Este miércoles 2 de marzo ocurrió un hecho insólito: la gerente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), María Virginia Torres, le pidió una audiencia extraordinaria al director del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, para hablarle de las constantes amenazas que han llegado en contra de directivos de la entidad que hacen seguimiento a los bienes que están en proceso de extinción de dominio. Es decir: las propiedades señaladas de haberse adquirido con dineros calientes que el Estado ha logrado recuperar.
Ese mismo día, a las 4:50 p.m., quedó radicada en el búnker de la Fiscalía la denuncia que presentó la alta funcionaria, quien es especialista en derecho administrativo, tiene una carrera de más de 28 años en el servicio público y asumió el 30 de octubre de 2014 la gerencia de la SAE, que es la entidad que entró a reemplazar a la Dirección Nacional de Estupefacientes, ya liquidada. Su denuncia comienza así: “Me permito poner en conocimiento de la Fiscalía (…) amenazas en mi contra en los siguientes términos”.
María Virginia Torres pasó entonces a relatar que dos horas antes de estar en el búnker radicando su denuncia, había recibido una llamada a su celular cargada de insultos y palabras intimidantes: “Vieja hijueputa, nos tiene mamados de estarse metiendo en lo que no le importa, deje de joder, le damos quince días a partir de hoy para que deje su cargo”. La llamada, contó la funcionaria Torres, duró 32 segundos.
“A esa hora veníamos de una reunión con el alcalde encargado de Villavicencio en el vehículo oficial”, señaló, escoltados por la Policía del esquema de seguridad del alcalde, de ella y de la gerente de la regional centro-oriente de la SAE. Por eso, ella puso en altavoz a su agresor. “Todos pudieron escuchar dichos insultos, advertencias y amenazas, que me hizo en tono parsimonioso que me causa más temor”.
La gerente de la SAE agregó un dato más importante aún: “Es importante señalar al despacho que no es la primera vez que he recibido amenazas, por cuanto el año pasado me vi obligada a denunciar hechos similares donde también fueron víctimas de amenazas los gerentes regionales. En esta ocasión la amenaza es muy personal y me preocupa, más que mi seguridad, la de mi familia”.
Las amenazas, expresó María Virginia Torres, “sin lugar a dudas tienen que ver con la gestión que ha venido adelantando la empresa (la SAE) en materia de control y transparencia con relación a los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el crimen organizado (Frisco) que administra la Sociedad de Activos Especiales. De igual manera hemos interpuesto numerosas denuncias en contra de la criminalidad que pretende apoderarse de los bienes administrados”. La SAE maneja casi 20 mil inmuebles, rurales y urbanos, incautados al narcotráfico.
Colombia es un país en el que despojar de su malhabida riqueza al crimen organizado es una tarea titánica, casi imposible. De esa gran dificultad está dejando testimonio la gerente de la Sociedad de Activos Especiales, a quien el director del CTI, Julián Quintana, le ofreció protección y le aseguró que indagaría con respecto a las graves denuncias que ha presentado la Entidad desde el año pasado.