Legalizan la captura de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto

El juzgado 35 de garantías legalizó la captura de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez en el desarrollo del proceso penal que se le adelanta por las irregularidades que se habrían presentado en la ejecución del contrato para la reducción de la mortandad infantil en el municipio de Albania en el año 2011.

La exmandataria departamental fue capturada a las 8:50 de la mañana de este miércoles cuando salía de su casa en el noroccidente de Bogotá a comprar víveres en un local cercano por agentes del CTI. La decisión se tomó a los constantes incumplimientos de Pinto a las citaciones de las autoridades judiciales.

La investigación estableció que se presentaron graves falencias en la ejecución del contrato por 18.600 millones de pesos puesto que sus objetivos nunca fueron cumplidos por parte de la administración local de Yan Keller Hernández Herazo y de Oneida Pinto.

Se determinó que para la ejecución de los convenios interadministrativos No. 008 y No.004 suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania se destinaron 10 coordinadores que a su vez subcontrataron a cerca de 1.600 personas que recibieron cada uno una cifra cerca al millón doscientos mil pesos. Esto de por sí ya representa una irregularidad.

Pero las cosas no terminan ahí, para el desarrollo de las charlas y visitas a las madres gestantes, lactantes y jornadas de vacunación fueron contratadas personas que "no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros".

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez explicó a primera hora que estás personas tenían la capacidad de votar en dicho municipio, "observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente".

Este contrato fue firmado por Pinto Pérez días antes de reiniciar a la alcaldía para presentar su candidatura a las elecciones para la Gobernación. La Fiscalía General le imputará en las próximas los delitos de peculado por apropiación, documento público y privado, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y celebración indebida de contratos.

La ex gobernadora es investigada además por presuntamente haber tenido conocimiento y participación activa en las amenazas que recibió Jorge Enrique Vélez quién fungió como Gobernador encargado cuando la elección de Pinto Pérez fue anulada por la sección quinta del Consejo de Estado por violar el régimen de inhabilidades.