A la cárcel exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno

Fernando Álvarez Morales es procesado por la celebración irregular de contratos para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

Redacción Judicial
25 de julio de 2017 - 09:27 p. m.
El juzgado consideró que el entonces secretario de Movilidad entregó el millonario convenio a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) pese a que está no cumplía con los requerimientos legales. / metroenbogota.com
El juzgado consideró que el entonces secretario de Movilidad entregó el millonario convenio a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) pese a que está no cumplía con los requerimientos legales. / metroenbogota.com

El juzgado 82 de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al exsecretario de Movilidad de Bogotá, Fernando Álvarez Morales, en el proceso penal que se le adelanta por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración de un millonario contrato para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). (Lea: SITP de Bogotá: ¿segundo capítulo del carrusel de la contratación?)

En el análisis jurídico, se advirtió que el procesado podría obstruir a la administración de justicia. Prueba de esto es una interceptación telefónica entre Álvarez y su hijo, cuando le llegó la citación a la audiencia de imputación de cargos. "El exsecretario de Movilidad le señala que hablarará con el respectivo ministro para hablar de la investigación".

Para el juez de caso esta insinuación representa una maniobra para intentar obstruir a la administración de justicia, hecho por el cual consideró que la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General era necesaria para proteger la integridad del proceso de cualquier tipo de afectación por parte del procesado. 

En su determinación, el juzgado consideró que el entonces secretario de Movilidad, durante la administración de Samuel Moreno Rojas, entregó el millonario convenio a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), pese a que está no cumplía con los requerimientos que exigia el pliego de condiciones para la ejecución del contrato.

En este sentido, se advierte que la Unad señaló que no contaba con los recursos, elementos físicos y humanos para ejecutar el mencionado contrato. Por esto tuvo que subcontratar con otras dos empresas, lo que representó un daño patrimonial. (Ver: Procuraduría pide enviar a la cárcel a exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno Rojas)

La ley, explicó el juez, señala que las entidades públicas, como la Unad, solamente pueden recibir contrarios únicamente cuando cuentan con la capacidad para cumplir los objetivos que exige el contrato.

Con la subcontración se fue en contravía de los principios de economía y optimización de los recursos. Su cargo le exigía vigilar el contrato y su ejecución, situación que no se presentó en la celebración del contrato 1229 de 2009 entre la secretaría y la Unad.

"Se benefició a un tercero con las adiciones que no tenían nada que ver con la contrato", aseguró el juez al hacer mención al hecho de que el secretario autorizó cuatro adiciones, lo que representó un aumento desproporcionado en el valor del contrato. (Ver: Exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno no aceptó cargos por irregularidades en contratación)

La Fiscalía General le imputó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Álvarez Morales se declaró inocente. (Ver: Las causas de la quiebra del SITP)

Fernando Álvarez Morales, exsecretario de Movilidad, fue enviado a la Penitenciaria La Picota de Bogotá. Su defensa presentó recurso de apelación en contra de la decisión. 

La historia 

Cuando el Distrito recibió las propuestas de las empresas que querían operar el SITP, se dio cuenta de que era necesario encontrar una firma que verificara los documentos que presentaron cada uno de los oferentes. Entonces, acordaron una ampliación por $3.000 millones del convenio que existía con la UNAD, para que se encargara de esa labor. La Universidad, sin embargo, no la ejecutó directamente, sino que designó a la firma Cited (encabezada por exfuncionarios de la UNAD, según fuentes cercanas al proceso). Esta tampoco realizó el estudio, sino que subcontrató a KPMG. Se pactó entonces un pago por $1.200 millones para realizar el análisis. (Lea: Los números rojos del SITP)

KPMG empezó a trabajar. Un equipo se trasladó a las instalaciones de Transmilenio, para acceder a los documentos que presentaron los oferentes y que estaban bajo custodia de la entidad. Instalaron cámaras, computadores y un grupo de 40 personas –entre abogados, ingenieros, contadores y administradores– evaluó las 53 propuestas (el análisis de cada una costó en promedio $24 millones).

Los investigadores de la Fiscalía descubrieron que a KPMG solo le pagaron $1.200 millones y que no fueron desembolsados por Cited sino por una tercera empresa que al parecer recibió una comisión del 3 %. Es decir, en toda la cadena (que comenzó en la Secretaría de Movilidad) se habrían quedado $1.800 millones en manos de empresas que no desarrollaron el objeto del contrato. Es por este hecho que se imputarán cargos a los tres exfuncionarios del Distrito.

La investigación del convenio 1229 es el abrebocas del que podría ser un nuevo capítulo del carrusel de la contratación: el caso SITP. En ese expediente también se investiga si cada uno de los operadores pagaron hasta US$1 millón para ser parte del sistema o si hubo otras irregularidades alrededor de la adjudicación de esos contratos. También se intenta establecer si, además de la operación de los buses zonales, hubo irregularidades en los contratos para el recaudo del sistema. Con estas acciones no solo se habría puesto en juego el dinero público, sino el sistema de transporte de 8 millones de habitantes de la capital del país, que está a punto de colapsar, según señalan las investigaciones, porque desde su inicio, desde su misma licitación, estuvo viciado.

Por Redacción Judicial

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