En el gobierno de Virgilio Barco

La emboscada de las Farc que hizo trizas un sueño de paz

El 16 de junio de 1987, dos columnas de las Farc emboscaron un convoy militar y causaron la muerte de 26 militares. Ese hecho marcó el fin del proceso de paz que se había iniciado en tiempos de Belisario Betancur y que alcanzó el cese al fuego en 1984.

Uno de los miembros del Ejército en frente de los féretros que dejó la emboscada de las Farc. / Archivo El Espectador

Por estos días Colombia es testigo de la dejación de las armas que las Farc tuvieron en su poder por más de medio siglo. Hace 30 años, sin embargo, la escena era la opuesta: los colombianos eran espectadores del fin de una tregua que buscaba ponerle punto final a la guerra. Y fue justamente el 16 de junio de 1987 cuando ese cese el fuego se hizo trizas, tras una emboscada de las Farc en el Caquetá. Un hecho que dio al traste con el proceso de paz que inició Belisario Betancur y que el gobierno de Virgilio Barco intentaba sostener. Un capítulo que hoy hace parte de la memoria de un país sin memoria.

Fue un martes, al caer la tarde, cuando un convoy de dos camiones F-600 que transportaba militares del Batallón Cazadores del Ejército fue blanco de una emboscada tendida por guerrilleros de los frentes 14 y 15 de las Farc, que colocaron cantinas con explosivos sobre la vía que de Puerto Rico conduce al municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Cuando el convoy llegó al sitio, la explosión produjo que uno de los camiones se volcara. La situación fue aprovechada por la guerrilla para acribillar de manera indiscriminada a los uniformados, quienes fueron atacados con granadas de fragmentación y tiros de fusil.

Los uniformados que se desplazaban en el segundo camión reaccionaron y lograron salvar algunas vidas. Las víctimas del asalto fueron, en su mayoría, jóvenes reclutas provenientes de Bogotá, Mosquera y Soacha, que por esos días cumplían su servicio militar en esta compleja zona del país. “La Comisión de Verificación no pudo ponerse de acuerdo frente a ese y otros hechos recientes, porque no había voluntad ni confianza de las partes y cada quien aprovechaba la tregua para ganar posiciones. Finalmente, las Farc perpetraron el ataque en el Caquetá”, recordó a El Espectador, Carlos Ossa Escobar, entonces consejero de paz del gobierno de Virgilio Barco.

El tenso escenario político

En la agonía de su mandato, el presidente Belisario Betancur, marcado entre otros hechos por el cruento desenlace del holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, se había jugado su última carta de paz el 2 de marzo de 1986, cuando acordó con las Farc la prórroga del cese el fuego logrado dos años antes en La Uribe (Meta). También dispuso que la Unión Patriótica (UP) participara por primera vez en un proceso electoral ese mismo mes de marzo. La UP obtuvo 14 curules en el Congreso, pero casi de inmediato los elegidos comenzaron a ser aniquilados. Ante la perspectiva de la primera elección popular de alcaldes en 1988, el movimiento político hacía desesperados esfuerzos para que no siguiera siendo estigmatizado como el brazo político de las Farc.

Cuando el presidente Virgilio Barco asumió el poder, designó como consejero de paz a Carlos Ossa Escobar y, entre sus primeras acciones, junto a varios de sus colaboradores, concretó un encuentro en Caquetá con el jefe guerrillero Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy —quien moriría en 2010 en un bombardeo militar—, para evaluar la complicada situación de orden público en ese departamento. A pesar de la tregua, la violencia estaba al orden del día. Aunque llegaron a tenues pactos, el escenario era cada vez más tenso y el país político vivía una polarización extrema. Entre los entendidos prevalecía la certeza de que la ruptura de la tregua era inminente.

A finales de abril de 1987, con el propósito de atenuar las tensiones, el jefe de Estado expidió el decreto 750 que ordenó crear un tribunal especial de instrucción para investigar la oleada de asesinatos de los dirigentes de la UP. Sin embargo, a pesar de que la iniciativa fue apoyada por los partidos políticos, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, pues argumentó que no se adecuaba a la estructura de la Rama Judicial. La sumatoria de esta y otras complicaciones fue acercando el pretexto para romper la tregua. El florero de Llorente terminó siendo el ataque de las Farc del 16 de junio de 1987.

La cruenta terminación de la paz

“Nos faltó crear un ambiente oportuno e idóneo entre las Farc y el Gobierno y, también nos hizo falta crear un ambiente de confianza que nunca se pudo lograr entre las partes y se deterioró con el cambio de presidente. Todo se vio afectado por la violencia contra los miembros de la UP. Creo que detrás de todo prevaleció un sentimiento de profundo anticomunismo”, insistió el exconsejero Carlos Ossa Escobar. Aquel 16 de junio de 1987, el saldo del ataque no dejó espacio a una nueva oportunidad. Fueron 27 víctimas mortales, entre ellas un civil, y 42 heridos. Una elevada cifra que marcó el día en que se terminó el accidentado cese el fuego suscrito en marzo de 1984.

El Batallón Cazadores, una de las unidades más antiguas del Ejército Nacional, cumplía ese día labores de contraguerrilla y desarrollaba avances de un programa cívico-militar relacionado con la apertura de vías, caminos veredales, construcción de puentes, escuelas y centros de salud. Por eso, al día siguiente del atentado, el entonces ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, rechazó lo sucedido y señaló como responsables a los frentes de la guerrilla que le habían prometido al consejero de paz el respeto a la tregua y el fortalecimiento de las comisiones de verificación.

Por su parte el presidente Virgilio Barco, que ya no sabía cómo proceder ante tantos asesinatos de miembros de la UP, y que simultáneamente tenía múltiples presiones para finiquitar un proceso de paz sin suficientes dolientes, lanzó públicamente la declaratoria que convirtió los acuerdos de tregua en asunto del pasado. “Sobra decir que, en cualquier parte del territorio nacional en donde la Fuerza Pública sea atacada, el Gobierno entenderá que en esa zona ha terminado el cese al fuego, como ha ocurrido en el caso del Caquetá”. El ultimátum fue definitivo. A pesar de que la consejería de paz intentó reparar el camino, tomó 30 años para que las Farc depusieron las armas, como se vio esta semana en La Elvira (Cauca).