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"A escasos 4 años de terminar la vigencia de la Ley (de Víctimas y Restitución de Tierras) y los Decretos Leyes, persiste el grave incumplimiento en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación, y la restitución de derechos territoriales. El panorama es aún más preocupante frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales".
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De esa manera la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, conformada por Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Mesa Nacional de Víctimas, reiteró lo que ha venido diciendo en años anteriores: que la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se está implementando con trabas, obstáculos y fallas, que a su vez están teniendo un impacto sobre las vidas de las víctimas que recurren a este mecanismo legal para tratar de resarcir el daño que la guerra les causó.
En esta oportunidad, la Comisión resalta que el tema de presupuesto se encuentra en estado grave, especialmente para los grupos étnicos. "La ausencia de un plan financiero específico (CONPES) para la población víctima étnica ha sido un obstáculo estructural para la puesta en marcha de los Decretos Ley (...) La Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal actual, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria".
Una de las mayores preocupaciones es que la falta de articulación entre las distintas entidades oficiales sigue siendo evidente, especialmente entre los organismos regionales y el Gobierno Nacional. "La Comisión hace un llamado para que se implemente el modelo de corresponsabilidad y se fortalezca el compromiso de las diferentes entidades en el cumplimiento de sus obligaciones legales para contribuir a la reparación integral y transformadora de las víctimas del conflicto armado".
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Este problema estaba advertido desde el primer informe que elaboró la Comisión. En ese reporte se advirtió falta de articulación desde medidas tan simples como eximir a las víctimas del servicio militar obligatorio, hasta otras más complejas como hacer la titulación de tierras, trabajar en los planes de prevención de reclutamiento, realizar la atención humanitaria, facilitar que las víctimas accedan a programas de educación o coordinar para que las víctimas accedan a programas que les ayuden a estabilizar su situación socioeconómica.
En cuanto a la atención de personas que han sido víctimas de violencia sexual, el panorama es igual de desalentador. "Las víctimas de violencia sexual aún siguen señalando falencias básicas en la atención en salud física y psicosocial", asegura la Comisión, pues las políticas de atención "no tienen mayor cobertura y su implementación se retrasa cada año por aspectos contractuales y presupuestales".
Un dato importante: la Comisión mencionó especialmente el tema de las amenazas y homicidios de los que han venido siendo blanco defensores de derechos humanos y líderes sociales. El organismo trajo a colación las cifras de la Defensoría del Pueblo al respecto: 186 personas asesinadas 2016 y el 5 de julio de 2017. "Se hace un llamado para que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, en el marco del sistema de corresponsabilidad, avancen en la implementación y cumplan con sus obligaciones", concluyó la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas.