Las presuntas movidas del alcalde de Barrancabermeja para torpedear su revocatoria

Darío Echeverry pasará otra noche detenido mientras mañana se reanuda la audiencia a las 9 de la mañana. / Archivo particular.

Una auténtica “organización criminal”, aseguró la Fiscalía, hizo parte el alcalde de Barrancabermeja (Santander), Darío Echeverry, para mantenerse en su puesto el día de la revocatoria. De esa supuesta organización también habrían hecho parte su esposa, Mary Luz Núñez, y tres personas más, identificadas como Diego Acosta Osorio, Christian Juliao Camacho y John Jairo Moros. A los cuatro hombres les imputaron los delitos de perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir, mientras que Núñez será investigada por los cargos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Todos negaron su responsabilidad.

En la audiencia de imputación de cargos, el ente investigativo explicó las supuestas maniobras ilícitas que habrían cometido estas cinco personas para torpedear los comicios revocatorios, realizados el 2 de julio de 2017. Luego de cumplir un año al frente de la alcaldía, como establece la norma, los comités de revocatoria empezaron a recoger firmas para apoyar la pretensión, al igual que lo hizo la contraparte. La Fiscalía dice que el mandatario emprendió acciones jurídicas para evitar el desarrollo de la jornada, sin embargo, como estas fueron negadas, emprendieron otro tipo de acciones. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la idea era dificultar la participación ciudadana para no alcanzar el umbral requerido.

Con intimidación, aseguró la Fiscalía, Darío Echeverry y Diego Acosta Osorio amenazaban a personas que tenían relaciones laborales con el municipio con el objetivo de que no apoyaran la revocatoria porque, de lo contrario, serían despedidos. El fiscal delegado explicó que empezaron a usar programas del Gobierno en beneficio personal, pues Mary Luz Núñez, en calidad de gestora social, entregó mercados con la misma intención. Incluso, la Fiscalía aseguró que programas de alimentación para el adulto mayor fueron utilizados y que John Jairo Moros y Christian Juliao Camacho les manifestaron a esta población que si querían seguir recibiendo la manutención tenían que inhibirse de salir de votar.

Uno de los sindicatos públicos que apoyó la revocatoria tampoco se quedó atrás. El ente investigador, en una audiencia que sobrepasó las cinco horas, dijo que presionaban con traslados de cargos a miembros de la Junta Directiva o, también, buscando su retiro. Y como John Jairo Moros era un líder político, según la Fiscalía, acudió al presidente del sindicato parta decirle que “limaran las perezas” y que no apoyara más el proceso de revocatoria. Después de haber explicado estos hechos, el ente investigador precisó que el 28 de junio, a tres días de los comicios, un juzgado promiscuo recibió una tutela y en su decisión ordenó la suspensión de la jornada programada para el 2 de julio.

Ese fallo de tutela, anotó el fiscal del caso, fue altamente publicitado por todo el municipio, advirtiendo que la jornada ya no se iba a realizar. Sin embargo, ese fallo fue revocado pocas horas después y este, de acuerdo con la investigación, no tuvo la misma difusión que el anterior. Ya el 2 de julio, la Fiscalía dijo que Christian Juliao Camacho era la persona que manejaba el dinero y que este, al parecer, ofreció sumas de dinero y hasta recursos para preparar sancochos todo con un mismo propósito: evitar que la gente votara. También reunieron, dijo la fiscal, a los representantes de los moto-taxis para que estos, a su vez, reunieran a sus compañeros y fueran a una fiesta ese día en una finca ubicada en Pénjamo. A las personas que iban, sostiene la Fiscalía, les pagan $30.000 y la gasolina.

El día de la revocatoria, además, se habrían organizado partidos de fútbol, bazares y competencias de piques. Hechos que fueron negados en su totalidad por todos los investigados. Este jueves, sobre las 9 de la mañana, en los Juzgados de Paloquemao, la audiencia continuará con la solicitud de medida de aseguramiento y los argumentos de cada una de las partes: Ministerio Público y los defensores de los procesados.