La Gobernación del Cesar se salva de pagar $2.300 millones

La Gobernación no deberá pagarle los $2.300 millones al contratista y, además, este último tiene todavía la obligación de devolverle los $22 millones que le pagaron antes de este lío jurídico. / Cortesía.

El Consejo de Estado acaba de salvar a la Gobernación del Cesar de la obligación de pagarle a uno de sus contratistas $2.300 millones por cuenta de un contrato celebrado hace 18 años. La sentencia, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno, ratificó la decisión por medio del cual la Sección Tercera, de ese mismo tribunal, había declarado nulo el contrato celebrado por el ente territorial que obligaba a pagar esa suma de dinero.

La historia de este lío jurídico comenzó en 1999, cuando la Gobernación del Cesar contrató un servicio de asesoría legal en varios procesos, entre ellos, el de la privatización de la empresa pública Electrocesar S.A. y, además, por el cobro de los dineros derivados de la emisión de una estampilla de Universidad de Cartagena.

Posteriormente, en octubre del 2000, el ente territorial y el contratista elaboraron un acta de liquidación del contrato en la cual se establecía que, gracias al trabajo del abogado, al departamento le reconocieron derechos patrimoniales por más de $23.000 millones, lo que, para el contratista significaba, que tenía derecho a recibir $2.300 millones.

Sin embargo, la Procuraduría demandó el contrato ante el Consejo de Estado y el alto tribunal declaró nula la liquidación y le ordenó al contratista a que le devolviera a la Gobernación $22 millones que ya le habían pagado.​

El abogado interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, alegando que la liquidación debía mantenerse tan como se hizo porque el alto tribunal no tenía la competencia para declarar la nulidad de un contrato. 

Después de realizar el estudio correspondiente, la Sala Plena del alto tribunal concluyó que la Sección Tercera sí tenía elementos suficientes para declarar la nulidad tanto del contrato como de la liquidación. Así las cosas, la Gobernación no deberá pagarle los $2.300 millones al contratista y, además, este último tiene todavía la obligación de devolverle los $22 millones que le pagaron antes de este lío jurídico.