La traducción fue un obstáculo a lo largo de la jornada

La molestia de los directivos de CB&I en la imputación de cargos de cúpula de Reficar

Este miércoles continuará en Paloquemao una de las diligencias más importantes para el Estado este año: la imputación de cargos contra ocho exdirectivos de Reficar, Ecopetrol y CB&I.

Los antiguos ejecutivos de Reficar y Ecopetrol llegaron al centro judicial de Paloquemao con abogados renombrados. / Cristian Garavito

Este martes 25 de julio, en el Juzgado 16 de Control de Garantías en Paloquemao (centro de Bogotá), arrancó una de las audiencias más esperadas este año: la imputación de cargos contra ocho exdirectivos de Reficar, de Ecopetrol o de CB&I, esta última la empresa que contrató Glencore cuando era la socia de Ecopetrol para expandir la refinería de Cartagena. Aunque la audiencia, en realidad, terminó siendo para imputar a siete personas. Nicolás Isaksson Palacios, jefe del grupo legal de Reficar entre 2013 y 2017, no se presentó. Por ende, su abogado, Camilo Burbano Cifuentes, pidió que se aplazara la diligencia. Pero la Fiscalía no quería perder el impulso: notificó que Isaksson no sería imputado y continuó.

El resto de implicados se presentó a la audiencia, física o virtualmente, acompañados por una nómina de renombrados defensores. Al Juzgado 16 llegaron Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre 2009 y 2012, con Francisco José Cintura Varela, exfiscal general encargado; Reyes Reynoso Yáñez, presidente de Reficar de 2012 a 2016, con Ricardo Calvete Rangel, expresidente de la Corte Suprema; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar entre 2009 y 2017, con José Fernando Mestre Ordóñez, socio de M&P Abogados; Pedro Rosales Navarro, , vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol en 2008, junto a Jorge Aníbal Gómez, expresidente de la Corte Suprema.

La lista continúa. Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar entre 2009 y 2015, arribó con Augusto Ibáñez, tercer expresidente de la Corte Suprema asesorando en este tema. Y los dos restantes, Philip Kent Asherman -representante legal de la firma CB&I en 2010- y Massoud Deidehban -director de proyectos y representante legal de CB&I en 2009- atendieron la diligencia desde el consulado de Colombia en Washington D.C., representados por los defensores Juan Carlos Frías Bernal y Paula Cadavid, respectivamente. Y fue por ellos dos, Asherman y Deubehban, que la diligencia comenzó con tropiezos: el trabajo del traductor, Pedro Ramírez, no les satisfacía.

Buscar un nuevo traductor tomó buena parte del día, pues los defensores de los dos altos directivos de CB&I insistían en que el léxico del traductor contratado para la audiencia era inapropiado. El asunto, sin embargo, se tornó bastante incómodo, pues el abogado Frías Bernal incluso trató a Ramírez de manera despectiva y le dijo: “el traductor no conoce los términos, tiene un inglés muy bueno para trabajar en un almacén de mercado, pero no tiene conocimientos de abogado para dar una traducción exacta”. El juez se vio obligado a intervenir. Solicitó un nuevo apoyo, a la vez que pidió a quienes participaban de la audiencia no “descalificar”.

La diligencia avanzó a paso lento, pero su relevancia estaba más que clara. Se trata de un descalabro a las finanzas del Estado que, en palabras del propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue “18 veces Odebrecht”. Así son las cuentas: la constructora brasilera ha admitido que pagó US$11 millones en sobornos, con el propósito de asegurar contratos con el Estado colombiano. Los sobrecostos que se generaron al modernizar la planta de Reficar llegaron a los $610.000 millones. Tal como se había planeado el proyecto, las remodelaciones de Reficar las iban a asumir Ecopetrol y un socio externo, que inicialmente era Glencore. Pero Glencore, a su conveniencia, se salió de la sociedad y Ecopetrol terminó asumiendo los costos de todo.

El fiscal del caso, Julián Andrés Rendón, expresó que Cabrales, en su condición de presidente de Reficar, y Laverde, Rosales y Massoul, desde el 20 de enero de 2009 y hasta diciembre 2010, beneficiaron ilegalmente a CB&I con la suscripción de dos nuevos contratos. Lo que hoy se critica es que CB&I, subcontratada por Glencore, encontró en Reficar un cheque en blanco para hacer y deshacer, sin controles previos ni posteriores, y sin cuidado por los dineros estatales. “Los servidores públicos, y con un claro direccionamiento para beneficiar a la compañía CB&I, violaron de forma deliberada el régimen de contratación aplicable no obstante su condición”, señaló el fiscal Rendón.

Y agregó: “Es importante señalar que para la fecha de esta celebración , junio de 2010, Reficar ya contaba con mayoría de capital público, con ocasión de la salida de Glencore en 2009 y por la adquisición de Ecopetrol de esas acciones (…) Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman, ejecutivos de CB&I, tenían pleno conocimiento de que los contratos se ejecutaban a media marcha, que no habían terminado la ingeniera básica, no se estaba cumpliendo con los cronogramas y es cuando no obstante el incumplimiento que se traía, se firman los nuevos contratos de 2010 y de allí la desastrosa consecuencia, recriminable por la observancia de cumplir con las obligaciones si es que querían terminar con el contrato”.

Por un asunto de horarios con el consulado de Colombia en Washington D.C., la audiencia fue aplazada y continuará este miércoles a las 8 a.m.