Juez revivió orden de captura contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo

La jueza 28 de conocimiento emitió una nueva orden de captura en contra de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona para garantizar su presencia en el segundo proceso que se le adelanta por su presunta participación en el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’.

La funcionaria judicial consideró que debido a la gravedad de los delitos materia de investigación la exfuncionaria representa un peligro para la sociedad. Desde hace un año se desconoce por completo el paradero de Pardo Gaona quien enfrenta dos procesos por las irregularidades en la entrega de contratos viales.

En el primer proceso la exdirectora del IDU es investigada por las irregularidades en la licitación y ejecución de millonarios contratos viales que terminaron en manos de contratistas que no cumplían con los requisitos exigidos. Para resultar beneficiados ofrecieron comisiones a funcionarios del Distrito.

Por estos hechos enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos.

Mientras que el segundo proceso hace referencia a las irregularidades en la cesión del contrato de la Fase III de TransMilenio que estaba en poder del denominado Grupo Nule. Dicho contrato le fue adjudicado a la firma Conalvías.

Según el ente investigador entre junio de 2008 y diciembre de 2009, la investigada realizó contratos para la ejecución de malla vial y valorización en Bogotá. Además, habría aceptado promesas remuneratorias para recibir el 1 por ciento y el 2 por ciento de los contratos 071 y 072 de malla vial, así como del 091 y 093 de infraestructura que tenía un valor cercano a los 200 mil millones de pesos.

Pardo Gaona supuestamente entregó y ejecutó información reservada y privilegiada de los contratos, antes de los procesos de adjudicación; por ejemplo a los Nule, y a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, a fin de que resultaran favorecidos con la contratación.

Igualmente, entre otras violaciones a las normas establecidas, ella cambio de sitio donde se adelantaban las reuniones para los procesos de evaluación con el propósito de lograr el encuentro con el excontralor de Bogotá, el expersonero de la capital del país y los interesados en la selección de los contratos.

En la investigación también se estableció que entre abril de 2009 y diciembre de ese mismo año, la acusada antes de salir a vacaciones, aceptó promesas remuneratorias del mismo porcentaje que en los anteriores, de los contratos 018, 019, 020, 029, 037, 047, 068 y 079 del 2009, por valor cercano a los 400 mil millones de pesos por concepto de puentes, malla vial y valorización.