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El pasado lunes 15 de enero, cuando se derrumbó el puente de Chirijara en la vía que conduce de Villavicencio a Bogotá, no solo quedó en el ojo del huracán Coviandes, la concesionaria que ganó la licitación de esta obra 4G. Quedó también en evidencia la práctica de subcontratar a empresas más pequeñas para realizar las labores asignadas en el contrato ganado con el Estado, lo cual podría diluir responsabilidades, tal como está ocurriendo hoy en el debate de la tragedia de Chirijada. Por esta vía también resultó protagonista de este escándalo la empresa Gisaico, subcontratada por Coviandes. Sin ser esta la primera vez que la compañía termina en aprietos con las autoridades colombianas.
Como advirtió este diario, Gisaico ya había sido sancionada en el pasado. Se trata de una multa que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por $1.478 millones el 29 de diciembre de 2014. ¿La razón? “Una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia en (una) licitación”. Se trataba de un proceso convocado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para reconstruir, pavimentar o repavimentar la vía circunvalar Galeras, sector Sandoná. Eran 5,4 kilómetros los que debían ser tratados y había casi $5.400 millones para ese trabajo. En ese momento —antes de 2011—, restringir la competencia aún no era delito, por lo que poco pudo hacer la Fiscalía.
En la Superintendencia, el caso prosperó hasta las sanciones y multas. La investigación, muestra el fallo contra Gisaico y tres empresas más que, según el ente de control, cometieron la misma falta —Incoequipos, Estyma S.A. y Pavigas—, se abrió en 2012. El origen de todo, dice el documento de 114 páginas conocido por este diario, fue una denuncia presentada por el entonces contendor de esas tres empresas, el consorcio Saho, el cual argumentó ante el Invías que las compañías mencionadas coincidían en sus propuestas para la licitación de manera sospechosa. “Las pólizas de los investigados fueron expedidas por la misma aseguradora, por medio del mismo intermediario, en la misma fecha, en la misma sucursal y con números consecutivos”, fue la primera.
El listado seguía: “El mismo número de serie del fabricante de los discos compactos en los que se presentaron las ofertas económicas y los formularios de experiencia”. “Elaboración de archivos de las ofertas económicas y del formulario 2 de experiencia en la misma plantilla”. Peor aún: “Mismo error mecanográfico en la carta de presentación de la propuesta, cuando el suministrado por la entidad contratante no tenía errores”. “Redacción idéntica de las cartas de ofrecimiento del factor de calidad”. “Redacción idéntica en las declaraciones juramentadas sobre veracidad de la experiencia”. “Coincidencia en los índices de las propuestas”.
“La elaboración conjunta de ofertas es indicio de un acuerdo colusorio —concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio— en la medida en que permite a los oferentes conocer el precio y los valores económicos de su competidor, siendo estos los factores más significativos de adjudicación del contrato y, por lo mismo, aquellos a los que no debería tener acceso ninguna otra persona, mucho menos un competidor”. Lo que la SIC encontró fue que “un interesado (…) ayudó o colaboró con sus competidores para que cumplieran con un requisito habilitante”. Esa empresa, señala el expediente, era Incoequipos: Gisaico, Estyma y Pavigas no tenían planta asfáltica ni fuente de materiales en la zona; Incoequipos sí.
La Superintendencia señaló que, cuando una empresa no tiene la capacidad técnica para ejecutar un contrato, lo habitual es que se abstenga de participar en el proceso licitatorio que requiere de esa capacidad. “Los contratos de suministro y mandato que (Incoequipos) había celebrado con terceros competidores le generaban automáticamente un conflicto de intereses que le impedía participar en la licitación, no solo porque sus cotizaciones determinaban el precio de las ofertas de sus contendores, sino porque iba a tener acceso a información privilegiada y sensible que pudo usar a su arbitrio para efectuar su postura individual”. Es decir, para licitar con una ventaja sobre su competencia.
“La suerte de los tres proponentes mandantes siempre estuvo en manos de Incoequipos (…) las circunstancias anómalas e irregulares mencionadas fueron consentidas por Pavigas, Estyma y Gisaico”. De esa manera, resaltó la SIC, hubo un riesgo en el proceso “creado por los investigados”, al punto que la licitación se declaró desierta y la obra no se pudo empezar a ejecutar en el momento en que el Estado lo requería, teniendo en cuenta sobre todo que esa es la vía de escape para los habitantes alrededor del volcán Galeras en Nariño.