La historia de los posibles despojos de Otto Bula en los Montes de María

Dos fallos de dos tribunales distintos cuentan cómo Otto Bula llegó a negociar tierras de campesinos en una región afectada por la guerra. Una de las sentencias dice que Bula se aprovechó de gente vulnerable.

María José Medellín Cano - Diana Durán Núñez / @Majomedellinc - @dicaduran
22 de abril de 2017 - 09:13 p. m.
El excongresista Otto Bula / Archivo
El excongresista Otto Bula / Archivo

El exsenador liberal Otto Bula está metido en un lío colosal desde que fue capturado el pasado 14 de enero en Bogotá a raíz del escándalo de corrupción de Odebrecht. Sus problemas se agrandaron desde que se supo que le había contado a la Fiscalía que la constructora brasileña le envió casi un millón de dólares en 2014 a Roberto Prieto, entonces gerente de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. A partir de ese momento, todos los pecados que Otto Bula quizá cometió -todavía no se sabe- salieron a flote, incluyendo un supuesto despojo de tierras que la justicia apenas empieza a tratar de dilucidar.

Bula no está siendo investigado aún de manera formal. Sin embargo, desde que la Fiscalía embargó el pasado 20 de febrero más de 30 bienes que estaban a su nombre y de su esposa Carmen Luz Hoyos Abad, incluida su empresa Agropecuaria El Central, el organismo investigativo dejó saber un dato llamativo: que Bula, a través de Agropecuaria El Central, había comprado por lo menos 433 hectáreas en los Montes de María, una zona convulsionada por la guerra. Más importante aún, su nombre figura en dos fallos de restitución de tierras, en los cuales se lee que las propiedades, ubicadas en la zona de El Carmen de Bolívar, terminaron en manos de la cementera más grande del país: Argos.

Primer fallo

Lo emitió el Tribunal Superior de Cúcuta el 16 de febrero de 2016. El demandante es el campesino Uriel Lambraño Carmona, quien recibió con subsidios del Incora una parcela en 1996 en un sector llamado Borrachera, en El Carmen de Bolívar (Montes de María). Lambraño y su compañera, Neibis Barrios, vivían de lo que la tierra daba, pero en 1997 empezaron a ver que hombres armados rondaban la región y en 1999 la amenaza se tornó directa: asesinaron a tres de sus vecinos. Luego, en el año 2000, vino la masacre de más de 60 personas en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar. Lambraño y su mujer huyeron hacia Sincelejo.

El lote que había recibido Lambraño formaba parte de 11 parcelas adjudicadas a campesinos como él. En la demanda se indicó que, en 2008, todos esos terrenos fueron vendidos “al señor Otto Nicolás Bula Bula”. Lambraño contó que el precio que pactó fue $23 millones, pero que sólo recibió $7 millones. “Adujo el solicitante que vendió el predio porque le dijeron que si no vendía iba a perder la tierra, pues el comprador iba a tomar posesión de los predios y no tendría acceso al suyo, negocio que no fue registrado en el folio de matrícula inmobiliaria”. En octubre de ese año, el Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada de El Carmen de Bolívar autorizó que el bien pasara a manos de Bula.

La tierra, sin embargo, no terminó al final en manos de Bula, sino de una mujer llamada Luz Helena Pérez de Mora. En febrero de 2010 se consignó en escritura pública que Uriel Lambraño vendía su parcela a Luz Helena Pérez, y el valor que se anotó fue uno distinto al que Lambraño dijo haber negociado: $64 millones en vez de $23 millones. Sin autorización del Comité de Desplazados, señaló la demanda, Luz Helena Pérez le vendió la tierra a Cementos Argos en noviembre de ese mismo año por $47 millones, con una supuesta autorización. Pero el Comité de Justicia Transicional de El Carmen de Bolívar dijo que no hay copia de ese acto administrativo en sus archivos.

Luz Helena Pérez es la esposa de Raúl Mora Abad, otro reconocido comprador de tierras en los Montes de María, ganadero antioqueño y criador de caballos. Un parentesco relevante para esta historia si se tiene en cuenta que en el segundo fallo donde Bula aparece de nuevo el procedimiento fue igual: la tierra se negoció con Otto Bula, pero quien la compró fue Ana Patricia Serani Toro, esposa de Raúl Andrés Mora Pérez, hijo de Raúl Mora Abad y Luz Helena Pérez. Ellos cuatro eran la junta directiva de Agropecuaria Montes de María, empresa que compró no menos de 22 predios en los Montes de María, que sumaban unas 845 hectáreas.

En septiembre de 2012, Uriel Lambraño presentó ante la Unidad de Restitución de Tierras la solicitud para inscribir su predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas.

Segundo fallo

Lo produjo el Tribunal Superior de Cali el 18 de agosto de 2016. El demandante fue Edilberto Fúnez, vecino de Uriel Lambraño, otro de los 11 campesinos que negoció con Otto Bula. Fúnez, al igual que Lambraño, abandonó El Carmen de Bolívar luego del asesinato de tres habitantes de la región y de la masacre de El Salado; se fue desterrado por el miedo con su esposa y sus cuatro hijos a Corozal (Sucre) en 2000. Cuatro años más tarde, igual que se reseñó en el caso de Lambraño, la zona rural donde estaban estos predios fue declarada en estado de desplazamiento forzado, lo que significaba que en esa área sólo se podían vender tierras con autorización del Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada.

Según la demanda que llegó al Tribunal de Cali, a Fúnez le pasó lo mismo que a Lambraño: le prometieron un dinero ($23 millones) y le pagaron menos ($14 millones). También le dijeron que, si no vendía, igual tomarían posesión de su predio. En 2008 se autorizó que la tierra pasara a manos de Bula, pero en 2009, igual que en el caso Lambraño, quien terminó con el lote no fue Bula, sino Ana Patricia Serani Toro. La transacción se registró igualmente por $64 millones. Serani acreditó una autorización para luego venderle el predio a Cementos Argos, pero, de nuevo, en los registros de la Secretaría Técnica del Comité de Justicia Transicional de El Carmen de Bolívar no existe esa resolución.

Ana Patricia Serani le vendió el predio a Cementos Argos en la misma fecha y notaría que lo hizo Luz Helena Pérez de Mora: noviembre de 2010, Notaría 29 de Medellín. El valor fue casi el mismo: $48 millones. Dos años más tarde, Edilberto Fúnez presentó ante la Unidad de Restitución de Tierras la solicitud para inscribir su predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas.

La respuesta de Argos

Consultados por El Espectador con respecto a este tema, voceros de Argos señalaron lo siguiente: “El grupo empresarial Argos manifiesta que no tuvo relación alguna con el señor Otto Bula en los procesos de adquisición de tierras en los Montes de María. El señor Bula no figura como comprador, vendedor, poseedor o tenedor de predios en las operaciones de adquisición de tierras que adelantamos”. Y agregaron: “Según han manifestado medios de comunicación, el señor Bula tenía vínculos con la familia Mora de Medellín. Algunos miembros de la familia Mora vendieron a Argos tierras para proyectos forestales. Las relaciones (…) fueron únicamente con la familia Mora”.

En ambos fallos Argos expuso que no se oponía a la restitución de las tierras de este par de familias campesinas “en cuanto se establezca que fue(ron) víctima(s) del conflicto armado y que sufrió despojo del inmueble”. Ante el Tribunal Superior de Cúcuta, la empresa arguyó: “Cementos Argos no supo, ni tuvo cómo suponer, que en el año 2010 aún había personas enajenando sus propiedades motivadas por el temor o la violencia, dado que era época ya era calificada como posconflicto”. Le dio el mismo argumento al Tribunal Superior de Cali, señalando, además, que desconocía “los móviles” de los demandantes para haber vendido sus propiedades.

Argos señaló que en las sentencias de los tribunales de Cúcuta y de Cali las negociaciones con Otto Bula “no le consta(n) a la compañía, ni puede verificarse en los certificados de tradición y libertad de dichos predios, pues en éstos no aparece registrada operación alguna entre los reclamantes y el señor Bula”. Sobre los Mora, Argos indicó: “Cuando llegamos a la región de Montes de María con el fin de adelantar un proyecto forestal que contribuyera al desarrollo y la reconstrucción de tejido social, se nos acercaron muchos propietarios de predios, entre ellos la familia Mora. Les compramos tierras a distintas personas, no sólo a ellos. Antes de estas compras de tierras no habíamos tenido ninguna relación comercial con esta familia, no conocíamos sus negocios ni a qué se dedicaban en la región”.

Lo que dijeron los jueces

En ambos casos, además, pasó algo particular: los reclamantes quisieron desistir de la demanda. En los dos procesos, sin embargo, los jueces concluyeron que no podían aceptarlo, pues habían sido ellos mismos, los campesinos, quienes habían narrado ante la Unidad de Restitución de Tierras bajo qué condiciones y circunstancias habían abandonado sus tierras y las habían vendido. Según los jueces, renunciar a los procesos era renunciar a “la verdad, a la justicia y a una reparación integral”. En total, Agropecuaria Montes de María, representada por Raúl Andrés Mora -esposo de Ana Patricia Serani e hijo de Luz Helena Pérez- prometió venderle a Argos 18 predios en El Carmen de Bolívar en 2009.

El Tribunal Superior de Cali señaló que “si bien la entidad fiduciaria mencionada (Fiducor, administradora del fideicomiso de Argos) no observó una buena fe exenta de culpa, no actuó tampoco de mala fe”. Restituyó la tierra a su dueño original, así como lo hizo el Tribunal de Cúcuta. Este último, sin embargo, señaló que los argumentos “aducidos como soporte de la buena fe exenta de culpa (de Argos) no son de recibo”, pues, por ejemplo, “no se evidenció que se haya adelantado diligencia positiva alguna a efecto de analizar la tradición del bien para verificar justo título por parte de Luz Helena Pérez”.

El Tribunal de Cúcuta fue mucho más contundente a la hora de referirse a las actuaciones de Otto Bula en estos negocios de tierras: “Aprovechando la situación de violencia -reza la sentencia- que azotó el municipio, y que sus pobladores tenían temor de retornar, aparecieron en la región, a través de testaferros, personas jurídicas y naturales con el ánimo de concentrar masivamente tierra para grandes proyectos macro-industriales; entre ellos los señores Otto Bula, Raúl Andrés Mora Pérez y Luz (Helena Pérez de Mora), accionistas y miembros de la junta directiva de la sociedad Agropecuaria Montes de María”.

Los jueces comprobaron que las compraventas estuvieron plagadas de irregularidades, como la ausencia de las autorizaciones del Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada para transferir los bienes, “instrumento que era obligatorio aportar dada la naturaleza de la medida de protección que cobijaba el predio” por hallarse en zonas declaradas en estado de desplazamiento forzado desde antes de las compraventas. “El señor Otto Bula y la señora Luz Helena Pérez se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y de inferioridad en la que se encontraba (Uriel Lambraño)”, dijo el Tribunal de Cúcuta. Circunstancia tomada como ventaja por ambos para “acrecentar su patrimonio”.

En 2012, cuando la Fiscalía empezaba a indagar por Otto Bula y sus propiedades, el exsenador liberal le pidió al organismo que lo escuchara en versión libre. Declaró que sus ingresos mensuales habían llegado a ser de $70 millones por el negocio familiar que manejaba -unas tiendas de abarrotes de nombre El Impacto-, por ser productor de leche y carne. La Fiscalía le preguntó entonces por sus múltiples transacciones inmobiliarias, que iban más allá de las compraventas en los Montes de María. Bula manifestó que se había dedicado a comprar “tierras perdidas para volverlas productivas”.

El Tribunal Superior de Cúcuta le envió su fallo a la Fiscalía para pedirle que investigara, desde lo penal, cómo se había dado este “despojo jurídico”. Ha pasado más de un año desde esa compulsa de copias sin que se hayan abierto investigaciones por este tema contra personas como Otto Bula -quien ya fue llamado a juicio por Odebrecht- o Luz Helena Pérez. “Le vendí al señor Otto Bula, pero no me sentí presionada, sino que ajá, tenía que salir de ahí, ya habían matado a mi hijo y a una nieta. ¿Qué iba a hacer yo sola?”, le contó a El Espectador Elsa Arrieta, otra víctima de la guerra en los Montes de María que se desplazó luego del asesinato del hijo que vivía con ella en su finca, el 4 de abril de 2006.

Ella tiene 82 años y está enferma de la presión y el corazón. Cuenta que a Otto Bula nunca lo conoció, que el intermediario fue Raúl Mora. “Mi mamá dice que no la presionaron porque no había alguien exigiéndole de frente, pero ella no ve que era una mujer de edad rodando de un lado a otro, sin tener dónde vivir. Tiene 82 años, casi no puede ni andar. Y estaba traumatizada por la muerte de mi hermano. Eso también es negociar bajo presión”, dice una de las hijas de Elsa Arrieta, quien prefirió omitir su nombre al público por seguridad. Ellas empezaron el proceso con la Unidad de Tierras hace casi tres años, y esperan que su historia tenga el mismo final que la de Uriel Lambraño y Edilberto Fúnez: restitución.

Por María José Medellín Cano - Diana Durán Núñez / @Majomedellinc - @dicaduran

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