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Ámbito temporal de la amnistía, norma para extender la amnistía para para delitos conexos y patrimonio ilícito de las Farc, son tres de las principales preocupaciones expresadas por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ante la Corte Constitucional que estudió la ley de amnistía en Sala Plena. El primer lugar, para el fiscal General, en el desarrollo del acuerdo se determinó la amnistía hasta la vigencia del acuerdo final. Sin embargo, dice que hay que tener en consideración que la Justicia Especial para la Paz tiene un tratamiento especial, por ejemplo, para los delitos de ejecución permanente.
Lo anterior, en palabras de Martínez, “implicaría que si la amnistía se corta con la entrada en vigencia, no la habrá para aquellas conductas que traspasen esa frontera temporal y que en la JEP tienen un tratamiento preferencial como, por ejemplo, el lavado de activos”. Esto podría representar “una trampa que se han inventado los que han ejercido la pluma normativa de estos acuerdos en contra de los actores del conflicto”. El Fiscal añadió que ayer debían entregarse el listado de los bienes y la amnistía que se les profiera solo hasta el primero de diciembre de 2016, “cuando el Estado mismo ha propiciado unas conductas de entrega de los bienes hasta el primero de agosto dejando un vacío en el tiempo que afecta la seguridad jurídica”.
La segunda preocupación que la Fiscalía dejó en la Corte Constitucional es la norma para extender la amnistía para para delitos conexos. Si bien, el organismo investigativo ha insistido en que esos delitos solo podrán ser el porte de armas, el uso privativo de las Fuerzas Militares y el uso de las telecomunicaciones, “pero el proyecto de ley que fue radicado ayer, a pesar de las observaciones de la Fiscalía, dice que son delitos conexos los del código penal excepto los que no son amnistíales”. Y citó, por ejemplo, que casos como el que pasó hace un mes en el departamento de Antioquia, donde se cometió un delito contra una menor de edad por parte de un miembro de las Farc “terminaría siendo un delito conexo a la desmovilización de las Farc”.
Por último, el fiscal Néstor Humberto Martínez le causa preocupación que el patrimonio ilícito de las Farc debe ser objeto de extinción de dominio. No obstante, “otra cosa dicta el decreto 903, que fue recientemente expedido en desarrollo de los acuerdos, y eso implicaría un ejercicio de sistematicidad para evitar nuevas situaciones de inseguridad jurídica en esta materia”. Para el organismo investigador, la importancia de que la Corte revise esta nueva ley consolidaría “la situación jurídica de los actores del conflicto sin dejar resquicios a las interpretaciones perversas que puedan afectar esta situación jurídica”, precisó Martínez.