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Un mes después del plebiscito del 2 de octubre todo sigue en el aire. El resultado en contra del Acuerdo Final, firmado entre el Gobierno y las Farc, abrió una brecha por la que se han colado toda una serie de dudas sobre cómo redefinir los seis puntos del documento. En especial, los puntos de justicia, de participación política y de tierras. Bajo ese interrogante la Universidad del Rosario, la editorial Legis y el Instituto Libertad y Progreso (ILP) ofrecieron ayer un debate para señalar los desafíos que enfrenta ahora la justicia colombiana en este contexto.
¿Debe la justicia transicional estar dentro de la justicia ordinaria y del resto de instituciones, como lo propuso el Centro Democrático? O por el contrario, ¿debe actuar al margen de la Constitución del 91? Esta fue la pregunta que monopolizó la conversación entre el presidente del ILP (Instituto Libertad y Progreso) Juan Manuel Charry, en su rol de moderador, y los ponentes Claudia Medina, directora de CITpax Colombia; Augusto Ibáñez Guzmán, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; y Juan Carlos Forero, exvicefiscal general de la Nación y actual decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Medina expuso como opción viable “generar mecanismos de armonización” entre la jurisdicción interna y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), establecida en el Acuerdo de La Habana. “Soy partidaria de una justicia transicional dentro de la Rama Judicial, por razones prácticas, porque sería más eficiente así”, afirmó.
Para Claudia Medina “no debería romperse, ni sacrificarse, cómo los tipos penales y la jurisprudencia en Colombia han generado un diálogo con los estándares internacionales”. Pese a todo, admitió que el acuerdo “es ambiguo” sobre si aplicar el Tratado de Roma u otros de Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Lo que uno lee es que las Farc creen que si se les aplica el estatuto de Roma les irá mejor, pero tengo mis dudas”.
Por su parte, Augusto Ibáñez celebró que la base de negociación, pese a la incertidumbre en la que está sumida este “documento rodante”, fuera el DIH e indicó que “se deben respetar los precedentes internacionales, como los de Ruanda o Yugoslavia”. En su opinión, uno de esos precedentes en el que la guerrilla admite que el DIH es aplicable se dio en 2001 con el Acuerdo Humanitario, entre el entonces presidente Andrés Pastrana y las Farc, que consistía en un canje de secuestrados.
“En época de la Ley de Justicia y Paz -que ahora parece tan mala- hay que decir que están los estándares internacionales de los convenios de Ginebra. Si no gusta es porque no quieren entrar (Gobierno y Farc) en el foco de la justicia, pero se contradicen cuando dicen que el conflicto se soluciona por la justicia”, remarcó Ibáñez.
Juan Carlos Forero propuso que sea la Corte Suprema de Justicia precisamente la que ejerza esa función de moderación en el proceso de paz, que sea una “corte de casación”. “Si hace 4 años hubiésemos planteado la justicia transicional frente a la Constitución, tendríamos resultados diferentes. Podríamos tener una jurisdicción para la paz integrada en la jurisdicción interna”.
Respecto a esta función garante de la Corte Suprema de Justicia estuvo de acuerdo el expresidente de este órgano, Augusto Ibáñez Guzmán: “Que sea la cúpula judicial la que dé legitimidad al proceso y permita una mejor evaluación”, especificó.
En el tiempo de debate también hubo lugar para esclarecer cómo se tendría que limitar la libertad de los responsables, “entendiendo -como propuso el abogado Juan Manuel Charry- que debe haber sanciones”. Claudia Medina pidió superar el dilema “cárcel sí o no”, y más bien acudir a la aplicación de sanción genuina para “garantizar que haya una acción restauradora” que permita a la sociedad saber que esas personas desmovilizadas no volverán a repetir sus delitos.
Los ponentes Guzmán y Forero estuvieron en favor de esta propuesta de sanción genuina, pues no desdibuja la idea de sanción, sino que hace mayor hincapié en las acciones reparadoras: “Debemos pensar que la pena cumpla función retributiva, pero también restaurativa”.
“Las Farc no quieren una justicia de vencedor y vencido, pero lo que no puede pasar es que la vencida sea la justicia colombiana”, dijo a modo de conclusión el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez Guzmán. En este sentido, el decano Juan Carlos Forero solicitó “que no hagamos estas reformas (las del posconflicto) para olvidar la justicia ordinaria porque después de que se apliquen las sanciones, el juez más importante será el de proximidad, no el de la Corte Penal Internacional”.
Todo estuvieron de acuerdo en que el Tribunal de Paz debe estar más próximo a la justicia nacional, y que en lo concerniente a las penas para los infractores prevalezca menos el castigo y más la restauración de las víctimas. Las dudas siguen creciendo, mientras el presidente Santos ya ha alertado de la posibilidad de implementar el Acuerdo Final firmado con la guerrilla de las Farc a través del Congreso y no tramitarlo a través de una nueva refrendación. (Lea: Santos anuncia implementación de nuevo acuerdo vía Congreso, ¿no habrá refrendación?)