Lección para los policías

El Consejo de Estado reiteró que las Fuerzas Armadas tienen el deber de no abusar a la hora de lidiar con los ciudadanos. / EFE

Los golpes que unos policías le propinaron a un campesino en el municipio de Acevedo (Huila), en julio de 1994, motivaron al Consejo de Estado a condenar a la Nación por la agresión y a ordenarle además al Ministerio de Defensa y a la Policía que incluyan el fallo de condena dentro del material de estudio de todos los suboficiales y oficiales de la institución que toman los cursos de ascenso.

El fallo, en el que se indemniza a la víctima de la golpiza —que la dejó con secuelas permanentes— y a sus familiares, deberá, además, ser leído por los comandantes de todas las policías departamentales y municipales a sus subordinados e incorporado en la página oficial de la institución, en la que deberá aparecer durante un año, por lo menos.

El 23 de julio de 1994, hacia las siete de la noche, el campesino José Antonio Toledo Perdomo y su hermano, Luis Antonio, se encontraban ingiriendo alcohol en un bar de Acevedo. Entonces dos señores, conocidos como los hermanos Silva, se acercaron a ellos, al parecer, con la intención de agredirlos. De repente se produjo una reyerta que motivó la presencia de la policía.

Los Silva salieron corriendo al ver a los uniformados. Los hermanos Toledo, en cambio, se quedaron allí. Fue entonces cuando el subteniente Néstor Vidal Caicedo se acercó a ellos y los acusó de guerrilleros. Luego, junto con sus hombres, los golpearon y se los llevaron a rastras a la estación de Policía, ante la mirada de varias personas que les gritaban a los uniformados pidiéndoles que no se los llevaran y que no los maltrataran.

Al llegar a la estación, los uniformados obligaron a José Antonio a quitarse la camisa y lo golpearon hasta que cayó al piso. Entonces el subteniente Vidal Caicedo empezó a golpearlo en el estómago con la culata de su arma de dotación, la cacha de su revólver y su bolillo. Entre golpe y golpe le echaban baldados de agua fría, mientras su hermano Luis Antonio era testigo de lo sucedido.

Cuando los golpes cesaron, José Antonio empezó a quejarse de que le dolía el vientre. Los uniformados le dijeron una y otra vez que su malestar era producto de los cólicos y no lo atendieron hasta que su situación empeoró. Entonces, los policías llamaron al médico de la población, quien fue claro: si no llevaban a José Antonio a un hospital, moriría. Por eso, hacia las siete de la noche del 24 de julio, el campesino fue trasladado al Hospital Regional de Pitalito (Huila), donde fue intervenido quirúrgicamente. Tenía varias lesiones hechas con objetos contundentes.

Se le dieron 25 días de incapacidad. Como secuelas le quedaron una deformación física, un brazo izquierdo lisiado y sus manos afectadas de por vida. Paradójicamente, al otro día les abrieron a los hermanos Toledo una investigación por el delito de violencia contra empleado oficial y lesiones personales. El proceso fue archivado el 5 de agosto. La justicia descubrió que las lesiones que los campesinos les infligieron a los policías fueron unos rasguños apenas visibles, que se sumaban a unos bolsillos rotos. Ese mismo año se iniciaron dos procesos contra el subteniente Vidal Caicedo: uno llevado a cabo por la justicia penal militar y otro por la justicia ordinaria. En los dos casos el uniformado fue absuelto porque, de acuerdo con los funcionarios judiciales que lo procesaron, no había pruebas de que las heridas de José Antonio hubiesen sido producto de agresiones de parte de los policías y que el campesino, además, se encontraba ebrio, por lo que sus declaraciones eran dudosas.

Asimismo se indicó que los Toledo habían firmado unas actas en las que aseguraban que habían sido tratados de la mejor manera por los policías. El caso llegó al Consejo de Estado que, primero, revisó las declaraciones de José Antonio. Encontró que, aunque había inconsistencias, era claro en decir una y otra vez que habían sido los policías quienes lo golpearon.

Esa corporación agregó que había varios testigos de lo que les había ocurrido al campesino y su hermano y que lo dicho por ellos confirmaba que hubo un abuso. En lo que a las mencionadas actas se refiere, el alto tribunal encontró pruebas de que las víctimas habían sido obligadas a firmarlas. Uno de ellas era poco o nada lo que sabía leer y muy difícilmente habría entendido lo que allí decía.

Cuestionó también que la policía hubiera retenido a los campesinos durante 24 horas y no los hubiera tratado conforme a lo que las leyes refieren, además de que los señalara como guerrilleros, simple y llanamente por su aspecto humilde. “El material acredita que el trato desigual, excesivo e irracional, en el uso de la fuerza desplegada por el oficial de la Policía, obedeció al seguimiento de patrones de discriminación por razones de precariedad social, aspecto físico y vulnerabilidad económica en virtud de su origen campesino”, explicó el Consejo de Estado.

Y agregó: “En efecto, todos los testigos aseguran que José fue inexplicablemente tratado de guerrillero y sometido a un castigo con pretensiones de advertencia frente a la comunidad, que había padecido una toma guerrillera (...). Así las cosas, el ensañamiento y abuso de la fuerza resultó no sólo injustificado sino ilegítimo bajo los postulados de inclusión que predica el Estado social de derecho”.

Sumado a esto, al Consejo de Estado llegaron testimonios de que José Antonio no ha podido volver a trabajar en el campo porque no puede hacer fuerza, “está casi inválido y no es competente. No puede levantar peso y se siente mal. La falla le produjo un daño grave e irreversible en sus posibilidades de relacionarse con el mundo personal, familiar y social que le era propio”, agregó la corporación. Ahora el contenido de su fallo deberá ser estudiado por todos los policías que quieran ascender dentro de la institución, para que lo sucedido a José Antonio no vuelva a ocurrir.

En Twitter: @juansjimenezh