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Hasta hace apenas unos días, Rodrigo Aldana Larrazábal era un fiscal bastante conocido en el búnker de la Fiscalía, por razones varias: por quien era su padre, por ser un “consentido” de los británicos, por haber sido uno de los “protegidos” de Eduardo Montealegre. Su trabajo, no obstante, llevaba un buen rato bajo la mirada suspicaz de ciertos funcionarios, al punto que fue reportado en 2015 por retrasar la entrega de procesos tras perder competencia para manejarlos: precisamente, la época en que cometió los delitos por los que hoy está detenido en la cárcel La Picota, a la espera de que un juez determine su sentencia luego de aceptar cargos el pasado 22 de abril.
El 13 de diciembre de 2014, en las manos de Rodrigo Aldana cayeron 23 expedientes que apoyaba el Gela, un subgrupo de apoyo de lavado de activos del Gobierno británico. En esa fecha, el entonces fiscal general Eduardo Montealegre firmó la Resolución 02105, con la cual hizo una asignación especial: que Aldana, fiscal especializado de la Dirección de Extinción de Dominio, asumiera el conocimiento y coordinara 23 indagaciones de los casos en los cuales el Gela actuaba como policía judicial. Entre esos casos, que no eran de poca monta, estaban los dos por los cuales hoy se encuentra en prisión: Meyendorff Fase II y Meyendorff Penal.
En el listado de los 23 expedientes de extinción de dominio y lavado de activos que quedaron bajo el liderazgo de Rodrigo Aldana figuraban otros claves. Por ejemplo, el caso Pacho Garra, nombre que correspondía al alias de Francisco Javier García, un delegado de alias Chupeta (jefe del Cartel del Norte del Valle) y el “sicario favorito”, según la Policía, de los hermanos Comba, Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna. García fue capturado en abril de 2011 y extraditado ese mismo año. Había también procesos de persecución de bienes del entonces llamado Clan Úsuga, rotulados como Golfo. El expediente más grande, sin duda, era el de los Álvarez Meyendorff.
En esa época, para la Fiscalía y los británicos era fundamental seguirles quitando los bienes a Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff, socios del capo Luis Caicedo Velandia, considerado el “jefe” del Loco Barrera. El primero fue detenido en abril de 2011 en Argentina y sentenciado a siete años de prisión por la Corte del Distrito Este de Nueva York; su hermano se entregó en abril de 2013 al mismo tribunal. El 22 de mayo de 2013, la Fiscalía notificó que había ocupado 205 bienes del clan Meyendorff, incautado ganado e intervenido sociedades, todo avaluado en más de 1,2 billones de pesos. Es, hasta ahora, el proceso de extinción de dominio más grande que haya emprendido la Fiscalía.
Por esa época quedó al descubierto un posible nexo entre el clan Meyendorff y Otto Bula: tres fincas lujosas en Sahagún, Córdoba, que supuestamente les pertenecían a los Álvarez Meyendorff y que Bula habría ocultado por medio de su empresa Agropecuaria El Central. Fincas que, dice hoy la Fiscalía, Rodrigo Aldana trató de devolverle a Otto Bula en una resolución de junio de 2015, que no prosperó porque no fue más que un borrador. A cambio de ese “favor”, admitió Aldana, hace diez días, Bula le entregó un apartamento en Bogotá, avaluado en más de $300 millones, cuyas escrituras quedaron registradas en agosto de 2015 a nombre de Margarita Useche, entonces pareja de Aldana.
Visitas a cárceles
En la Fiscalía, hasta 2015, Rodrigo Aldana era solo “Aldanita”, el hijo del vicepresidente de la Corte Suprema que murió once meses después de la toma del Palacio de Justicia. El fiscal que se había declarado impedido para investigar a Carlos Alonso Lucio –esposo de quien entonces ostentaba el cargo de fiscal general, Viviane Morales–, tras una denuncia del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, precisamente porque Lucio había sido integrante del M-19 y su padre había muerto poco después de que esa guerrilla atacó la sede máxima de la justicia. Para esa época, solo unos pocos dudaban de él.
Tras años de una carrera aparentemente limpia, las sospechas sobre Aldana se dispararon cuando se descubrió que, por ejemplo, había entrado a distintas cárceles no menos de 25 veces, entre 2007 y 2011, a visitar a hombres presos por temas que luego él, como fiscal, pasó a investigar. Las reuniones que más generaron suspicacia fueron las que se dieron con pesos pesados del narcotráfico como Fernando Lopesierra, hermano del exsenador Santander Lopesierra (o el Hombre Malrboro) y Jacinto Báez Báez. Ellos dos fueron detenidos junto con Diego Báez Báez en el mismo operativo, el 16 de marzo de 2011. Eran conocidos como los “reyes” de los Sanandresitos de Bogotá.
En cárceles, Aldana vio también al ex jefe paramilitar –extraditado luego por narcotráfico– Miguel Ángel Mejía Múnera; a los jefes del Cartel del Norte del Valle Diego y Eugenio Montoya Sánchez; a Carlos García Morales, un enlace del cartel español Rama Gallega y de Los Rastrojos (Cartel del Norte del Valle) y el Clan Úsuga. Tres semanas antes de ser detenido, en entrevista con este diario, el entonces fiscal Rodrigo Aldana confirmó haber sido abogado de Mejía Múnera; sobre el resto de ingresos a la cárcel, dijo que lo hizo en colaboración con Edward Kacerosky, un ex agente especial de aduanas de EE. UU. que terminó en Colombia ejerciendo como investigador privado.
Las visitas a Lopesierra y los Báez –estos últimos, testaferros del Loco Barrera según la Fiscalía– fueron las que más inquietaron a la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía. Luego de capturarlos, en 2011, en el norte de Bogotá, la Fiscalía les incautó 191 bienes en el Meta, avaluados en más de $45.000 millones. Es decir, las decisiones sobre esas propiedades se tomaban justo en el área donde trabajaba Rodrigo Aldana. Luego vino la posible irregularidad, denunciada en 2015 por la cabeza de esa Dirección, la fiscal Andrea Malagón: Aldana trató de que la Fiscalía se abstuviera de investigar a los Báez y, además, pidió que les devolvieran los inmuebles. Algo similar a lo que hizo con Otto Bula.
Cuando Rodrigo Aldana fue capturado se supo que, el 25 de agosto de 2015, por fin había entregado los expedientes que debía haber devuelto en diciembre del año anterior. Recibió, cuando menos, cuatro llamados de atención por ello. Nada valió hasta que, el 24 de agosto de ese mismo año, la directora de Fiscalías Especializadas, Caterina Heyck, le informó que, si no regresaba los expedientes, ella se vería obligada a denunciarlo. En entrevista con El Espectador, Aldana dijo que tanto Heyck como Malagón habían mentido sobre él. Apenas fue detenido también rechazó los cargos en su contra. Pero, en menos de 24 horas, se retractó. Admitió sus delitos. Y ahora su destino está en manos de un juez.