El juez 40 de conocimiento de Bogotá aceptó el allanamiento a cargos hecho por el contratista Julio Gómez en el marco del proceso que se le adelanta por los delitos de peculado por apropiación, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El funcionario judicial fijó para el próximo 14 de julio la audiencia en la cual se definirá el monto de la pena del contratista, quien pese a que renunció al preacuerdo que firmó con la Fiscalía General aceptó su responsabilidad en los hechos que enmarcar el considerado mayor escándalo de corrupción en Bogotá.
El abogado Gustavo González, quien defiende los intereses del procesado aseguró que su cliente ya reintegró en su totalidad todo el dinero de los tres contratos viales por los que es procesado. En este sentido espera que debido a la aceptación de cargos y la reparación la condena sea menor a 10 años de prisión.
“Hizo todo el reintegro del dinero por el que se le imputó el cargo de peculado por apropiación: En el primer contrato hizo el reembolso de 1.750 millones de pesos, el segundo fue de $10.905 millones puesto que se ejecutó la obra y el tercero fue de 19 mil millones de pesos”, explicó el jurista.
El abogado aseguró que para esto cuentan con documentos oficiales emitidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en los que se indica que sí “operó el reintegro”, haciendo la claridad de que no se le puede acusar a su cliente por la obra de la Fase III de TransMilenio porque dicho convenio le fue adjudicado a una de las empresas del denominado Grupo Nule.
En el marco de la diligencia judicial, el delegado de la Procuraduría General y los representantes de víctimas solicitaron que se emita una condena superior a los 10 años debido a la gravedad de los delitos por los que fue acusado Gómez, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
El procurador del caso puso como ejemplo el caso de los miembros del denominado Grupo Nule, cuando en decisión de segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá les modificó la pena, la cual pasó de siete a 14 años de prisión, pese a que también habían aceptado cargos.
Igualmente le solicitaron al juez que tenga en cuenta el hecho de que el contratista no ha rembolsado los 44 mil millones de pesos que recibió como anticipo, hecho por el cual no se le pueden otorgar beneficios jurídicos.