En una audiencia a puerta reservada, un juez de garantías avaló la solicitud de control de legalidad a los elementos materiales incautados en los allanamientos realizados en la oficina y apartamento de Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, procesado por interceptar ilegalmente correos electrónicos de personas relacionadas directamente con el proceso de paz que se adelanta con las Farc.
En la diligencia judicial se legalizaron los discos duros y documentos incautados en el operativo adelantado el pasado 6 de mayo por agentes del CTI de la Fiscalía General y en el cual se capturó a Sepúlveda Ardila al considerar que tenía participación con la obtención y divulgación de información reservada de funcionarios del Gobierno, guerrilleros de las Farc y dirigentes políticos.
Igualmente fueron legalizados los elementos que portaba el ciudadano ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán quien fue capturado la semana pasada en su residencia en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el marco del proceso que se le adelanta por los delitos de concierto para delinquir, espionaje, interceptaciones ilegales y acceso abusivo a redes informáticas.
“Todos los documentos incautados tiene que ser sometidos al proceso de legalización”, precisó el abogado Luis Bernardo Álzate, quien defiende los intereses de Sepúlveda Ardila. En este sentido explicó que todos estos elementos será la base del escrito de acusación que se presentará contra su defendido y el ciudadano ecuatoriano por las actividades ilegales dirigidas a afectar las negociaciones en La Habana y a recolectar información privilegiada sobre los negociadores.
Según se ha podido establecer existiría una conexidad entre los dos procesos, esto debido a que Bajaña Barragán habría participado activamente en las tareas para infiltrar correos electrónicos y conseguir información. Según la Fiscalía incluso se habría intentado interceptar el email del exvicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón y su secretaria privada.
En los próximos días se adelantarán otras audiencias reservadas con la presencia de los dos procesados y sus respectivos abogados defensores. La Fiscalía solicitará que se legalice el extenso material probatorio con el fin de iniciar el proceso de análisis para determinar qué otras personas participaron o conocían sobre estas actividades ilegales.