La jueza 49 de conocimiento de Bogotá aceptó el allanamiento a cargos hecho por Jesús Alberto Martínez Durán en el marco del proceso que se le adelanta por haberle mentido a las autoridades judiciales en el marco de la investigación para establecer los extraños hechos que rodearon la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar registrada el 31 de octubre de 2010.
El procesado aceptó en audiencia preparatoria su participación y responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falso testimonio y fraude a subvención imputados por la Fiscalía General en enero de 2013. Martínez Durán se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
El hombre le aseguró en repetidas oportunidades a las autoridades que habría presenciado como un grupo de jóvenes golpearon a Colmenares Escobar cuando estaba en estado de indefensión en inmediaciones al parque ubicado en el norte de la capital de la República. En sus declaraciones, bajo la gravedad de juramento, aseguró tener fotos que comprometían a Carlos Cárdenas y Laura Moreno de participar en dicha golpiza, hecho por el cual recibió protección.
Sin embargo, la Fiscalía General al hacer una análisis de los elementos materiales de prueba se pudo establecer que había incurrido en una serie de incongruencias e inconsistencias en los hechos narrados, por lo que se realizó una compulsa de copias lo que terminó con su captura y la apertura de un proceso penal.
Al considerar que su dicho era de imposible constatación, el ente investigador consideró que Martínez Durán le mintió a la justicia, afectando así el proceso de investigación. “Con su dicho se abrieron procesos penales y se vinculo de manera e indirecta a un grupo de personas en el denominado caso Colmenares”.
Además recibió protección y beneficios de carácter económico puesto que aseguró que su vida e integridad personal y la de su familia corría riesgo, acusando directamente a la abogada Aidé Acevedo (defensora de Carlos Cárdenas en la investigación preliminar) de haberlo amenazado para que no contara la verdad.
El procesado podría pagar una condena entre los cuatro y los ocho años de prisión. Los representantes de víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría manifestaron que no se le pueden otorgar todos los beneficios puesto que no se ha presentado una reparación integral y tiene antecedentes penales.