:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/sEpYDNuQh3cXP5c4m6rP_t9PkZo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/3L3XVDXQ6RBCTNN7PUDJEBIVOI.jpg)
El juez 81 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al fiscal de la unidad anticorrupción, Óscar Javier Martínez Monterroza y el abogado Larry González Pope en el proceso penal que se les adelanta por presuntamente haberle exigido $70 millones al alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa para archivarle una investigación por irregularidades en contratación.
El funcionario judicial aceptó los argumentos presentados por la Fiscalía General, que consideró que se debe salvaguardar la integridad del proceso. Por esto la medida privativa de la libertad es poder necesaria puesto que los procesados podrían afectar y manipular las pruebas recolectadas, así como presionar a los testigos.
En este sentido le dio validez a la denuncia presentada por Óscar Queesep, padre del alcalde de Sincelejo, quién aseguró que en diferentes llamadas telefónicas y encuentros el abogado González le manifestó la necesidad de la entrega del dinero para cerrar las pesquisas en la Fiscalía.
El jurista le aseguraba que tenía el contacto que podía archivarle la investigación por las irregularidades en la celebración de contratos para otorgar tratamientos a enfermos mentales y las fallas en los convenios para el Plan de Alimentación Escolar en la región. La propuesta consistía en que entregando ese dinero su nombre se borraría de cualquier tipo de investigación.
González le aseguraba que su enlace en la fiscalía general le pedía que entregaran la suma acordada lo más rápido posible para iniciar los trámites. Pese a que Queesec le pidió rebajar "la tarifa" a $50 millones el jurista le indico que el fiscal anticorrupción no aceptaba.
En otras comunicaciones posteriores le manifestó que existían problemas para actuar puesto que en días anteriores habían capturado al jefe de la unidad anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Situación que no le gustó al padre del mandatario de la capital de Sucre.
La Fiscalía General les imputó los deltos de concusión (solicitud de sobornos) y concierto para delinquir. Los dos poocesado se declararon inocentes de los hechos materia de investigación. El fiscal y el abogado serán enviados a la cárcel La Picota de Bogotá, sus abogados defensores presentaron recurso de apelación en contra de la decisión.