El juez 38 civil de Bogotá ordenó devolver en las próximas 48 horas la empresa prestadora de salud Saludcoop a sus dueños originales y asociados.
Este hecho complica la intervención que venía realizando el Gobierno Nacional contra la EPS después del descubrimiento del llamado carrusel de la salud que desfalcó a ese sector por más de 8 mil millones de pesos por medio del recobros.
En estos momentos la decisión está siendo notificada a los abogados de las dos partes, y deberá ser adoptada por la Superintendencia de Salud.
Por el momento no se descarta que el Gobierno Nacional impugne la acción de amparo; en este caso sería el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de confirmar o revocar el fallo de tutela.
Los asociados de la empresa prestadora de salud, que fue intervenida el pasado 12 de mayo por la Superintendencia de Salud, argumentando manejo indebido de los recursos recaudados a sus afiliados, habrían interpuesto esta acción judicial argumentando violación al debido proceso.
En la mañana de este martes, la Contraloría ordenó la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal contra las directivas de la entidad promotora de salud, Saludcoop y contra el expresidente de la entidad, Carlos Gustavo Palacino y los exministros de Protección Social, Diego Palacio y Luis Guillermo Plata, por las irregularidades que se presentaron con los recursos del sector de la salud.
Fue el propio presidente Juan Manuel Santosquien reveló hace seis meses, lo que según él, sería la punta del iceberg de un gran carrusel que desde hace cinco años estaba dedicado a desfalcar la salud colombiana. El caso parece de tal magnitud, que fue el propio mandatario quien, junto a los representantes de los organismos de control, le contó al país de esta red dedicada a negociar con losrecobros al sistema de salud y a sacar comisiones.
El fraude descubierto durante la investigación, que inicialmente tomó como muestra el 10% de los recobros al sistema de salud, demostró que casi $30 mil millones se han desviado a las arcas de los integrantes de una 'mafia'. Sin embargo, en palabras del presidente Santos, este sería un fraude que podría alcanzar varios billones de pesos.
Durante el proceso penal, fiscal y disciplinario se hallaron varias modalidades de desangrar el sistema. Una de ellas consistía en autorizar los pagos a las EPS que habían sido retenidos y luego se repartían comisiones que oscilaban entre el 2 y el 6 por ciento del valor pagado. A esto se suman otras modalidades que consistían en otorgar beneficios a nombre de personas que ya estaban fallecidas; sobrecostos en procedimientos y medicamentos; personas que ganaban tutelas y nunca recibían el dinero y pacientes que recibían beneficios por diferentes canales.