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Eran las 6:00 de la mañana de ayer cuando un comando de 30 agentes de la Dijín ingresó al centro de servicios de los juzgados de Paloquemao en Bogotá. Se trataba de la primera vez que la Policía Judicial irrumpía en las oficinas donde se llevan la gran mayoría de procesos jurídicos en Colombia, todo para capturar a 11 personas, entre ellas dos jueces de garantías, que, al parecer, crearon una organización criminal que cobraba entre $500.000 y $100 millones —dependiendo del caso, su magnitud y la persona procesada se daba la tarifa— por direccionar procesos, desaparecerlos o favorecer con decisiones judiciales, como conceder libertades a personas investigadas por la Fiscalía.
Toda la operación, que se hizo con pinzas, compromete a Ricardo del Cristo Rodriguez, juez 26 de garantías; Francisco Jose Barbón Lopez, juez 38 de garantías; Anadelina Corredor, secretaria de despacho; Daniel Esteban Hurtado, estudiante de derecho, y los funcionarios del centro de servicios de los juzgados de Paloquemao, Alejandro Navas, Carmen Alicia Garzon, Jaime Eduardo Camargo, Javier Yesid Español, Marvi Quecano Urueña y Manuel Velazques Ayala.
Para evitar poner en alerta a los implicados, las órdenes de captura fueron emitidas desde Tunja (Boyacá) . Asimismo, tan pronto se empezaron a hacer las capturas, desde las 7 de la mañana se realizaron allanamientos en los despachos judiciales y casas de los jueces. En una de éstas se encontraron $11 millones que no pudieron ser justificados por el empleado judicial.
Al cierre de esta edición se efectuaban las audiencias de legalización de las capturas, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, donde se darían a conocer pormenores del modus operandi de esta banda, que al parecer podría vincular a abogados defensores, más jueces y otros funcionarios judiciales. “Esta primera fase abarca a estas once personas, pero la Fiscalía adelanta acciones simultáneas para determinar si existe o no la participación de más gente”, precisó el fiscal general, Eduardo Montealegre.
La fiscal 13 de la Unidad de Investigaciones contra funcionarios judiciales, Leonor Oviedo, procesará a estos 11 miembros de la Rama Judicial por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento publico, prevaricato con acción, concusión, cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias, que les significaría pagar hasta 20 años de prisión.
Esta historia se inició un año atrás, después de que un extraditable denunciara que había pagado $42 millones a estos funcionarios.
Inmediatamente las autoridades iniciaron las investigaciones, un excompañero de estas 11 personas se convirtió en el testigo estelar del ente investigador y empezó a contar uno a uno los detalles de cómo cometían estas irregularidades. Actualmente se encuentra por fuera del país y firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía para convertirse —junto con el testimonio del extraditable, los documentos recopilados y las pruebas técnicas de las autoridades— en parte del arsenal probatorio en contra de los jueces y demás involucrados.
Las autoridades señalaron que la estrategia para direccionar los procesos y favorecer a quienes pagaban por obtener beneficios jurídicos empezaba en la asignación de un juez en el centro de servicios que se hace, normalmente, por un sistema electrónico de rotación. Es decir, que el sistema elegía al juzgado encargado del expediente. Sin embargo, los funcionarios judiciales realizaban este procedimiento varias veces, hasta que el sistema arrojara el despacho de conveniencia. Según los registros hallados por las autoridades, hubo casos en que este sistema de rotación electrónica se realizó hasta 10 veces para amañar el proceso.
Después de que se lograba ubicar el expediente de la persona en el juzgado deseado, había dos opciones. La primera era que el juez de garantías a quien le llegaba el proceso tomaba decisiones en favor de los procesados al otorgar, por ejemplo, libertades o beneficios de casa por cárcel. Si no se lograba que en una primera instancia se resolviera el caso a favor de quien había pagado, se designaba un juez de segunda instancia —quien también estaría involucrado en el ilícito— para que encontrara vacíos jurídicos y así fallara a favor de los procesados.
Según indicaron fuentes cercanas al proceso, uno de los casos más conocidos fue el de la empresa eléctrica del Caribe, Corelca, un lío jurídico por tierras que habría pasado por las manos de estos funcionarios. También manifestaron que dentro de las investigaciones se estudia la posibilidad de que los administradores de justicia habrían emitido boletas falsas de libertad. Otra de las curiosidades es que se ha recordado que el juez 38 de garantías es conocido por su mazo, el cual desapareció de los estrados judiciales años atrás.
El fiscal general indicó que aún no se darán a conocer los casos que supuestamente fueron ‘manoseados’ por estos jueces y advirtió que “se trata de un hecho aislado y no generalizado dentro de la administración de justicia, caracterizada por su honestidad y su compromiso. Y el marco de duda que se teje sobre estos funcionarios no se puede extender”. Hasta el momento también se estudia la posibilidad de solicitar nulidad en los procesos en que participaron los jueces 26 y 38 de garantías.
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@santsmartinez