La justicia, ante la tentación política

El holocausto del Palacio de Justicia ha sido el golpe más lesivo a la justicia colombiana en toda su historia. Once magistrados perecieron. / Archivo El Espectador.

El escándalo judicial por el anuncio de investigaciones a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente enredados en dudosos manejos de expedientes y de influencias y actos de corrupción, tiene al país deliberando sobre la crisis que hoy se advierte en el poder judicial, a tal punto que no han faltado voces que reclaman una constituyente para resolverla. Los entendidos afirman que el problema empezó cuando la Carta Política de 1991 dio a los magistrados la opción de intervenir en la elección de funcionarios de alto nivel. Sin embargo, la historia también explica los extravíos de la justicia. (Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

Si bien antes del plebiscito de 1957 el nombramiento de magistrados tenía origen político, después de la consulta “se rompió la influencia directa de los órganos de elección popular y los partidos políticos en la conformación del poder judicial”, aunque se respetó la paridad impuesta en el Frente Nacional, como afirma el catedrático y constitucionalista Rodrigo Uprimny. Pero no fue suficiente ante el aumento de la violencia y la corrupción, cuyos gestores entendieron que, para consolidar sus tentáculos, era preciso incidir en la justicia, que siguió sujeta al manejo presupuestal desde el Ejecutivo.

En buena medida, cuando cayó el telón del Frente Nacional, esos dilemas fueron los que intentó resolver el gobierno de Alfonso López Michelsen cuando logró que el Congreso aprobara el acto legislativo 02 de 1977, que convocaba a una constituyente para modernizar la justicia y el régimen territorial. Pero en mayo de 1978, la Corte Suprema tumbó la iniciativa por errores de forma. Tras bambalinas se dijo que lo había hecho para impedir la creación de la Corte Constitucional. Vía Congreso, Julio César Turbay emuló la fórmula en 1979, pero sin constituyente. En noviembre de 1981, la Corte volvió a tumbarla.

En ese momento, al dilema de la confrontación contra la insurgencia se sumaban el paramilitarismo y el narcotráfico. El Estatuto de Seguridad, creado en 1978 para encarar a los violentos, no pudo reducirlos y la oficialidad cayó en excesos que derivaron en crisis de derechos humanos. Ese fue el enrevesado contexto que recibió Belisario Betancur en 1982, en medio de su prisa por la paz y forzado a mostrarle los dientes al narcotráfico. La respuesta de la mafia fue extender sus redes de corrupción, especialmente entre los políticos y la Fuerza Pública, y atacar a los jueces y magistrados.

Los administradores de justicia comenzaron a ser asesinados por su intento de aplicar la ley. Después la mafia buscó infiltrar las corporaciones judiciales para incidir en sus fallos. Una fuente recuerda cómo el magistrado de la Corte Alfonso Reyes Echandía intervino para impedir que el abogado Juan Fernández Carrasquilla, quien tiempo después fungió como abogado de los capos del cartel de Cali, llegara a ese alto tribunal. El narcotráfico también tenía claro que parte de su éxito era reclutar connotados juristas para su defensa. Cuando no operaban los argumentos, el plan B eran sus sicarios.

El punto culminante de este capítulo sombrío fue el holocausto del Palacio de Justicia. Judicialmente, nunca se probaron nexos entre el M-19 y la mafia para la toma insurgente, pero siempre fue claro que los Extraditables desarrollaron una campaña sistemática de amenazas a los magistrados de la Corte Suprema para que tumbaran la extradición. El 6 y el 7 de noviembre de 1985 fue descabezada la cúpula del poder judicial, murieron 11 de sus magistrados titulares y fue incendiado el templo de la justicia. Ocho meses después fue asesinado el magistrado sobreviviente Hernando Baquero Borda.

En los siguientes años, hasta la Constituyente de 1991, se acentuó un incipiente activismo judicial que creó controversia con los poderes públicos. El abogado Rodrigo Uprimny refiere, por ejemplo, que en enero de 1988, días antes de que el presidente Virgilio Barco expidiera el primer estatuto antiterrorista, criticó públicamente la evolución de la Corte Suprema en su jurisprudencia, según él porque reducía la capacidad del Ejecutivo para tomar medidas excepcionales de orden público. La recurrente figura del Estado de sitio, que tenía sus días contados, mientras la justicia daba visos de independencia.

Un escenario que lo prueba es el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando surgió en el contexto de que la Rama Judicial regentara sus destinos y fuera filtro eficaz para integrar juzgados y tribunales, la iniciativa recibió aplausos. Pero los políticos entendieron que también era un territorio viable para expandir sus influencias. De esta manera, mientras la Corte Constitucional les daba vida a nuevos derechos, al Consejo de la Judicatura llegaban abogados sin mucha sapiencia administrativa pero protagonistas de escándalos. Entre otros entuertos, se activó la puerta giratoria del “yo te elijo, tú me eliges”. La fórmula expedita para pasar de una corte a otra gracias al trueque de favores en la designación de magistrados.

“No es que antes de la Carta de 1991 no existieran funcionarios judiciales indelicados, pero no se hablaba tanto de tráfico de sentencias como ocurre hoy”, comentó un exconsejero de Estado. Pero era tal la distancia que se tenía antes con el poder político que, por ejemplo, cuando Belisario Betancur expidió la emergencia económica y envió unos libros de jurisprudencia a cada magistrado, estos los devolvieron en una caja. “No se dejaban hablar. Se pronunciaban sólo por sus providencias”.

Otro apartado es la Fiscalía. Por estos días celebró sus 25 años con bombos y platillos, pero poco se recordó la notoria influencia de la política en sus avances y retrocesos. Al primer fiscal, Gustavo de Greiff, le adelantaron la salida en 1994, después de dos años de gestión, y le aplicaron la edad de retiro forzoso por las presiones del gobierno Gaviria y Estados Unidos. Su sucesor, Alfonso Valdivieso, sólo cumplió tres años de mandato porque, embelesado por los cantos de sirena del Proceso 8.000, se desprendió del mástil de la Fiscalía para hundirse en las aguas de la política, seducido por la idea de ser presidente.

El primer fiscal que cumplió su período fue Alfonso Gómez Méndez, quien intentó ser la piedra en el zapato del proceso de paz de Andrés Pastrana, hasta que el jefe de Estado le recordó que él era quien tenía la potestad de hacer la paz o la guerra. La mayoría de lo que aportó, sobre todo en ofensiva contra el paramilitarismo, lo deshizo su sucesor, Luis Camilo Osorio, enclave de la casa Pastrana. Después el turno fue para Mario Iguarán, que llegó del Viceministerio de Justicia con el aval de haber sido redactor del proyecto de Justicia y Paz con el que el gobierno Uribe negoció con los grupos de autodefensa.

Lo que vino después resume el activismo judicial, la politización de la justicia, la judicialización de la política o todas las anteriores. En uso de sus facultades, el gobierno Uribe presentó a la Corte su terna para elegir al sucesor de Iguarán. El alto tribunal la rechazó y también los ajustes que quiso hacer Uribe para superar el escollo. Por efecto de la parapolítica, Gobierno y Corte libraban una pelea aparte, en la que incluso el DAS puso micrófonos en la Sala Plena. Sólo cuando Uribe se fue, la Corte escogió de la terna del presidente Santos. En el interregno oficiaron Guillermo Mendoza y Martha Lucía Zamora.

Al final fue elegida Viviane Morales, pero cuando empezó a ser incómoda para un sector de la política, el Consejo de Estado la tumbó por una acción de nulidad. Apenas estuvo un año en el cargo. La reemplazó Eduardo Montealegre, inicialmente para que terminara el cuatrienio 2009-2013, pero convertido en aliado incondicional del proceso de paz de la era Santos, el Consejo de Estado le amplió su período hasta 2016. En otro frente paralelo, el mismo tribunal se lo recortó al procurador Alejandro Ordóñez, quien en 2012 había utilizado la misma fórmula del intercambio de favores para hacerse reelegir.

En la trasescena del problema, la justicia realiza enormes esfuerzos en diversos campos y jurisdicciones, aporta luces para la protección de la autonomía personal o las minorías étnicas y culturales, pero en su estructura penal vive cruzada por una crisis que parece insoluble, con un sistema penitenciario desastroso, que pasa por encima de cualquier esquema de derechos humanos, y un modelo acusatorio importado basado en la negociación de las penas, con la consecuente tentación de estar acomodando las normas para atraer a los grupos ilegales a través de laxas políticas de sometimiento.

Los decretos de Estado de sitio que le permitieron a Pablo Escobar entregarse el mismo día que la Constituyente prohibió la extradición, para seguir delinquiendo desde la cárcel de la Catedral; la Ley 81 de 1993, para extender beneficios similares a otros narcos; las nefastas Convivir, para que los paramilitares encontraran una mampara del Estado con la cual eludir también su condición de narcos, o la Ley de Justicia y Paz, que prometió verdad, justicia y reparación para las víctimas, pero sólo dejó un legado de falsos testigos y la génesis de bandas criminales que esperan una dádiva judicial para saldar cuentas.

Cuando comenzó la era Santos en 2010, uno de sus objetivos fue reformar la justicia. Lo logró con sus amplias mayorías, pero en la etapa de conciliación fueron tantos los micos que le colgaron a la reforma que el asunto terminó en investigaciones fallidas. Por la misma vía, hacia 2014 se tramitó el equilibrio de poderes. Entonces se repitió que se le iba a poner fin a ciertas prácticas del poder judicial que amparaban el clientelismo. Al final, las iniciativas se fueron al traste, la estructura del poder judicial siguió intacta y comenzaron a sucederse los escándalos con el insólito protagonismo de los togados.

Hace un par de años, el señalado fue el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, enredado en un proceso judicial que terminó con varios encarcelados y el jurista a salvo en el otro círculo judicial y político donde nunca pasa nada trascendente: la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Ahora, vía Luis Gustavo Moreno, el exdirector anticorrupción de la Fiscalía que intentó sobornar a uno de sus procesados, los que están en el ojo del huracán son los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. A este último ya le habían impedido la puerta giratoria. (Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, los poderosos de la Corte Suprema)

En medio de la crisis, como en los tiempos de López Michelsen, la congresista Viviane Morales planteó una constituyente para reformar a la justicia. Sin embargo, los que conocen las entrañas del problema saben que el lío no está en las cortes, en el exceso de trabajo o en la falta de presupuesto, dilemas propios del Estado. El tema definitivamente pasa por el aspecto humano, porque la ética o la decencia no se enseñan en las universidades, se aprenden en casa. Lo demás es la tentación de la política, que generalmente lo que toca lo deforma, incluso la majestad de la justicia, eje del sistema democrático.

Sin autonomía presupuestal, pero en política

Después de constituida la República, hace ya casi 200 años, apelando al reconocido cuento infantil, se volvió un axioma afirmar que la justicia era “la cenicienta del Estado”. La definición obedeció a sus eternos problemas de presupuesto, pero buena parte de sus dilemas nacieron asociados a su vinculación con la política.

Antes del plebiscito de 1957, el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenía origen político. Con diversos matices, el presidente postulaba y las Cámaras escogían. Un estudio del catedrático Rodrigo Uprimny prueba que en los años 30, el 70 % de los magistrados tuvieron también carrera política.

Después del plebiscito de 1957, la justicia careció de autonomía presupuestal, pero creció la separación entre los partidos políticos y la Corte Suprema. Para los años 80, escasamente el 10 % de magistrados habían pasado o fueron a la política. Eso sí, se impuso una élite judicial que controlaba el nombramiento de los jueces.

El exfiscal anticorrupción, bajo arresto

El pasado 27 de junio, en su oficina ubicada frente al búnker de la Fiscalía, Gustavo Moreno fue detenido. Quedó bajo arresto luego de que la DEA notificara al fiscal Néstor Humberto Martínez de la existencia de unas grabaciones que podían comprometer a quien era su jefe anticorrupción.

En ese momento se supo que Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba investigado por un millonario desfalco a las arcas de su departamento, había grabado a Moreno y a un abogado con el que éste trabajaba: Leonardo Pinilla. En las grabaciones, dijo la DEA, se hacía evidente que Moreno y Pinilla le estaban pidiendo dinero al exgobernador a cambio de obstruir las investigaciones en su contra.

En busca de una estrategia para negociar con la justicia, Lyons delató al entonces fiscal y a su socio, el abogado Pinilla. Una vez detenido, en una carta que se hizo pública, Moreno pidió perdón por sus actos. Ambos hombres están detenidos en La Picota.