La juez 45 de conocimiento revocó la medida de aseguramiento contra el excomisionado de paz, Luis C. Restrepo y el desmovilizado guerrillero Raúl Agudelo Medina alias 'Olivo Saldaña' en el proceso que se adelanta por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc.
“Por no existir inferencia razonable de coautoría, ni en los delitos de peculado a favor de terceros y el delito de tráfico de armas y municiones de uso privativo, ni de igual forma el delito de fraude procesal por haber inducir en error al ministerio del Interior y Justicia, al ministerio de Defensa y a la Fiscalía General de la Nación”, dijo.
La funcionaria judicial le solicitó al excomisionado de paz que regrese al país, señalando que el Estado le brinda las garantías de seguridad con el fin de que se presente ante las autoridades para afrontar el proceso de paz.
“Que cuando sea citado el señor Luis Carlos Restrepo se le den las medidas de protección desde la aterrizada al aeropuerto El Dorado, ya no tienen excusa de no venir, porque en este momento se le está dando una medida de protección por parte del Estado y el marco de protección implica un estudio de seguridad como el que se le hace a cualquier persona”, señaló la funcionaria judicial en el trámite de la audiencia.
En su decisión la juez señaló que existieron serias irregularidades en la imputación presentada por la Fiscalía en contra de Luis C. Restrepo, señalando que no se hizo una acusación con pruebas serias, sino con injerencias y testimonios no tan claros.
“Ni siquiera al día de hoy, 23 de marzo, se sabe quiénes eran guerrilleros y quiénes no”, aseveró la juez, descartando de plano la posibilidad de que el Estado hubiera financiado la falsa desmovilización, además de advertir que Luis Carlos Restrepo y las demás personas involucradas en el escándalo “no la habían embarrado”.
"Me parece injusto que se cuestione un proceso de desmovilización de la guerrilla y no se cuestionen los procesos de las Autodefensas Unidas de Colombia, porque un proceso de la guerrilla sí debe ser llamado a juicio, sí tiene que cuestionarse, cuando realmente los que se han generado y se han cuestionado realmente son los de las AUC y no ha habido una formulación de imputación por ello", sostuvo la juez.
Los testimonios de los paramilitares
A primera hora de este viernes, la juez le había hecho un fuerte llamado de atención l a la Fiscalía por las irregularidades en la recolección de pruebas y testimonios de los excomandantes paramilitares dentro del proceso que se adelantapor la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc, y por el cual es procesado el excomisionado de paz, Luis C. Restrepo.
Según la juez, las declaraciones de Salvatore Mancuso contra el excomisionado de paz “son una retaliación” contra el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sus funcionarios, precisando que en las falsas desmovilizaciones participaron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
"Este despacho encuentra que el señor Salvarote Mancuso lo que está haciendo es una retaliación frente al Gobierno Nacional y no es frente sólo al Gobierno de Álvaro Uribe sino que también al del presidente Santos y frente a la Corte Suprema de Justicia", precisó la juez en la audiencia en la que se define si revoca o no la medida de aseguramiento contra Restrepo y el guerrillero desmovilizado conocido con el alias de ‘Olivo Saldaña’.
Ante esto, le solicitó al fiscal 16 de la unidad anticorrupción investigar las posibles conductas delictivas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso detenido actualmente en una cárcel de Virginia, Estados Unidos.
"Señor fiscal es importante investigar si el señor Mancuso se encontraba delinquiendo en el momento en que ya se encontraba desmovilizado porque significa que no le cumplió al Estado, significa que tiene que volver acá y rendirnos cuentas a nosotros y más aún rendirnos cuentas de las violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario porque él no cumplió", indicó la juez.
Durante su intervención precisó que la Fiscalía no pudo demostrar argumentos claros acerca de la creación de “una empresa criminal” con el fin de hacer una falsa desmovilización.
“En el Estado entonces seleccionamos de forma indistinta los testimonios que si tomamos y los cuales no, no seamos injustos, acá se están desmovilizando guerrilleros, autodefensas, gente humilde que ha entregado las armas, a ellos debe ir dirigido el proceso de paz" sostuvo la juez.
En este punto fue clara en asegurar que los guerrilleros que se pretendían desmovilizar, eran personas de bajos recursos. "A un Estado de desigualdades no se puede generar entonces que cada vez que haya un comandante de las AUC o de la guerrilla se tengan que tomar estas represalias frente a las personas generándose los recursos para poder subsistir".
Responsabilidad de Estado
Igualmente manifestó que la responsabilidad de las falsas desmovilizaciones es del Estado en conjunto y no de uno que otro particular.
"Acá no sólo el tema de la reincorporación a la sociedad y vida civil y desmovilización es una circunstancia del alto comisionado para la paz, no, es una circunstancia de estado, es una política de Estado" dijo la juez.