A finales de los años noventa en Chocó

La alianza paramilitar con los palmeros en el bajo Atrato chocoano

El Tribunal Superior de Medellín condenó a 10 años de prisión a Antonio Zúñiga, un empresario palmero que según la justicia se asoció con Vicente Castaño para despojar a comunidades del bajo Atrato chocoano para quedarse con sus tierras y expandir el cultivo de la palma de aceite.

El fallo indica que la operación militar Génesis facilitó el ingreso de las palmeras a la zona.Archivo El Espectador

Antonio Nel Zúñiga Caballero está desde 2007 en el radar de la justicia colombiana. El empresario samario y accionista mayoritario de la empresa Urapalma, en el bajo Atrato chocoano, fue señalado a principios de 2000 por los habitantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó (Carmen del Darién, Chocó) de estar asociado con los paramilitares. El Tribunal Superior de Medellín acaba de condenarlo teniendo mucho más que las denuncias. Lo sentenció a 10 años de prisión por desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica y, además, llegó a la conclusión de que quienes a la sombra se estaban lucrando del megacultivo palmero eran los Castaño.

La condena contra la cabeza visible de Urapalma forma parte de un macroproceso iniciado por la Fiscalía en 2007 y en el que se vincularon unas 90 personas por los desplazamientos que sufrieron los más de cinco mil habitantes de los consejos comunitarios desde 1996 hasta 2004, aproximadamente. En 2010, el ente investigador ordenó capturar a comisionistas de tierras cercanos al proyecto palmero paramilitar, como la hermana de crianza de los Castaño, Sor Teresa Gómez, y el exconcejal de Montería, Remberto Manuel Álvarez —ambos ya condenados—, y a funcionarios de las empresas palmicultoras como la propia Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmura, Palmas de Bajirá, Inversiones Agropalma & Cía. y Palmadó Ltda.

El más reciente fallo en contra de Zúñiga revocó la decisión emitida en marzo de 2014 por un juzgado especializado de Medellín, que absolvió al empresario de los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Para el Tribunal, el proyecto empresarial de los paramilitares contó con una colaboración especial de Zúñiga Caballero en la región de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Varias víctimas declararon ante la Fiscalía que Zúñiga era escoltado por paramilitares como alias Palillo, Gago y Diomedes. Incluso, según lo relatado por Mary Uribe Gómez, víctima de desplazamiento, su casa en Belén de Bajirá fue tomada a la fuerza para montar las oficinas de Urapalma.

La sentencia reiteró que la Operación Génesis, desarrollada por la Brigada XVII del Ejército en febrero de 1997, fue la punta de lanza para desplazar a miles de campesinos del bajo Atrato chocoano. Además, que la incursión militar liderada por el general (r) Rito Alejo del Río —condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un campesino— sembró el camino para la llegada de paramilitares y de empresas privadas que colonizaron ilegalmente sus tierras productivas con el objetivo de implementar proyectos agroindustriales de explotación de palma de aceite. Como fuera expulsaron colonos, asesinaron por donde pasaron o compraron bajo la amenaza de siempre: “O vende la tierra o se la compro a la viuda”. Por último, acudieron a notarías para “legalizar” la invasión de los terrenos.

El fallo trajo a colación una vez más la importancia de Sor Teresa Gómez en esta maquinaria del despojo, pues fue la encargada de darles visos de legalidad a estas maniobras. En 2003, la hermana de crianza de los Castaño, como representante legal de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), suscribió decenas de contratos de comodato con campesinos, que en el fondo terminaron siendo fachadas de apropiación ilegal de tierras. Este despojo tuvo otra característica: dejó entrever los nexos entre el paramilitarismo de la casa Castaño y el narcotráfico a través del caso de Asoprobeba, un predio de 1.000 hectáreas que hacía parte del consejo de Curvaradó que fue comercializado en la única notaría de Carepa (Antioquia) el 14 de diciembre de 2002.

En febrero de ese mismo año, un hombre llamado Hugo Bernal Molano, un militar que fue retirado de las Fuerzas Militares por probados nexos con el capo de capos, Pablo Escobar Gaviria, le compró el predio a su dueño, René Palacios. En teoría, esa tierra era colectiva, pero en esa época —recuerda el fallo— los notarios actuaban a su antojo. El negocio se cerró por $100 millones. Hace unos años una corte federal de EE. UU. requería a Bernal por narcotráfico y lavado de activos, ofreciendo US$5 millones por su captura. Volvió a la palestra pública como uno de los extraditables a quienes les fueron borrados sus antecedentes en el DAS por acción del ex jefe de informática y testigo estelar de la parapolítica, Rafael García. En marzo de 2007 fue detenido en Valencia (Córdoba).

Reuniones con “paras” y protección del Ejército

Con base en unos 50 testimonios, el Tribunal Superior de Medellín señaló que Antonio Zúñiga mantuvo reuniones con Vicente Castaño durante los 90. El abogado de Urapalma, Carlos Daniel Merlano, quien fue capturado en 2010 y se sometió a condena anticipada ese mismo año, confesó ante las autoridades que Zúñiga se veía frecuentemente con el líder paramilitar —de quien no se sabe nada desde 2006—. El abogado Merlano, según la Fiscalía, fue uno de los encargados de diseñar el entramado legal que les permitió a los empresarios hacerse a las tierras a través de una cadena de traspasos irregulares y creada exclusivamente para desarrollar el proyecto de Vicente Castaño.

En las 100 páginas de la sentencia del tribunal, varias víctimas y jefes paramilitares como Éver Veloza, alias H. H. señalaron que de 1997 a 2004 los miembros de la Brigada XVII del Ejército sabían de todos los movimientos de los palmeros y que incluso brindaron seguridad a las empresas palmeras. “No puede ser posible que ningún miembro de la Fuerza Pública ni funcionarios del Ministerio de Agricultura o de las notarías de la zona no tengan responsabilidades penales por estos hechos. En algún momento, la Fiscalía vinculó a un general del Ejército, pero las investigaciones en contra del uniformado nunca prosperaron”, aseguró Manuel Garzón, abogado de las víctimas de los consejos comunitarios.

En 2008, cuando la investigación contra Antonio Zúñiga empezó a hacerse visible, su hija María Fernanda Zúñiga Chaux se vio obligada a dimitir de su cargo como directora de la fiduciaria estatal Fiduagraria, a donde había llegado por decisión del entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Esa entidad también fue mencionada en la sentencia, aunque con relación a hechos anteriores a la llegada de Zúñiga Chaux: el Tribunal Superior de Medellín recordó que ese fue el organismo del Estado que se encargó de entregarles incentivos a las palmeras para que se expandieran en los años 90. Urapalma llegó a adquirir 14.000 hectáreas en el bajo Atrato, según un estudio del extinto Incoder.

La voz de las víctimas

La decisión tomada por el Tribunal Superior de Medellín, según el abogado Garzón, es un gran avance para los consejos comunitarios chocoanos de Curvaradó y Jiguamiandó. Alerta, sin embargo, que varios terrenos están siendo usados por ocupantes de mala fe en ganadería extensiva. “Además, desde hace varios años (esa población) sufre las amenazas y hostigamientos de grupos neoparamilitares. El 31 de mayo de este año en Curvaradó fue asesinado Duberney Gómez Echavarría, hijo del reclamante de tierras de ese consejo comunitario Rafael Truaquero y en mayo de 2012 Fanny Johana Truaquero Gómez, hija del reclamante de tierras también fue asesinada por estructuras neoparamilitares. Es claro que la situación no ha cambiado”, puntualizó el abogado.