencia a la denuncia presentada por la defensa de los familiares del menor de 16 años, quienes consideran que el abogado ha incurrido en maniobras dilatorias que han afectado la recta y efectiva administración de justicia en el proceso penal que se adelanta contra su cliente, el cual ya cumple tres años.
Según la acción radicada el pasado 21 de abril, el profesional del Derecho ha presentado una serie de aplazamientos injustificados para la celebración de las audiencias preparatorias en los dos procesos que se adelantan contra Alarcón, igualmente no se ha presentado a las citaciones hechas por los jueces de la República, quienes se han visto obligados a suspender el proceso y fijar nuevas fechas para su continuidad.
Igualmente se solicitó que se inadmita la petición para que los procesos sean de conocimiento de la justicia penal militar ya que los delitos por los que fue acusado Alarcón no hacen referencia a casos del servicio. Se espera que en los próximos días la Judicatura tome una decisión de fondo sobre esta solicitud, la cual tiene frenado el avance de los procesos penales por homicidio y la manipulación de los elementos materiales probatorios.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General el entonces patrullero de la Policía le disparó al joven de 16 años en la noche del 19 de agosto de 2011 en el norte de la capital de la República. Becerra Lizarazo recibió una herida en su espalda la cual le ocasionó la muerte pocos minutos después de que fuera transportado a la Clínica Shaio.
Además se le investiga por la ubicación de un arma en el lugar de los hechos, la cual fue la base para que el entonces director de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño acusará al joven de pertenecer a una banda de atracadores la cual minutos antes había intentado asaltar un bus de servicio públicoque se movilizaba en la calle 116 con avenida Boyacá. El arma hallada, según el oficial, habría sido utilizada por el joven grafitero para intentar atacar al patrullero Alarcón.
Por estos hechos, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 12 años al patrullero de la Policía Metropolitana al considerar que incurrió en una falla disciplinaria.