Justicia para las mujeres

Entre 2007 y 2011, cerca de 200 mil mujeres fueron agredidas por sus parejas.

En vez de regalos y discursos, ya trillados, el Gobierno les prometió a las mujeres en su día un sistema de justicia mucho más eficiente para que cuando denuncien agresiones y violaciones de las que han sido víctimas no se queden viendo un chispero. La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que se invertirán $4.363 millones en programas para el fomento de la equidad de género.

Asimismo se destinarán $3.000 millones para capacitar a cerca de 9.000 funcionarios judiciales en materia de atención a víctimas de violencia de género. De acuerdo con Medicina Legal, entre 2007 y 2011, por lo menos 232.362 mujeres fueron víctimas de agresiones por parte de sus parejas. Recientemente, la Defensoría del Pueblo reportó que en 62 municipios de 14 departamentos las mujeres se han visto expuestas a la violencia sexual.

Además se mejorará la atención de las 1.217 comisarías de familia que, en la mayoría de los casos, son las primeras en conocer de las denuncias que hacen las mujeres por violencia intrafamiliar y sexual. Del mismo modo, Correa les recordó a los comisarios de familia su deber de atender en menos de cuatro horas las denuncias que les llegan y de realizar en menos de 10 días las audiencias correspondientes para solucionar los conflictos que se presenten ente ellos.

Correa indicó que los comisarios de familia podrán ordenarle al agresor que desaloje la casa, mantenerlo “aislado de su familia, prohibirle esconder o trasladar los niños y personas con discapacidad. También podrán ordenar que el victimario se someta a un tratamiento terapéutico y que asuma el costo de la asesoría jurídica del caso”.

Cada dos meses, los comisarios de familia deberán rendir informe a las alcaldías y las víctimas podrán denunciar casos de negligencia por parte de las comisarías. La ministra concluyó diciendo que “la intimidación, el temor, la ignorancia, la pobreza, el analfabetismo, las distancias, la ocurrencia de hechos violentos, se constituyen en barreras para la atención. Resulta de vital importancia que los comisarios de familia comprendan la gravedad de estas formas de violencia y estén debidamente capacitados para atender a las víctimas”.

Por ello el Ministerio de Justicia, junto con la oficina de la alta consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas Michelsen, llevarán a cabo varios programas para la capacitación de los comisarios de familia. El objetivo es mejorar la atención de aquellos que salen “rajados” en dos informes de la Procuraduría, que El Espectador conoció, realizados el año pasado pero divulgados recientemente.

En ellos se denuncia que, en su mayoría, los comisarios de familia no tienen claros los procedimientos a seguir a la hora de atender las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género. Por lo menos 70% de las comisarías de familia no cuentan con la infraestructura adecuada y muchas de las denuncias por violencia contra las mujeres nunca son informadas a la Fiscalía.

El Ministerio Público señala como preocupante el hecho de que “durante 2010, las comisarías de familia en cerca de 30.000 casos de violencia intrafamiliar no hayan cumplido con la obligación de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía, generando la imposibilidad de que las víctimas accedan directamente a la justicia, y por consiguiente contribuyendo a perpetuar la impunidad de la violencia”.

En sus informes, la Procuraduría alerta que “el tema de los protocolos de atención integral en las comisarías no es claro, lo cual permite dudar sobre la aplicación de procedimientos básicos en la atención de las víctimas”. Y denuncia, además, “la inexistencia de la infraestructura adecuada, la ausencia del equipo interdisciplinar, o su presencia incompleta, condiciones para garantizar una atención integral. También evitar la revictimización y avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

A esto hay que agregar la preocupación que genera no saber la forma en que se concilian los casos de violencia contra la mujer en las comisarias. Sobre todo después de que los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria dejaran de ser querellables. A fin de cuentas, hay mucha desinformación al respecto.

El Ministerio Público es puntual y hace varias preguntas al respecto. “¿En qué circunstancias se concilió? ¿Cómo se realizó la conciliación? ¿Qué fue conciliado? ¿Se ha realizado el seguimiento a este tipo de conciliación? ¿Cómo fue manejado el delito de violencia al interior de la familia? ¿Fue garantizada la igualdad de las partes? ¿Resolvió la conciliación la situación de violencia denunciada? ¿La víctima estuvo conforme? ¿Cómo y quién garantiza los derechos a la víctima de no repetición y de reparación?”. Se espera que con las reformas que se le harán a las comisarías de familia estas preguntas puedan ser respondidas de mejor manera.

Además de estos dos informes, para la formulación de sus planes el Ministerio de Justicia tuvo en cuenta el Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia de género en Colombia, realizado por las Naciones Unidas en 2010 y en el que se denuncia que, de acuerdo con encuestas realizadas por esa entidad, 30 de cada 100 funcionarios en Colombia considera que a la violencia contra las mujeres se le da más atención de la que merece y que el 47% de los funcionarios encuestados cree que es común que las mujeres sean agredidas cuando no le hacen caso a su compañero.

Además, el 21% de los servidores públicos cree que las mujeres que se visten de forma “provocativa” se exponen a que las violen. Por su parte, el 12% de las funcionarias y el 23% de los funcionarios creen que la violencia se produce porque los hombres deben hacerse respetar. Esta es la forma, palabras más, palabras menos, en la que piensan muchos de los encargados de recibir las denuncias que hacen las mujeres por violencia intrafamiliar. Con este panorama, el Gobierno quiere darles a las mujeres un sistema mejor, no como un regalo en el Día de la Mujer, sino como un deber que sigue sin cumplirse.