El municipio fue fundado en 1537

La protección de los mineros en uno de los pueblos más antiguos de Colombia

El Espectador conoció el proyecto de fallo que aprobó la Corte Constitucional en el que amparó los derechos de los mineros artesanales de Marmato (Caldas). Grand Colombia Gold ya le advirtió al Estado que si no protege sus derechos, demandará.

La lucha de la Corte Constitucional por proteger los derechos de las minorías en Colombia no pudo comenzar mejor el año. La semana pasada, el tribunal tomó una decisión fundamental en este sentido al proteger el derecho al trabajo y la libertad de ejercer el oficio de la minería tradicional de los habitantes del cerro El Burro, ubicado en el municipio de Marmato (Caldas), el cuarto pueblo más antiguo del país, según la Universidad de Pereira. De acuerdo con el alto tribunal, para que la empresa Grand Colombia Gold —que tiene títulos en ese sector— pueda trabajar en la codiciada mina de oro, primero debe realizar una consulta previa con los nativos.

Obligar a los extranjeros, en este caso a la empresa canadiense Grand Colombia Gold, a preguntarles a los locales quién puede hacer minería a gran escala, fue la decisión más importante que tomó la Corte. Sin embargo, hasta ahora se sabía poco de lo discutido en la Sala Plena del alto tribunal. El Espectador conoció el proyecto de fallo aprobado la semana pasada, el último del magistrado Luis Ernesto Vargas, que justamente esta semana dejó su despacho en la Corte.

En 159 páginas, el magistrado Luis Ernesto Vargas realizó un minucioso recuento de lo que tuvieron que afrontar los mineros tradicionales de la mina Villonza (Marmato) en la batalla jurídica por recuperar lo que perdieron a manos de grandes multinacionales. Para la Corte, el hecho de que una entidad proteja los derechos que las empresas adquieren cuando compran títulos mineros no significa que las actividades de extracción de metales se puedan realizar. En el caso puntual, la Agencia Nacional Minera le otorgó en 2010 a Grand Colombia Gold el permiso de explotar en Marmato.

Las autoridades y quienes pretenden explotar el suelo, explica la Corte, deben tener en cuenta el contexto social y las tradiciones de los pueblos en donde planean trabajar, en especial si se trata de comunidades indígenas y afrocolombianas. No basta entonces con que una empresa tenga el músculo financiero para adquirir los títulos o la maquinaria necesaria para extraer el metal precioso. Es necesario consultarle a la población nativa si cuenta con su aprobación para entrar a sus tierras a trabajar.

El expediente de esta batalla por quedarse con el privilegio de la explotación de una de las minas de oro más importantes de Colombia cumplía ya más de cinco años. El proceso que llegó a la Corte Constitucional arrancó en 2010, cuando los mineros artesanales de El Burro presentaron una tutela tras saber que Grand Colombia Gold tenía la autorización de desalojarlos de la montaña. En primera y segunda instancia, la pelea la ganó la empresa canadiense, pues tenía en orden todos los papeles para excavar en la mina.

Sin embargo, el caso llegó a la revisión de la Corte Constitucional que en 2015, con una ponencia del entonces magistrado Jorge Pretelt, falló por fin a favor de los mineros y suspendió el desalojo. La dicha para los pobladores del cerro no duró mucho. Cinco meses después del fallo del tribunal, Alberto Castro Saldarriaga, un caldense que también tenía títulos en Marmato, le dijo a la Corte que con su decisión se había visto afectado su negocio en las minas y que, como nunca fue notificado de la sentencia, ésta se tenía que anular.

Así fue. En un auto con fecha del 10 de diciembre de 2015, la Corte tumbó su decisión, con la que había amparado los derechos de los marmateños, pues, como lo acreditó la defensa de Castro Saldarriaga, el tribunal había cometido un gravísimo error al no vincularlo al proceso y no permitir su defensa. Fue así como, en una medida poco vista dentro del alto tribunal, la tutela regresó a los despachos de todos los magistrados de la Corte y se requirió una nueva ponencia, que fue aprobada finalmente este año.

En la nueva ponencia se relata un episodio que hasta ahora no era de conocimiento público. Cuando comenzó la segunda revisión de la tutela, los mineros artesanales le hicieron llegar a la Corte una declaración juramentada de Alberto Castro Saldarriaga en la que decía que había firmado un documento para que la compañía —no especificaba cuál— le terminara de pagar el título minero que le había vendido unos años atrás. Explicó que no sabía leer y tenía muchos problemas para ver, y que por eso nunca supo en realidad qué decía el papel en el que puso su firma.

Por eso, dice Castro Saldarriaga, su petición al alto tribunal es que no tenga en cuenta esa nulidad con la que se cayó el fallo en el que se protegieron los derechos de sus compañeros mineros. “Me enviaron unos documentos a Marmato para tumbar una tutela y poderme pagar. A pesar de que mi interés nunca ha sido el de ayudar a la compañía a continuar con el desplazamiento del pueblo y sí el que se respeten los derechos de mis coterráneos”, agregó Castro Saldarriaga.

El abogado Juan Guillermo Valencia fue quien representó a Castro Saldarriaga. Por eso, al conocer el contenido de la declaración del minero y analizar que por esa primera solicitud que hizo se anuló la tutela, lo que produjo una nueva revisión y demoras en el proceso judicial, la Corte en otra de sus decisiones le compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y a la Fiscalía General para que investigue a fondo si existió o no presión para que Castro Saldarriaga firmara el documento.

Además del recuento del proceso judicial, inusual por las dos revisiones en la Sala de Revisión de la Corte, el estudio histórico de la importancia de las minas en Marmato da cuenta de una tradición milenaria que ha recibido poca protección por parte del Estado. Las violaciones van desde la entrada de los españoles al cerro en la colonización, la ambición de empresas inglesas por apropiarse de las minas en la república y el afán de multinacionales por adquirir los permisos y títulos que exige el país para trabajar en este tipo de socavones.

La historia de Marmato es la del cuarto pueblo más antiguo de Colombia. Así lo afirma la Universidad Tecnológica de Pereira, que participó en el debate en la Corte por el amparo de los derechos de los mineros artesanales de esta región. Los propios cronistas de Indias dieron cuenta de la importancia que tenían el oro y la plata en la punta del cerro El Burro, pues, dice la tradición indígena, se trata de materiales que se transformaban, por medio de técnicas ancestrales de orfebrería, en ofrendas y adornos corporales.

Los españoles no dudaron mucho tiempo en asentarse en el pico de la montaña, en donde se adueñaron de las minas gracias a la mano de obra esclava e indígena. Ya en la era republicana, los dueños de las minas de Marmato pasaron a ser empresas inglesas, no sin la resistencia de los mineros locales, que tenían, y lo tienen hasta el día de hoy, un profundo arraigo cultural en la explotación del metal. Para los indígenas de la región, pertenecientes a la comunidad embera chamí, las minas son un espacio para encontrarse con sus antepasados, pues hace años ellos también estuvieron buscando oro en ese lugar.

El paso del tiempo sólo hizo que los dueños de las minas fueran cambiando una y otra vez. Ese fue precisamente el problema que ocasionó la pelea entre los locales y Grand Colombia Gold, que en 2010 adquirió el título minero, por parte de la Agencia Nacional de Minas, para trabajar en la parte alta del cerro El Burro. Lo hizo, relata la Corte, sin ninguna irregularidad y con el visto bueno de Ingeominas.

Ni la Agencia, ni la empresa canadiense, ni Ingeominas tuvo en cuenta que ahí trabajaban por lo menos 120 raizales cuyo único sustento era lo que extraían artesanalmente de la tierra. Esto, para la Corte, fue una violación a los derechos fundamentales de quienes han vivido y tienen un arraigo cultural y ancestral en el cerro El Burro. La Corte sentó el precedente de que casos así exigen consulta previa e incluso fue más allá: el proceso de Marmato exige también consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. Es decir, la consulta previa no será solo un saludo a la bandera, sino un requisito con efectos reales.

La demanda

Cinco meses antes de la decisión de la Corte, Grand Colombia Gold ya mostraba su inconformidad con lo que estaba pasando en los estrados judiciales. En octubre de 2016, la empresa hizo llegar a las autoridades un archivo de 148 páginas en el que reseñaba las dificultades que ha tenido para trabajar desde que llegó al país. El Espectador conoció el documento completo en el que, en palabras simples, se dice que si el Estado no protege los derechos de la empresa a trabajar con normalidad en sus más de 2.871 hectáreas, pedirá una indemnización de por lo menos US$700 millones.

En total, dice la multinacional canadiense, ha presentado 128 acciones judiciales que dan cuenta de los problemas que ha tenido para trabajar. Para la empresa, esta lista de recursos en la justicia es la muestra clara de la “situación de indefensión de las compañías ante las violaciones a sus derechos que las autoridades colombianas no han logrado mitigar”.

El documento señala el impacto de la multinacional en la economía local: dice que desde 2007 ha invertido en Colombia aproximadamente US$570 millones, que las filiales que trabajan en el país emplean por lo menos a 5.000 personas y que durante el 2016 tenían la meta de extraer 140.000 onzas de oro entre Segovia y Marmato, en donde tienen permiso para trabajar, convirtiéndose así en el productor de oro más importante del país.

Para Grand Colombia Gold, el hecho de que la justicia no responda a sus peticiones y que, en los casos en que lo ha hecho, las autoridades locales y los ciudadanos no cumplan con las órdenes, es una grave violación del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia. Además de dar cuenta de las peticiones, la multinacional agrega que el conflicto armado ha sido otro inconveniente que no le ha permitido llevar a cabo plenamente su labor.

Por una parte, relata que los paros han resultado en el cierre de vías públicas y privadas y en la amenaza a varios empleados de la empresa. Además explica que en febrero de hace un año, en Segovia (Antioquia), el Eln perpetró un atentado al cuarto de máquinas de la planta hidroeléctrica Doña Teresa, en donde trabaja la multinacional canadiense.

La denuncia por ese hecho fue presentada a la Fiscalía y, dice Grand Colombia Gold, los perjuicios son de por lo menos US$9 millones. Sin embargo, esa cifra resulta ínfima en comparación con la suma que, advierte la empresa, le pedirá al Estado si no cumple con la obligación que adquirió con Canadá de proteger las empresas. “La cantidad aproximada de los daños hasta la fecha se estima en no menos de US$700 millones”. Es decir, $2 billones de pesos ($2’083.209’332.777).

Aunque el documento presentado por Grand Colombia Gold sólo representa una notificación de las acciones que pretenden tomar si las autoridades no escuchan sus peticiones, y no la demanda misma, el tema podría llegar en seis meses a un tribunal de arbitramento del Banco Mundial. Allí tendría lugar el segundo round de la pelea de la empresa, pero esta vez en contra del Estado colombiano.