Esta semana se realizarán una serie de jornadas de protesta por parte de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial con el fin de exigirle al Congreso y al Presidente de la República, Juan Manuel Santos que cumpla la nivelación salarial establecida en la ley cuarta de 1992.
En los eventos fijados, los funcionarios judiciales realizarán un plantón frente a la Casa de Nariño y al Congreso de la República portando sus togas con el fin de "hacerse visibles" y manifestar su rechazo con respecto al acuerdo firmado entre el Gobierno en cabeza de la Ministra de Justicia y unos representantes de la Rama.
“Necesitamos que el Gobierno Nacional atienda nuestro llamado, y vemos la necesidad de salir con togas con las camisetas y hacernos visibles porque en nuestras salas de audiencias no somos visibles”, indicó Neyla Ballén, presidenta del sindicato de jueces y fiscales.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Fiscales, Rafael Barrera, aseguró en las últimas semanas la posición del Presidente de la República frente a este tema ha brillado por su ausencia, señalando así que el Jefe de Estado no se ha dado cuenta de la gravedad de este paro judicial nacional.
“Está de por medio la investidura del juez y su ética. Ustedes saben lo que una toga significa para un juez, por eso hay que mostrarle al señor Presidente que la magnanimidad de la justicia se encuentra aquí presente para que se comprometa, no necesitamos declaraciones de tipo político sino jurídico”, precisó.
Ante la posición asumida por el Presidente de la República y los congresistas, los representantes de la Rama Judicial le solicitaron al presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren que funja como intermediario para lograr una reunión con Juan Manuel Santos y los representantes fin de presentar sus puntos de vista y buscar salidad viables al paro judicial.
“Nosotros seguimos en pie de lucha y solicitándole al señor presidente de la República, que por favor atienda el llamado de los judiciales, que uno no entiende que se encuentra negociando con grupos ilegales en este momento y los judiciales no merecemos que seamos atendidos por el señor presidente y necesitamos un interlocutor diferente a la señora ministra de justicia”, indicó Ballén.
“El cese de actividades es de un 80 por ciento”
La presidenta del sindicato de jueces y fiscales aseguró que según los estudios hechos en los últimos días, el 80 por ciento de los juzgados del país siguen en paro, puesto que han rechazado el acuerdo firmado por parte del Gobierno y la Rama Judicial.
“Allí no hubo negociación en esa mesa porque las propuestas que pudieran hacer los integrantes de la mesa negociadora fueron mínimos, entonces como no fue una negociación sino una imposición hubo una gran parte de la mesa que no aceptó”, precisó Ballén al señalar que “no están pidiendo migajas” sino que se cumpla con las estipulaciones de una ley pactada hace 20 años.
“Aquí hay que dejar claro una cosa y es que estamos unidos, fuimos asaltados en nuestra buena fe por parte de la mesa negociadora y entendieron que la propuesta hecha por el Gobierno Nacional era buena pero la mayoría de la mesa negociadora fuimos interlocutores con nuestras bases y allí se hicieron los estudios y los análisis correspondientes y en todo momento fue clara la posición de que no se daba cumplimiento a la ley 4 de 1992 y por eso observamos que una franja firmada el acuerdo que fue propuesto e impuesto por la señora Ministra”, aclaró.
Este domingo se adelanta una reunión entre el fiscal General, Eduardo Montealegre y un grupo de sus asesores y representantes de Asonal Judicial con el fin de presentar una nueva propuesta para levantar el paro judicial.