Ocho personas fueron capturadas —entre ellas tres funcionarios públicos que habrían falsificado los registros de legalidad de las reses—. Pero lo más alarmante del caso, según indicó el fiscal general, Eduardo Montealegre, es que con esta operación “le hemos evitado al país un riesgo de aftosa”, es decir, la enfermedad que hace imposible la comercialización y el consumo de carne de vaca. Y es que, según las autoridades, Colombia es uno de los pocos países que cuentan con la certificación de ser un territorio libre de aftosa, contrario a lo que sucede en Venezuela.
Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, esta operación garantiza la igualdad de competencia entre los ganaderos, ya que según los registros, esta banda ilegal al servicio de los Rastrojos introdujo alrededor de 4.000 cabezas de ganado —avaluadas en $6.000 millones—, que fueron vendidas a $500.000, un valor muy inferior a la tasa colombiana, que es de $1’200.000 por res. El fiscal Montealegre también indicó que las cabezas de ganado entraban por las carreteras de los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander, hasta llegar a Cúcuta, ciudad donde sacrificaban las reses en un frigorífico . La carne era vendida en ciudades como Cali y Popayán.
Uno de los capturados fue Rodolfo Forero Esparza, alias Tata, el hombre que dirigía las operaciones de contrabando y el encargado de falsificar junto a los funcionarios públicos los registros de entrada y salida del ganado. Los implicados en esta red de contrabando tendrán que afrontar un proceso por los delitos de contrabando, violación de medidas sanitarias, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por estos delitos podrían pagar una pena de 30 años de prisión. Asimismo, Montealegre indicó que a estas personas se les investiga por un supuesto lavado de activos por $70.000 millones, que habrían recibido producto de otras actividades ilegales.