Por su presunta participación en las irregularidades en el manejo de recursos para la construcción de viviendas de interés social dirigidas a damnificados del Magdalena por la emergencia invernal en el 2007, la Procuraduría General formuló pliego a tres alcaldes de municipios del Magdalena.
En la decisión se consideró que los mandatarios firmaron contratos de manera directa para la construcción de las viviendas con la fundación sin ánimo de lucro Fundamigos “al parecer vulnerando los principios de selección objetiva y responsabilidad”.
En este sentido se indica que según las pruebas recolectadas, la firma contratada pese a que no contaba con los requisitos para participar fue la seleccionada, el ente territorial hubiera escogido la mejor propuesta en condiciones de experiencia, capacidad técnica y financiera.
De otra parte, los entonces alcaldes de los municipios magdalenenses de Plato y Santa Bárbara no habrían adoptado las medidas necesarias tendientes a continuar inmediatamente con la ejecución del objeto del contrato de asociación, tras declarar la caducidad para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social rural por incumplimiento.
En la determinación se consideró que en estos convenios se incumplieron los deberes legales al liquidar los convenios suscritos incumpliendo los plazos fijados por la ley.
Por estos hechos tendrá que responder los entonces alcaldes de los municipios de Plato, Santa Bárbara y Pijiño del Carmen.